La inmoralidad de Hernández; no reconocerá nuevo gobierno de Nicolás Maduro por “ilegítimo”

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-A más de un año que su reelección fuera cuestionada por estar prohibida por la Constitución de la República y porque fue el resultado de un fraude electoral, el jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández, es uno de los firmantes de la Declaración del Grupo de Lima que ha advertido que a partir del 10 de enero no reconocerá el nuevo gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela porque es ilegítimo.

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Honduras y los 12 gobiernos restantes que firmaron el viernes anterior la Declaración del Grupo de Lima reiteran que, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial  Maduro que se iniciará el 10 de enero de 2019, porque el proceso del 20 de mayo de 2018 realizado en Venezuela, carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente.

Al firmar lo anterior, Hernández soslaya que el 27 de enero de 2018 asumió un segundo periodo en medio de una crisis, aupada por la violación a la Constitución de la República que no permite la reelección presidencial y pese a que en noviembre de 2017 las elecciones fueron rechazadas por la ciudadanía por fuertes indicios de un fraude electoral, constatado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que, en virtud que los resultados no eran creíbles, sugirió la repetición de los comicios.

Hernández al ser suscriptor de la Declaración, cuestiona a Maduro por reprimir y violentar los derechos humanos de la población que se manifiesta en contra de su gestión, pero ha dejado atrás los episodios de represión policial y militar durante la crisis poselectoral que dejaron al menos 23 víctimas mortales, según un informe de las Naciones Unidas, y otras víctimas contabilizadas que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos son al menos 38 en total. Además de las constantes represiones que son objeto poblaciones que defienden sus territorios y la explotación aviesa de los recursos naturales y en contra de los actos de corrupción  de su gobierno.

Al firmar la Declaración de Lima, Hernández se compromete a continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, lo que en su momento le incomodó, ya que en diciembre de 2017 impidió que una delegación de las Naciones Unidas viniera al país a constatar los muertos y las violaciones de derechos humanos de los ciudadanos que protestaban en las calles.

También reafirma su apoyo para que a Venezuela se le aplique la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, y aboga por el bloqueo económico en contra del país sudamericano.

ÉXODO

En el numeral 10 de la Declaración, Hernández y los demás Estados firmantes, reiteran su “profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicadas por el régimen de Nicolás Maduro”.

En este caso en particular, Hernández hace borrón y cuenta nueva del reciente éxodo de hondureños que partió el 13 de octubre del año con rumbo a los Estados Unidos, huyendo de la miseria y la violencia. Asimismo, las constantes amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el recorte de las ayudas financieras a Honduras porque no logra detener las caravanas de migrantes y que se reavivaron la última semana del año que acaba de finalizar porque se está formando un nuevo éxodo que se presume partirá hacia la nación del norte el 15 de enero.

El Grupo de Lima, cuyas posturas obedecen a los intereses de los Estados Unidos, se creó en 2017 a iniciativa de Perú tras varias protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el supuesto de encontrar una salida a la crisis social, política y económica que vive Venezuela. Está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

Postura coherente

Hasta el momento México se ha mantenido al margen del asunto al no firmar la Declaración. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha manifestado que la razón de abstenerse a firmar es porque quiere evitar conflictos con otros países, además de que su gobierno no intervendrá en asuntos internos de otras naciones.

Los 13 países firmantes de la Declaración del Grupo de Lima establecen lo siguiente:

1-Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.

2-Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela. 

3- Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.

4- Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.

5- Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.

6- Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.

7- Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

8- Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. 

9- Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.

10- Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.

11- Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela.

12- Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.

13: Acuerdan las siguientes medidas:

A- Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.

B- Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

C- Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

D- Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

E- Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.

F- En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

G- Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia.