Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, instó a la comunidad internacional a abordar los derechos humano de los migrantes como un asunto prioritario en la reconstrucción económica una vez la región supera la crisis sanitaria de la Covid-19.
Mediante el foro “Los efectos del Covid-19, una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible”, el portal web de la CEPAL informó que la máxima autoridad de ese organismo junto con expertos de la región, subrayan la necesidad de visibilizar la población migrante en las políticas públicas de cara a los tiempos de postpandemia.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL enfatizó que abordar las consecuencias y específicas de la pandemia del COVI-19 en la población migrante de América Latina y el Caribe es un asunto prioritario que requiere ser visibilizado y pensado desde las políticas públicas, la inclusión y protección social, los derechos humanos y la igualdad, a fin de reconstruir mejores sociedades una vez controlada la emergencia.
La representante de la CEPAL también explicó que en el contexto de la pandemia del COVI-19, las personas migrantes han contribuido de manera importante a los países de destino como trabajadores en servicios esenciales, en el sector salud, servicios de aseo, y las cadenas de suministro de alimentos, lo que a su vez los hace uno de los grupos más expuestos.
Y en ese panorama, señaló que las políticas de prevención de contagios han limitado las actividades de sectores que concentran el grueso de empleo de migrantes, como hotelería, restaurantes, pequeñas empresas y ocupaciones informales, lo que ha expuesto a una extrema vulnerabilidad a los trabajadores migrantes, particularmente a aquellos en situación irregular.
De acuerdo a la CEPAL, pese a la caída de las remesas, en varios de los países más pobres de la región, las remesas representan un alto porcentaje del PIB: En Haití un 33%, en El Salvador y Honduras un 20%. Por lo que Alicia Bárcena comunicó que abogará ante las Naciones Unidas para que las “remesas sean consideradas servicios esenciales”.
Asimismo, instó a “luchar y movilizar a nuestras sociedades para que no haya discriminación, racismo y xenofobia, sobre todo en las poblaciones migrantes que son víctimas de ese tremendo flagelo en nuestra región”.
En este contexto, la CEPAL reflexionó haciendo ver a la comunidad internacional tener en cuenta que la pandemia develó los problemas estructurales del modelo de desarrollo.
Entre ellos, la mercantilización de los sistemas de salud fragmentados, la desigualdad que afecta a las mujeres y los pueblos indígenas. Igualmente, un alto grado de urbanización que ha potenciado los contagios en los barrios más vulnerables. Y una alta informalidad laboral que alcanza al 54% de los trabajadores, además de frágiles sistemas de protección social y un débil multilateralismo con crecientes tensiones sociales.
