Por: Irma Becerra
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Asistimos, pese a todo, al advenimiento de la sociedad del conocimiento a nivel mundial, así como a una universalización aún mayor de los valores y principios de la constitución humanista y democrática de la Humanidad. Esto se lleva a cabo, a pesar de la fascistización totalitaria autócrata de los países actuales, especialmente los Estados Unidos de Donald Trump, que no pueden evitar la presión internacional diferenciada que impone la globalización. No obstante, la sociedad del conocimiento se abre paso exigiendo de ciudadanías mejor informadas y formadas en una cultura política, entendida ya como ciencia y no como asunto de triquiñuelas y mañas de políticos corruptos que la han convertido en una ideología egoísta al servicio de intereses particulares.
En esta perspectiva, cabe preguntarse ¿cómo es la filosofía del poder que reina actualmente y cómo debe ser ésta para hacer frente a los retos, exigencias y desafíos de la sociedad del conocimiento que está surgiendo por doquier? Pues, en primer lugar, debemos decir, en palabras del político, Manuel Zelaya Rosales, que, “el poder es un sentido natural del ser humano que nace y se deriva de su propia naturaleza y su concepción filosófica surge precisamente de la necesidad y no de la ideología”, lo que quiere decir, que la política es una ciencia y que la necesidad humana de organizarse hacia la libertad integral, ha hecho que el poder, aunque se deriva y resulta de intereses diversos siempre y por eso debe ser “sometido” y resuelto por la ley positiva o el derecho, y la concepción filosófica del poder no surgen, únicamente, de la necesidad natural del ser humano si no de su necesidad de libertad de todas las fuerzas que lo oprimen, porque en la historia hay una dialéctica simultánea entre necesidad y libertad en la cual la libertad siempre prevalece.
Esto significa que para que el poder sea resuelto más allá de los intereses diversos de individuos, grupos y partidos políticos debe surgir la ley positiva o el derecho, organizado en una dialéctica simultánea entre el derecho e interés natural y la ley positiva por lo que el poder es algo que debe estar racionalmente fundamentado y construido para que no sea sólo un instrumento de los más fuertes o los poderosos. Cuando no hay fundamentación racional universal del poder, no hay fuerza moral de convicción ni voluntad para gobernar al servicio de la comunidad en su conjunto.
Si esto es así, y si no nos podemos librar de una concepción universal filosófica del poder al servicio de la Humanidad, entonces las mañas, las componendas políticas, los fraudes y engaños, y las trampas son ilegales e ilegítimos y no corresponden a una concepción natural y correcta del poder por lo que tienen necesariamente que ser erradicadas de una sociedad y de un sistema socioeconómico, cualquiera sea su carácter. Simplemente no son científicos porque son formas irracionales de politiquería y no pertenecen a la sociedad del conocimiento que premia no la estulticia, el interés egoísta y la negligencia, sino el esfuerzo genuino por trascender la mera esfera de las apariencias y las limitaciones que imponen la corrupción y la impunidad al momento de gobernar. En consecuencia, si todo lo reducimos al poder visto como la habilidad y la capacidad sólo de imponer una voluntad, éste se instrumentaliza para intereses de grupos particulares, por lo que la filosofía como ciencia debe argumentar más allá del poder, uniendo filosofía, política y derecho para una concepción racional del mismo que permita determinar un derecho que justifique la soberanía del pueblo. Esto significa, que la filosofía va más allá de la razón del poder, hacia una concepción universalizadora de los intereses, porque únicamente los intereses que son universalizables son los que son válidos.
En este sentido, los diálogos y consensos basados en intereses de un tirano, la imposición, el engaño y la ausencia de juego limpio que niega el carácter vinculante de los mismos, carece no sólo de sentido sino también de ética política y no se fundamentan científicamente por lo que no son válidos. Únicamente los diálogos en los que los políticos superan sus experiencias negativas y limitadas que, no pueden por ello trascender por ser cerradas, son los que tienen validez jurídica para la sociedad y la población, ya que el pueblo es siempre el que dictamina la legitimidad de los discursos políticos y las acciones políticas concretas. Resumiendo, si no hay una concepción filosófica sino puramente instrumental del poder, ningún político puede gobernar para el siglo XXI y sus necesidades específicas, ya que las ciudadanías se vuelven cada vez más protagonistas de su propia historia. Si lo que prevalecen son la mentira, la traición y el puro deseo de hacer valer a la fuerza una única voluntad, entonces la sociedad debe responder organizadamente para abrir espacio a la verdadera evolución histórica porque se encuentra secuestrada por una tiranía carente de autoridad. Esto significa que el pueblo está en la obligación de participar para frenar dicho poder engañoso y debe rebelarse ante los que rompen el pacto social y usurpan la soberanía popular. La solución está, entonces, en el juicio político ciudadano, su desobediencia civil y su insurrección popular pacífica, para poder darle carácter de cientificidad a un poder con verdadera autoridad.
