La audiencia de la CIDH reveló la alarmante manipulación política en la selección de magistrados y los traslados arbitrarios de jueces, lo que ha generado un clima de temor y desconfianza en el sistema judicial hondureño
La falta de independencia judicial ha permitido la criminalización de defensores de derechos humanos, como el caso de Juan López, quien fue asesinado tras ser perseguido por su activismo ambiental
Tegucigalpa, Honduras. – La independencia judicial en Honduras atraviesa una crisis profunda, marcada por la injerencia política y la falta de mecanismos efectivos que garanticen un sistema judicial imparcial.
Durante la reciente audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la independencia judicial en las Américas se ha puesto en el centro del debate la concentración de poder en la figura de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Liseth Ráquel Obando, así como la injerencia de poderes externos en el funcionamiento del Poder Judicial.
Uno de los puntos centrales abordados fue la interferencia política y económica que sufren los jueces, lo cual socava su capacidad para actuar de manera independiente. Según informes, estas interferencias incluyen presiones para influir en decisiones judiciales y ataques directos a magistrados que manejan casos de alto perfil.
Las representantes de Honduras destacaron que, a pesar de contar con una garantía constitucional, la independencia judicial ha sido históricamente cuestionada y vulnerada, especialmente después del golpe de Estado en 2009. Este evento marcó un período oscuro donde la Corte Suprema de Justicia apoyó a las autoridades de facto, lo que debilitó las bases del Estado de derecho y afectó la protección de los derechos humanos en el país.
Además de las preocupaciones sobre la concentración de poder, se discutió la injerencia externa que afecta al sistema judicial. La CIDH ha manifestado su preocupación por cómo las influencias políticas pueden socavar la independencia judicial. Este fenómeno no es exclusivo de Honduras; se ha observado en varios países de América Latina, donde los gobiernos intentan controlar o manipular el sistema judicial para favorecer sus intereses.
En el contexto hondureño, se ha denunciado que las decisiones dentro del Poder Judicial están siendo influenciadas por actores externos, incluyendo otros poderes del Estado. Esto plantea serios desafíos para garantizar un sistema judicial que funcione como un verdadero contrapeso al poder ejecutivo y legislativo.
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TRASLADOS Y CANCELACIONES DE JUECES: UNA PREOCUPANTE REALIDAD
Ana Cardona, jueza y presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, ha denunciado la alarmante situación de la independencia judicial en el país, señalando que, desde el inicio de la actual administración del Poder Judicial, se han llevado a cabo más de 17 cancelaciones y traslados de jueces.
Cardona enfatizó que estas acciones no solo atentan contra la garantía de inamovilidad judicial, sino que también generan un ambiente de temor entre los miembros del sistema judicial.
A pesar de que se estableció un diálogo con las autoridades para frenar estas medidas, los traslados han continuado sin justificación, lo que ha llevado a una creciente preocupación sobre la integridad y autonomía del Poder Judicial en Honduras.
Además, Cardona denunció que por su papel como presidenta de la Asociación ha sido objeto de represalias debido a su defensa activa de la independencia judicial. Ha enfrentado acoso laboral y denuncias infundadas en respuesta a sus esfuerzos por proteger a los jueces y magistrados afectados. Esta situación refleja un patrón más amplio de intimidación hacia quienes abogan por la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país.
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LA INFLUENCIA POLÍTICA EN EL SISTEMA JUDICIAL
La influencia política en el sistema judicial de Honduras ha generado serias preocupaciones sobre la autonomía y la imparcialidad de la justicia en el país. A pesar de los intentos de reforma, como la aprobación de la Ley de Junta Nominadora en 2022, el control ejercido por el Congreso Nacional sobre la selección de magistrados ha permitido que intereses partidistas prevalezcan sobre los principios de meritocracia y transparencia.
Osiris Payes, del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), subrayó la crítica situación de la independencia judicial en Honduras, señalando que, a pesar de la aprobación de la ley de la Junta Nominadora, esta ha sido insuficiente y además sólo aborda el funcionamiento de la Junta y no establece controles claros sobre el proceso de elección en el Congreso Nacional, lo que ha permitido que este último mantenga una fuerte influencia política en los nombramientos judiciales.
Payes destacó que, durante el proceso electoral de magistrados en 2023, se evidenció esta manipulación política, donde los nuevos magistrados fueron elegidos en función de acuerdos partidarios más que por méritos, lo que pone en riesgo la autonomía del sistema judicial.
“Es urgente que el Estado de Honduras se establezca un verdadero gobierno de jueces que garantice la promoción de procesos transparentes para la selección, ingreso, traslado y remoción de jueces del Poder Judicial”, señaló Payes.
La concentración del poder en la presidencia de la Corte Suprema ha limitado la autonomía judicial, creando un entorno propicio para la corrupción y el abuso de poder.
SISTEMA JUDICIAL HERRAMIENTA DE CRIMINALIZACIÓN
Durante la audiencia sobre la independencia judicial en las Américas, Osiris Payes, representante del Centro de Estudios para la Democracia, ha señalado que el sistema judicial hondureño se ha convertido en una herramienta de criminalización que protege los intereses privados con total impunidad.
Esta situación es resultado de la injerencia de poderes externos y de la falta de un sistema judicial verdaderamente independiente, lo que permite que se perpetúen violaciones a los derechos humanos.
Hizo hincapié en cómo esta falta de independencia judicial afecta gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente a los defensores del medio ambiente y los derechos territoriales. Citó el caso trágico de Juan López, asesinado el 14 de septiembre por su oposición a los proyectos extractivos.
Antes de su asesinato, Juan López y otros 30 defensores de derechos humanos fueron objeto de criminalización y persecución debido a su valiente lucha por la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro frente a actividades extractivas.
