Por: Moisés Ulloa
Muchas cosas han caído en las profundidades oscuras de un abismo en este país. A veces la carga es tal que he pensado incluso en que no existe una solución al corto plazo que nos permita tener una oportunidad. Muchos incluso han determinado que la maldad y el proceder de muchas personas que son parte de las cúpulas de poder y por ende, parte activa en la toma de las decisiones trascendentales de la nación han sido tan abusivas, que han llegado al punto de romper de manera irreparable el propio sistema en que se sustenta la República. Para muchos, los cimientos de la nación están corroídos al punto tal, que su colapso es simplemente cuestión de tiempo.
Entre todas las dificultades y problemas que tenemos, existe un área que me llena de desesperanza y que crea en este su servidor profundos momentos de reflexión y preocupación: la ruta en la que estamos pretendiendo aplicar un sentido de justicia en Honduras.
Con suma atención he visto ya por segunda ocasión, el show mediático implementado por las actuales autoridades del CNA en su presentación de las diferentes líneas de investigación que este importante organismo ha realizado, con la finalidad de llevar a la justicia a aquellos funcionarios que han utilizado sus puestos y el abuso de poder, para realizar funciones que presuntamente son contrarias a la ley. Sin embargo, me pregunto si efectivamente mediante este proceso se alcanza la justicia.
En este sentido trataré de no meterme en conceptos filosóficos y legales que alejen mi escrito del propósito que deseo obtener; sin embargo, diré que para mí “justicia” no es un solo, sino una combinación de aspectos. Justicia es en mi entender la correcta aplicación de lo moral, ético, racional, igualitario, que lo dicta nuestra sociedad bajo una sombrilla que denominamos un estado de derecho, mismo que de forma implícita determina la seguridad jurídica y la protección a los derechos y a las libertades de todas y todos. Si una actuación o decisión de los entes encargados de impartir esta justicia no es moralmente correcta, entonces esta es injusta; si no es ética, tampoco lo es; si no tiene como finalidad proteger a la mayoría y al más débil, entonces también es injusta. La justicia por lo tanto debe de buscar el bien común, asegurar el orden, establecer lo correcto, afirmando el principio que todas y todos somos iguales ante la ley.
Cualquier sentido que sea contrario a lo que he tratado de explicar en mi párrafo anterior, pretende otra finalidad menos aquella de aplicar justicia. Ante esta realidad me pregunto si lo que vivimos actualmente en Honduras mediante el show mediático al que nos estamos acostumbrando últimamente, contraviene lo que en efecto deseamos obtener o, es acaso simplemente esto, un efecto del estado que reafirma que no tenemos la institucionalidad que nos garantice la aplicación correcta de la justicia.
Ante la incapacidad de poder obtener un veredicto de culpable en los casos imputados por los órganos correspondientes del estado, ya sea por una acción errónea en la presentación de los casos o por una condición manifiesta en el fundamento que la sentencia no se rinde ante los poderosos ¿no estaremos buscando la salida fácil del simple señalamiento público? ¿es la búsqueda exclusiva de la sanción moral suficiente para ser considerado que hemos logrado alcanzar lo justo?
La señal más clara de la realidad nefasta que no gozamos de la confianza en la aplicación de la justicia, es el intervencionismo internacional exigiendo y obligando desde afuera, a que los actores de sentencia hagan su trabajo. En otras palabras, ante no tener la confianza en que las decisiones van estar basadas en ley, nuestra justicia está siendo impuesta foráneamente. Y es en este ambiente de desconfianza en que se nutre el chisme, la novela, el próximo capítulo de un Pandora II, de la Honduras Verde, de otra línea más de investigación del CNA, de un requerimiento más promovido por la MACCIH a través de su UFECIC, de la expectativa ante la ley Magnitsky, del próximo extraditado o del evento Efecto Torres; es en este ambiente que nuestra sociedad cada vez aumenta su sed por resultados, sin tenerlos de forma contundente y en el plazo inmediato.
Todo esto alimenta el hartazgo de una sociedad que sistemáticamente ha sido abusada y que quiere ahora, no necesariamente justicia, sino que venganza. Nuestra sociedad cada vez más siente y anhela el sabor a “sangre” y desea que, bajo cualquier condición, se encuentren culpables, aún aquellos que no necesariamente lo son. Esto nos lleva ante el peligro inminente de crear una sociedad que podría estar al punto de tomarse el camino de hacer justicia por su propia mano, pues por un lado nos venden al mejor estilo de las películas una trama delincuencial con nombres y apellidos, pero en la realidad carecemos de los resultados concretos que de fe a los hechos.
Esto es un asunto de gravedad que hemos comenzado a sentir y a palpar en nuestra sociedad. Noticias como las que una comunidad linchó a un presunto violador es simplemente una muestra de lo que puede llegar a suceder si el actuar jurídico del país no llena la expectativa sublime de la ley. Todos somos testigos de la polarización de nuestra sociedad y esta realidad puede estallar en acciones concretas que vayan más allá de un sentimiento ante la incapacidad de dar los resultados que se anhelan.
Ante la búsqueda a toda costa de encontrar justicia, podemos deformar la misma en acciones como han sido las violaciones constitucionales al derecho de propiedad y presunción de la inocencia, a exhibir ante las cámaras a unos, mientras se protegen a otros; de perseguir el delito de algunos, pero no de todos. Podríamos estar al punto de justificar una ilegalidad con la finalidad de detener lo ilegal. Estamos por cruzar una línea fina a consecuencia de la impunidad que ha predominado en los actos sistemáticos de corrupción de los que hemos sido víctimas y que tienen a nuestra sociedad, especialmente a los más desprotegidos, sumidos en la más vil de las pobrezas.
Es por lo tanto imperante, que los organismos de aplicación de justicia hagan su trabajo de forma eficiente, profesional y contundente, alejados más de lo mediático, para no crear falsas expectativas que puedan revertirse en desacreditar sus propias acciones ante no tener los resultados prometidos. La opinión pública no son las cortes, pero al exponer los casos de forma primaria en los medios y con alardes personales, estamos por convertirnos en el estamento que “La Justicia soy Yo”. La justicia implica el balance de lo correcto, la venganza pretende represalia basada en odio, en castigo, en frustración. No debemos fomentar la crispación social bajo el argumento de hacer justicia, llevándola a un punto más cercano del estallido que se encuentra ya, en una cuenta regresiva.
Por supuesto que añoramos y apoyamos la lucha por una sociedad en donde el delincuente sea condenado, independientemente del estrato social o del poder político económico que tenga, imparcialmente sea el presidente de la república, sus miembros cercanos o cualquiera, debemos exigir y demandar la aplicación absoluta de la ley; pero la práctica de lo justo no debe basarse en abusos y muchos menos en arbitrariedades. De no corregir este proceder, podemos estar ante las puertas que el pueblo tome el mazo y cuando eso suceda, no se detendrá, hasta enjuiciar a inocentes y culpables por igual.
