La MACCIH y el crimen organizado

Por: Edmundo Orellana

Ahora resulta que, por decisión de Almagro, la MACCIH debe investigar la influencia del crimen organizado en el sistema político y en el proceso electoral. ¡En tremendo lío se meterá la MACCIH!

Eso fue lo que pidió el gobierno y a lo que Almagro, bien mandado, accedió. ¿Era necesario? Para responder esta pregunta primero debemos respondernos lo siguiente: ¿Cómo podría el crimen organizado influenciar el sistema político y el proceso electoral? Financiando, por supuesto, candidaturas a alcaldes, diputados y presidente.

Para este menester ya existe un órgano recién creado, a iniciativa de la MACCIH, ciertamente. Se trata de la “Unidad de Política Limpia”, con potestades de exigir, compulsivamente, a los partidos y candidatos el detalle de las aportaciones recibidas durante su campaña, indicando fuentes y cantidades, y dotada de lo necesario para obtener, por sí o por medio de otras entidades del sector público o privado, la información necesaria para verificar si la fuente del financiamiento es legal o ilegal.

Si ya existe una dependencia estatal con funciones para investigar lo que el gobierno pidió atribuir a la MACCIH y que Almagro accedió, ¿cuál es el propósito de conferir esta función a la MACCIH? Orientar sus acciones hacia otros rumbos, para que no se concentre en la corrupción, particularmente, en la denominada “Red de Corrupción”. De seguir por esa ruta, seguramente habría identificado a muchos diputados que llegaron al Congreso con un patrimonio modesto y ahora, por el manoseo de dineros públicos. son verdaderos potentados.

También habría alcanzado a las ONG, y a los directivos de éstas, que recibieron fondos para ser entregados a los diputados y habría confirmado quienes no liquidaron o liquidaron irregularmente. Especialmente, en aquellos casos de diputados que pusieron precio a sus votos para elegir la junta directiva del Congreso, el Fiscal, el TSC y la Corte Suprema, entre otros casos, o decidieron, a cambio de dinero, abandonar sus respectivas bancadas, para debilitar los partidos de oposición.

La investigación no se agotaría en estas diligencias, por supuesto. Porque comprendería, inevitablemente, a la Secretaría de Finanzas, para determinar el criterio de selección de esas ONG, de las cantidades a distribuir y de la selección de los diputados que, bajo el concepto de subsidios, las recibieron. E iría más allá, hasta el verdadero responsable de esos fondos a los que se refiere, justamente el Decreto de la Impunidad, al que acudían, reptando, mendigantes, los diputados de la oposición para financiar, en muchos casos, no los proyectos sociales de sus votantes, sino el aumento de su patrimonio personal o familiar. Subsidios que, originalmente, se manejaron directamente por el Presidente del Congreso y, a partir del 2014, por el Presidente de la República, que, ¡Oh sorpresa!, resulta ser la misma persona.

Seguramente habría avanzado más allá en el tiempo, comprendiendo, como había advertido, oportunamente Jiménez Mayor, el gobierno de Zelaya y el de facto. En otras palabras, el Decreto convenía no solo a los diputados del “Congreso de la Vergüenza”, sino también a los anteriores. Por eso, no nos sorprende que haya diputados de la oposición que no rechacen el Decreto de la Impunidad o que simulen rechazarlo con voces inaudibles.

Esos mismos diputados que se sintieron amenazados por la investigación de la MACCIH, desde el gobierno de Zelaya, respiraron hondo cuando explotó la crisis en la MACCIH. Fue música para sus oídos. El alivio fue total y general. Se sintieron arropados, protegidos, acunados (hasta canciones de cuna escucharon muchos) por “Mamá Impunidad”. Igual sentimiento experimentaron los miembros de esas ONG, funcionarios de la Secretaría de Finanzas y hasta el gobernante.

Lo rescatable de este episodio truculento en la historia de la OEA y de nuestro sistema de justicia, es que los diputados corruptos y demás funcionarios amenazados no pudieron doblegar al Fiscal General para que no presentara los requerimientos judiciales contra la “Red de Diputados”. Fue el único. Por eso, y a sabiendas de que la Corte Suprema de Justicia cedería, aprobaron el Decreto de la Impunidad, cuya vigencia esperó el tribunal, posponiendo la audiencia respectiva, para liberar a los diputados procesados.

En este contexto, surge la pregunta medular: ¿Tiene futuro la lucha contra la corrupción?