El promedio de 55 víctimas mortales mensuales, refleja un grave problema de inseguridad que exige acciones contundentes y políticas efectivas para proteger a la niñez y juventud de la violencia
Tegucigalpa, Honduras. –“Ser niño o joven en este país es un peligro”, expresó Wilmer Vásquez, director ejecutivo Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), debido a la persistencia de muertes violentas de niñez y juventud.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, Honduras ha registrado 382 víctimas mortales, traducido en un promedio de 55 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que pierden la vida cada mes a causa de la violencia. Este fenómeno refleja una situación crítica de inseguridad en el país, que continúa enfrentando altas tasas de homicidio y violencia generalizada.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la violencia en Honduras es endémica, afectando desproporcionadamente a la población joven. Las estadísticas indican que, en comparación con años anteriores, ha habido un incremento en el número de muertes violentas entre este grupo etario, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los NNAJ en el país.
“Vemos una juventud que día a día se desangra, que es víctima de la violencia”, lamentó Wilmer Vásquez.
De interés: Ramiro Muñoz responsabiliza a niñez y juventud por la violencia en Honduras
FORTALECER INVESTIGACIÓN
Las causas de esta violencia son múltiples, incluyendo el crimen organizado, la extorsión y la falta de oportunidades económicas. En particular, se ha observado que los departamentos más afectados son Francisco Morazán, Cortés y Olancho, donde se concentran la mayoría de los incidentes violentos,
Honduras continúa siendo uno de los países más violentos pese a la reducción que señalan las autoridades de la Secretaría de Seguridad. En 2023, el país centroamericano cerró con una tasa de 34.5 por cada 100,000 habitantes.
De acuerdo con Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia, quien confirmó que hay una reducción en los homicidios, lamentó que se sigan dando por la delincuencia común. Tal es el caso del joven estudiante Carlos David Amador Romero asesinado en La Ceiba, luego de un asalto.
“Es lamentable que a un estudiante universitario por un robo lo maten, por eso no nos cansamos de decir que son vidas perdidas, por eso no nos cansamos de decir que, cada mujer, cada niño, cada joven, nos importan”.
La situación se agrava por la impunidad que rodea a muchos de estos crímenes, lo que desalienta la denuncia y la intervención de las autoridades
Para la con la especialista en materia de seguridad, tanto la delincuencia común como la extorsión son delitos que más problemáticas están dando durante la vigencia del estado de excepción, en ese sentido, refirió que se deben atacar con una mejor estrategia.
Además, Ayestas, señaló que el talón de Aquiles en materia de seguridad es la investigación criminal, ya que en su mayoría los homicidios quedan en impunidad. “La investigación criminal debe fortalecerse, por eso es importante el recurso el recurso humano y logística para las instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público”, enfatizó Ayestas.
Lea: Red Coiproden rechaza propuesta de reducir edad penal y llama a proteger derechos de la niñez
ESTADO NO HA PODIDO RESPONDER A LAS NECESIDADES
Entre 2022 y lo que va de 2024, al menos 1664 NNAJ han perdido la vida de manera a violenta. Con estos datos, se hace evidente que Honduras necesita implementar políticas más robustas y efectivas para abordar las causas de la violencia y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.
“No hemos logrado tener un país que responda a las principales necesidades y demandas de la juventud”, recriminó Wilmer Vásquez.
En ese sentido, el defensor de los derechos de la niñez resaltó que este sector vulnerable de la sociedad se enfrenta a múltiples problemáticas. Además de ser víctimas de la violencia estructural, son obligados a huir del país porque no tienen una plena garantía de sus derechos fundamentales, siendo presa fácil de cooptación del crimen organizado.
