La MACCIH investigaba en Honduras los contratos hidroeléctricos antes de ser mutilada

Tomado de ElPaís.com

La Maccih tiene pruebas de vínculos entre expresidente Lobo y el cártel de Los Cachiros como beneficiarios de proyectos hidroeléctricos contra los que protestaba la ecologista asesinada Berta Cáceres

El trabajo de 10 abogados levantando alfombras, rastreando cheques, cuentas y movimientos durante dos años ha empezado dar frutos. Pero los frutos no están gustando nada a la clase política hondureña.

La Misión contra la impunidad y la corrupción de Honduras (Maccih), creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ultima una investigación sobre el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y ha reunido pruebas contundentes sobre sus vínculos con el cártel de Los Cachiros en la concesión de proyectos hidroeléctricos.

Los abogados e investigadores de la Maccih, con el apoyo de la fiscalía, investigan al exmandatario, a su esposa y a varios funcionarios vinculados al Partido Nacional, actualmente en el poder, confirmaron a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación.

Según estas fuentes se trata de dos casos distintos. El primero, que afecta al desvío de recursos orquestado por la primera dama, Rosa Elena Bonilla, estaría terminado el 15 de febrero. Para el segundo falta todavía detallar la estrategia empleada por el cártel de Los Cachiros para el lavado de dinero utilizando para ello la licitación pública de proyectos hidroeléctricos.

La fuente no quiso detallar la forma de operar, pero señaló que la investigación esconde el trasfondo del acoso que vive la Maccih «y que ha puesto tan nerviosa a gran parte de la clase política», señala.

Algunos de los vínculos entre Lobo y Los Cachiros se han ido conociendo en una corte de Nueva York donde declaran algunos miembros de este cártel, uno de los más poderosos de Centroamérica. Lo que se desconocía hasta ahora es que la Maccih tiene pruebas en Honduras sobre los vínculos con proyectos hidroeléctricos de miembros del Partido Nacional del actual mandatario Juan Orlando Hernández, un controvertido modelo de licitaciones muy criticado por la ecologista Berta Cáceres, en cuyo asesinato en 2016 estuvo implicado personal de una de estas empresas beneficiadas.

La investigación podría tensar aún más la relación entre la misión de la OEA  y la clase política local, que sueña con que desaparezca de sus vidas a base de recortes.

Hace dos semanas, el 18 de enero, el Congreso, aprobó una reforma de ley que prácticamente impide investigar a la Misión, al transferir gran parte de sus competencias al Tribunal de Cuentas, controlado por los partidos políticos. Tras la aprobación de esta reforma, cinco diputados encarcelados por quedarse con dinero público destinado a ONG fueron liberados inmediatamente.

El «pacto de impunidad», como es conocido, frenó también una investigación que implicaba a otros 60 diputados más, incluido el presidente del Congreso. Sin embargo, la sospecha es que «la red es más amplía y podría llegar a 140 diputados, incluido el presidente», señala una fuente de la Maccih que habla bajo condición de anonimato.

Con esta reforma tampoco podrán investigarse escándalos relacionado con los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios de los tres últimos gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti o Porfirio Lobo.

 El cambio legal deja herida a la Misión en su intento por replicar el modelo de la Comisión contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala, que se ha convertido en un referente para la región. Un grupo de jueces incorruptibles, bien pagados, con medidas de seguridad y ajenos a las redes de poder e impunidad seleccionados por Naciones Unidas, que han logrado encarcelar a varios ministros y presidentes con el código penal como única arma.

De hecho, su impacto es tal que en agosto sucedió algo tan extraño, como ver nevar en Centroamérica, cuando miles de guatemaltecos salieron a las calles a defender de los ataques una institución de justicia y extranjera, las tres entelequias más desprestigiadas del continente.

Finalmente, en 2016 se acordó exportar el modelo a Honduras con la creación de la Maccih, pero los gastos y la organización correrían a cargo de la OEA. Un intento de madurez tras años de resoluciones e informes de escaso impacto.

«El acoso a la Maccih es la consolidación del giro autoritario del presidente Juan Orlando Hernández. El primer escenario estuvo marcado por el fraude electoral, el respaldo de Estados Unidos, la presión social y luego la represión, según nuestras cifras son 36 muertos», dice desde Tegucigalpa Joaquín Mejía, abogado del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), vinculado a los jesuitas y recientemente amenazado por su oposición al actual gobierno.

«La Maccih reveló la telaraña de corrupción que afecta a gran parte del congreso y ellos cambian la ley para que solo investigue el Tribunal de Cuentas, que claramente no tiene capacidad para ello», resume el abogado.

Cuando la semana pasada Juan Orlando tomó posesión del cargo, cientos de jóvenes salieron a la calle con tres reclamos: contra su reelección, el fraude electoral y el control de las instituciones.

«Ni el gobierno, ni los grupos de poder, van a ceder el mínimo espacio para que la Maccih pueda actuar. A la Maccih le han cortado las piernas y los brazos y su supervivencia dependerá del apoyo nacional e internacional que reciba», dice Hermilo Soto, exlíder sindical vinculado a los movimientos obreros y campesinos.

El activista se imagina un país donde la comunidad internacional y la juventud hondureña se movilizan vigorosamente para defender a la Maccig. Como hicieron en agosto en la vecina Guatemala… hasta que ganaron.