Por: Carlos Lopes
CIUDAD DEL CABO – La actual volatilidad de los mercados del petróleo y el gas ha sido una especie de shock para quienes habitan en los países desarrollados, pero sus efectos han sido mucho peores en los países en vías de desarrollo que dependen de los combustibles fósiles.
A medida que el mundo vaya pasando a utilizar fuentes de energía más baratas y limpias, es probable que los combustibles fósiles se vuelvan menos rentables, obligando a los países exportadores de energía a encontrar otras fuentes de ingreso. ¿Qué significaría eso para los países en desarrollo de “ingresos medios” que, en su conjunto, representan un 48% y un 52% de la producción global de petróleo y gas, respectivamente?
Si bien el petróleo y el gas han apuntalado a lo largo de los años las economías de países como Nigeria, México, Ghana y Argentina, depender de ellos los ha llevado a una serie de problemas, desde la polución ambiental que perjudica la salud pública hasta la dependencia excesiva de las exportaciones de combustibles fósiles en desmedro del desarrollo de otros sectores.
No será fácil salir de la adicción a los combustibles fósiles. Los países de ingresos medios exportadores de energía son más pobres que sus contrapartes desarrollados y, en consecuencia, cuentan con menos recursos para apoyar a los trabajadores y las comunidades durante la transición a la energía limpia. Casi la mitad de los trabajadores del sector de los combustibles fósiles vive en África, Asia o Sudamérica. Tendrán que encontrar nuevos empleos, y la formación para desempeñarlos. Además, este sector da empleo de manera indirecta a muchas más personas en esos países, lo que incluye trabajadores a contrata que no tienen las mismas protecciones que los trabajadores sindicalizados y permanentes.
Pero el desplazamiento laboral es solo uno de los riesgos para los que los países de ingresos medios deben hacer planes si han de abandonar la dependencia de los combustibles fósiles. Dado que el sector del petróleo y el gas es una importante fuente de sus ingresos tributarios, a muchos países necesitados de fondos les resultaría imposible financiar servicios esenciales, como la atención de salud y la educación, si estos tributos desaparecieran de un día para el otro.
La volatilidad de los precios ya ha devastado las economías que se volvieron demasiado dependientes de los combustibles fósiles. Por ejemplo, tras el desplome de los precios del petróleo en 2020, Nigeria propuso recortar en un 55% el gasto en educación. Y en respuesta a la crisis del petróleo de 2014, México redujo el gasto público en cerca de un 0,7% del PIB. Si bien los altos precios pueden producir un auge económico, es inevitable que caigan, a menudo arrastrando con ellos a toda la economía. En último término, no conviene depender de recursos finitos para financiar una economía del siglo veintiuno.
El desarrollo y la puesta en práctica de las estrategias adecuadas para distanciarse de los combustibles necesariamente será un proceso gradual. Sin embargo, las autoridades de los países de ingresos medios exportadores de energía ya pueden adoptar tres pasos inmediatos para que la transición a la energía limpia no perjudique a sus trabajadores, comunidades y economías, y para sentar las bases para un futuro más próspero.
En primer lugar, los gobiernos deben planificar a largo plazo, en particular si se trata de regiones que probablemente sean afectadas por la transición verde. Para ello, deberían consultar a distintos actores involucrados, desarrollar planes inclusivos para ayudar a los trabajadores desplazados y las comunidades afectadas, y fortalecer las redes de seguridad social. Para asistir a los trabajadores del sector del petróleo y el gas, especialmente las de sexo femenino, será esencial ir cerrando las brechas de datos demográficos, salariales y de habilidades.
Segundo, dado que lo más probable es que los ingresos del petróleo y el gas vayan en declive en el largo plazo, los exportadores de ingresos medios deben redoblar su apuesta por la diversificación, lo que implica estudiar y desarrollar otros sectores promisorios, como el procesamiento agrícola, los bienes manufacturados y los servicios de negocios.
Las autoridades podrían complementar sus estrategias de diversificación desarrollando sus sectores de energías limpias. Considerando el cambiante paisaje geopolítico y la creciente demanda energética, las renovables podrían estabilizar los precios, los ingresos y el empleo. Para apoyar estas iniciativas, los gobiernos deberían encausar el poder de la sociedad civil y el sector privado, incluidas las compañías petroleras.
Por último, los gobiernos deben brindar la financiación necesaria para completar la transición hacia la energía limpia. En el corto plazo, podrían utilizar los ingresos procedentes de la producción petrolera para diversificar sus economías e invertir en proyectos verdes. También podían reasignar fondos que en la actualidad se destinen a programas de subsidio y exigir a las empresas del petróleo y el gas, especialmente las multinacionales, que ayuden a cubrir los costes de la remediación ambiental y apoyar programas para los trabajadores y comunidades afectados.
Pero, si bien los países de ingresos medios podrían financiar parte de estas medidas con recursos internos, los países desarrollados y las instituciones financieras internacionales también deben ofrecer la financiación y asistencia técnica que esos países necesitan para llevar a cabo sus estrategias de diversificación.
La transición a las renovables no solo es necesaria para evitar una catástrofe climática, sino que además representa una oportunidad para crear un futuro más sano y equitativo para todos. Sin embargo, los países desarrollados no deben esperar que los exportadores de combustibles fósiles de ingresos medios renuncien a su principal fuente de ingresos sin asistencia internacional. Asegurarse de que la transición a las cero emisiones no deje a nadie detrás es un imperativo moral. También es una política climática inteligente.
Carlos Lopes, profesor de la Escuela Nelson Mandela de Gobernanza Pública de la Universidad de Ciudad del Cabo, es miembro del Consejo del Instituto de Recursos Mundiales.
