Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El presidente de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Oscar Álvarez, adelantó que los 50 millones retirados del Banco Central de Honduras (BCH) en el marco del proyecto de la Cuarta Urna, conocido como el “carretillazo”, entrará en la lista de casos de corrupción a investigar por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Álvarez apuntó que la Cuarta Urna está considerado en los 13 casos emblemáticos de corrupción analizados el año pasado en el seno de una comisión multipartidaria de diputados al Congreso Nacional e identificados por el Ministerio Público.
“Esos trece casos emblemáticos serán los primeros que serán vistos por la MACCIH y esperamos de que ese sea el buen inicio de una relación muy positiva entre la MACCIH y el gobierno de Honduras”, expresó el parlamentario y exsecretario de Seguridad.
Entre las investigaciones que se harán “está el caso del Seguro Social, la venta de medicinas de la familia Gutiérrez y el otro caso, es el del carretillazo y otros casos más, que en este momento no los recuerdo”, anotó Álvarez.
CUARTA URNA
La Cuarta Urna” consistía en una consulta popular que se pondría en práctica el 28 de junio de 2009, para preguntarles a los hondureños si estaban de acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de la República, presumieron que el proyecto conllevaba el continuismo del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, por lo que ese mismo día se procedió al golpe de Estado que lo sacó del poder.
Después del derrocamiento del mandatario la administración Zelaya comenzó a ser investigada por el Ministerio Público y algunos de sus funcionarios fueron citados a los tribunales de justicia, por el desvío de 50 millones de lempiras, con los que se financió parte del proyecto de la Cuarta Urna.
Los fondos fueron retirados el 25 de junio con base al decreto ejecutivo 20-2009 y los zelayistas alegan hasta hoy día que fueron utilizados en el pago de transporte, alimentación y logística durante los días previos a la fallida consulta, no obstante la Fiscalía asegura que no hay respaldo legal al respecto.
Unos de los acusados, el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, quien alegó en su momento repartió 40 millones de lempiras entre sus compañeros de gobierno y 10 millones a la Guardia de Honor Presidencial, aseguró que los tribunales lo acusan injustamente porque a raíz del golpe de Estado todo se tergiversó en detrimento de la administración Zelaya.
En junio de 2015 los Juzgados de Letras de lo Penal de Tegucigalpa emitieron orden de captura nacional e internacional, contra Flores Lanza, declarado en rebeldía por ese tribunal al no presentarse a la audiencia de declaración de imputado. De momento el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia.
