Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
Persia está lejos. Aunque me condiciona lo que ocurre en el ancho mundo, también me rebasa. Solo puedo escoger a cuál Honduras volver y cuál pensar, sin trampa, sin engaño, sin derrota.
Quizás influidos por colegas de escuelas más evolucionadas, varios historiadores de la academia local han estado preocupados por la construcción del Estado nacional. A ratos, su búsqueda de la fundación —de esa nación institucionalizada— parece estéril porque busca en el pretérito lo que todavía está por edificarse.
Y amén de que falta fundarla, y en la historia las restauraciones nunca suceden —o son del todo ilusorias—, resulta casi inevitable atender al discurso restaurador del actual gobierno sobre sí mismo: el alegato que aflora de modo continuo sobre su política, la ley y su meta. Todo ello resumido en la idea —no del todo sólida— de que venimos de una destrucción de la institucionalidad, que ahora la llamada Racha se propone restaurar, al parecer por la vía del despido, la purga, el juicio político y la proscripción del partido que se proponía refundar el país infundado.
Salta a la vista que hay una verdad parcial en ese discurso. Cuando se habla en Honduras —como en tantos otros países del área— de revolución y refundación, se alude a un problema histórico real, aunque más complejo que una cronología o reunión de términos. En realidad, Honduras todavía no es una nación institucionalizada; falta mucho para eso.
Haciendo a un lado el romanticismo indigenista con la ciudad-estado antigua —que los arqueólogos llaman primaria, y que no tiene mucho que ver—, la institucionalidad política hondureña es de origen colonial.
Hubo aquí entonces gubernatura, brevemente, Audiencia, alcaldía mayor y luego Intendencia. Es decir: un orden donde el poder imperial concentraba las funciones de su autoridad y la ley organizaba en vez de limitar al poder.
La Independencia fue un quiebre de la institucionalidad colonial, pero no produjo un Estado soberano, plenamente constituido. Menos aún después de la disolución de la unión centroamericana, que todavía la integraba como provincia de un Reino ajeno.
Aunque el país pretendía ya ser estado nacional a mediados del siglo XIX lo que se consolidó fue más bien el apogeo del cacicazgo, bajo la parafernalia del republicanismo: tres poderes llamados a equilibrarse, sin las condiciones reales para ello.
Desde entonces, la historia política hondureña combina dependencia externa y mando autoritario de la clase dominante. La llamada Reforma —de 1871 a 1936— fue más ordenada, moderna, jurídica, pero no por ello más equilibrada o funcional en rigor.
Ahora, sin duda venimos de una falla. Desde mediados del siglo XX, Honduras ha experimentado una serie de rupturas del orden constitucional —1956, 1963, 1972, 1975, 1978 y 2009— que revelan una constante: la incapacidad de la institucionalidad para contener al poder. Y otra: la injerencia externa.
Pero fue en 2009 cuando esa fragilidad quedó expuesta sin ambages. Al sentir amenazada su continuidad, el bipartidismo invocó la ley para suspender el orden constitucional en su nombre. Produjo una sombra y una ficción jurídica que encubrió una ruptura del orden, sin convencer a las mayorías ni engañar a la comunidad internacional, y quedó aislado, incluso de EU.
Desde entonces, la idea misma de institucionalidad quedó mortalmente herida.
Los responsables de este ciclo —de fracasos, rupturas y regresiones—, además de los militares, son los partidos históricos, que han detentado el poder público desde fines del siglo XIX. Sus élites han administrado el Estado como botín, en alianza con intereses externos, sin alcanzar nunca a constituir un orden impersonal que los limite, y menos garantice un estado de derecho democrático.
No hay Estado —no en sentido fuerte— cuando un poder decide quién preside otro, o cuando los órganos autónomos responden a la voluntad de quienes deberían estar sujetos a ellos y a la ley.
Y, sin embargo, es a ese entramado de relaciones —a esa red de dependencias, intereses y controles informales— a lo que el bipartidismo, un binomio que data de 1902, llama institucionalidad.
Cuando hoy se habla de reconstruirla o restaurarla, a base de despidos, la purga, el juicio político y la proscripción de LIBRE, lo que se imagina no es la creación de un orden legal genuino, sino la recuperación de un control perdido de clase social.
No es de institucionalidad de lo que se habla, sino de la impunidad de sus partidos centenarios —que insisten en ser dos para seguir siendo uno, aun cuando se los exhibe internacionalmente como carteles—. Instrumento de una clase política dominante y monopolio de los derechos ciudadanos.
Lo que se pretende es recuperar la exclusividad del poder público, que se perdió cuando, un año después del golpe de 2009, P. Lobo otorgó a la Resistencia derecho a fundar un partido nuevo, propio, con todos sus bemoles y torpezas.
Porque ese control se resquebrajó de nuevo cuando el bloque político articulado en torno a LIBRE se impuso en 2017 —en una victoria interrumpida por un fraude ampliamente documentado— y volvió a imponerse en 2021, ya de forma incontestable.
De ahí la persistencia de un discurso restaurador que, más que corregir una falla histórica, busca revertir una pérdida de poder omnímodo.
Pero el problema es más profundo. Es crucial terminar de entender que la institucionalidad en Honduras no ha sido nunca una estructura estable y acumulativa del poder público legal, sino un campo en disputa: frágil, intermitente, vano, subordinado una y otra vez a fuerzas que la exceden —militares, económicas o externas.
La ley no desaparece; se invoca, se suspende y se rehace según la correlación de fuerzas, la sanción de los pastores, la bendición del capital, la debilidad de la organización social, sobre todo, la prestidigitación del cacicazgo. La ley está ahí, pero en vez de consenso, es una herramienta de poder.
Y en ese contexto, hablar de restauración de la institucionalidad, no es solo equívoco: es, en el mejor de los casos, una ilusión. En el peor, un engaño: una forma de encubrir la reiteración del problema profundo. Justo el que exige una constitución, a la que con razón tanto le temen, por falta de interlocución, por amnesia y por mala conciencia.
