La impunidad en Honduras lleva el nombre de Jeannette Kawas

Por: Glenn Flores

Hoy 6 de febrero se conmemora el 25 aniversario del asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández, crimen que aún se mantiene impune.

Este artículo habla del compromiso social de la ambientalista, analiza los hechos que hicieron que su caso se convirtiera en uno de los más paradigmáticos de la justicia hondureña, describe la conducta de los operadores de justicia en la investigación de los hechos,  y finalmente examina por qué en Honduras se atenta contra la vida de los líderes sociales.

ESBOZO DE UNA VIDA COMPROMETIDA CON UNA CAUSA PLANETARIA

Jeannette Kawas nació el 16 de enero de 1946 en Tela, Atlántida; fueron sus padres los empresarios Jacobo Kawas Curry y Blanca Fernández. A mediados de la década de 1970 se casó con el canadiense Jim Watt, con quien procreó dos hijos: Damaris y Jaime.

A finales de los años ochenta regresó a Tela, atendiendo al llamado de su padre para encargarse de los negocios familiares. Además, coordinaría brigadas de estudiantes estadounidenses que aportarían trabajo voluntario en Tela para construir centros escolares en la localidad, entre otras labores. Sin embargo, su situación Comenzó en 1989, con la defensa y protección del medioambiente. Con tal propósito fundó la Asociación Hondureña de Ecología, con sede en Tela. Más tarde, en 1990, contribuyó a crear la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat, más conocida como Prolansate.

La misión de esta Fundación era contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las cuencas hidrográficas de la Bahía de Tela a través de la conservación del ambiente y los recursos naturales, las actividades agroforestales, el desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concienciación ambiental y el cambio de políticas en el manejo sustentable de las áreas protegidas.

Jeannette Kawas, Como presidenta de Prolansate, logró que su organización llegara a ser emblemática a escala nacional e internacional, por su decidida participación en las luchas ambientalistas. Uno de los frutos de dicha labor fue la aprobación del Decreto Ley 154-94, que declaró a Punta Sal como Parque Nacional y por tanto, bajo la protección especial del Estado. A través de la organización y la lucha también logró que se cancelaran los permisos de construcción en el canal paralelo al dique Martínez, ubicado al sureste del Parque Punta Sal.

Y siguió luchando frontalmente contra el aprovechamiento ilegal del bosque y la tala indiscriminada; denunció la contaminación de quebradas y lagunas, y los intentos de organizaciones y personas particulares de apoderarse ilícitamente de la reserva natural de Punta Sal.

En algún momento, estas luchas enfrentaron a Jeannette Kawas con otras organizaciones y actores sociales presentes en la zona, como algunos dirigentes de la Unión Nacional Campesina (UNC) que pretendían establecer a miles de familias campesinas dentro de la Reserva Natural de Punta Sal, y empresarios agrícolas de la compañía Hondupalma, fabricantes de aceite de palma africana.

Dos días antes de su asesinato, ella había dirigido una manifestación para expresar su oposición a la iniciativa gubernamental de conceder títulos de propiedad en el área del parque a ciertos campesinos y empresarios. Durante la protesta, denunció que determinados grupos estaban interesados en obtener dichas tierras para venderlas posteriormente a inversionistas extranjeros que pensaban explotar la zona. De la misma forma denunció a empresarios madereros que tenían la intención de explotar el bosque en la reserva forestal.

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EL DÍA DE SU ASESINATO

El 6 de febrero de 1995, cerca de las 7:30 pm, mientras se hallaba reunida en su casa de habitación con su ayudante personal, Marcial Bueno, Jeannette Kawas fue asesinada, según las declaraciones del testigo principal, rendidas ante el Juzgado de Paz de lo Criminal de Tela, dos hombres que se transportaban en una camioneta color blanca, entraron en los entornos de la casa y uno de ellos disparó en dos ocasiones.

El testigo, Marcial Bueno, declaró haber visto caer a la víctima al suelo como resultado de un disparo recibido en el pómulo izquierdo, el cual procedía de afuera de su casa. El informe de inspección judicial confirmó este testimonio, estableciendo que “en el barrio el centro murió en forma instantánea a consecuencia de un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros, en la parte posterior del cuello, con orificio de salida en el pómulo izquierdo, desconociendo quién o quiénes fueron los autores de dicho delito”. Según la declaración del perito médico, anexada al expediente judicial, “la causa de la muerte probablemente fue por sección de médula espinal con fractura de base de cráneo y por hipovolemia a consecuencia de la pérdida de sangre”.

Indiscutiblemente, el asesinato de Jeannette Kawas no debe disociarse de las luchas que emprendió, porque fueron estas las que pudieron provocar reacciones adversas de las partes que tenían intereses en las reservas ecológicas de Tela; entre estas la UNC, los empresarios madereros como la familia Maloff, y los empresarios que explotan la palma africana, como Hondupalma y Miguel Facussé.

LA CONDUCTA DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

LA POLICÍA

Desde el inicio, las pesquisas estuvieron llenas de anomalías y negligencias misteriosas por parte de los operadores de justicia, especialmente de la policía. Como sostiene la abogada Brenda Mejía, aunque se recopiló bastante información relativa a los potenciales autores intelectuales y materiales del asesinato, así como del automóvil utilizado por los ejecutores materiales, ni la policía ni el Juzgado de Paz de lo Criminal de Tela continuaron el protocolo de indagación conveniente para ahondar en las investigaciones sobre el homicidio de Jeannette Kawas.

Es significativo insistir en algunos aspectos que revelan la desidia con que actuó la policía para indagar este crimen, como los que Joaquín Mejía Rivera señala a continuación: (a) la falta de un resguardo adecuado de la escena del crimen para evitar que se contaminaran posibles evidencias físicas importantes, a tal punto que una gran cantidad de vecinos entró a la casa de la víctima cuando la policía se había hecho presente; (b) la ausencia de recolección de evidencias físicas en la casa de Kawas, como huellas dactilares, fibras, cabellos, rastros de pólvora u otras del uso del arma de fuego que pudieron quedar en la ventana desde donde se hizo el disparo; tampoco se tomaron fotografías del cuerpo de la víctima ni de la escena del crimen, y no se levantó un croquis de la escena; (c) la inexistencia de un acta de autopsia practicada al cadáver para establecer, científicamente, los motivos de la muerte, ya que solamente se realizó un dictamen pericial en que se señalaba una causa probable de muerte; y, (d) la falta de pruebas balísticas de los dos proyectiles que se encontraron en el lugar de los hechos: uno le quitó la vida a Kawas, y el otro impactó en el teléfono. En definitiva, la desidia estatal llegó a tal punto que, entre 1996 y 2003, no se realizó ninguna actuación judicial encaminada a esclarecer los hechos.

EL Ministerio público y El poder Judicial Según la abogada Brenda Mejía, al comienzo el Ministerio Público hizo una excelente labor en este caso. Sin embargo, toda la diligencia inicial se fue diluyendo poco a poco, hasta causar un retardo injustificado en la aplicación de justicia.

El Poder Judicial, siendo el tercer operador de justicia, fue en este caso fiel a su comportamiento histórico de plegarse a los intereses de los poderosos. Aquí se exponen únicamente tres anomalías en que incurrieron los juzgados de la República en el caso Kawas.

El 6 de marzo de 1995, el Juzgado de Paz de lo Criminal de Tela ordenó la captura de Juan Mejía Ramírez y Sabas Mejía Ramírez, presuntos sospechosos del crimen. Pero el 8 de marzo, el mismo Juzgado dejó “sin valor ni efecto la orden de captura librada”.

El 25 de marzo de 2004, el Juzgado negó la petición del Ministerio Público, argumentando que “el auto de prisión decretado al señor […] fue apelado por la defensa”. Y el 9 de octubre de 2006, dos años después de su admisión, la Corte de Apelaciones de La Ceiba resolvió el recurso de apelación y decidió que la orden de captura expedida “se encontraba viciada de nulidad”, ya que surgió “sin haberse presentado requerimiento Fiscal correspondiente”, de acuerdo con el ordenamiento procesal penal vigente.

Se constata, pues, la presencia de una cadena de errores y de malos manejos en el proceder de los operadores de justicia. La policía hizo un tibio simulacro de investigar los hechos, considerando que muchas personas vieron al hechor material. Pero no se quiso ahondar en la investigación por temor a afectar a un miembro de la policía que tenía un fuerte vínculo con los militares. En Tela es un secreto a voces que muchos de los desplazados del Parque Nacional Punta Sal, que habrían recibido títulos de propiedad si no se interpone la acción valiente de Jeannette Kawas, eran y son militares originarios de comunidades aledañas.

LA POSTURA DEL ESTADO ANTE EL CRIMEN DE JEANNETTE KAWAS

Con motivo de una consulta elevada ante la Corte Suprema de Justicia, el 18 de noviembre de 2003, el departamento de Capacitación y Asesoría del Ministerio Público emitió un Informe Técnico Jurídico en el que señaló que de los testimonios rendidos se desprende que la muerte de la señora Kawas estaría vinculada a su trabajo por la defensa del medio ambiente en la Fundación Prolansate. Asimismo, el informe subrayó la presunta participación de agentes del Estado en los hechos.

En dicho informe, el Ministerio Público recomendó, entre otras, la práctica de las siguientes diligencias judiciales: 1) ampliación de testimonios relevantes para el esclarecimiento de los hechos; 2) solicitud de orden de captura contra el sargento de la Policía, Ismael Perdomo, por el delito de coacción; y, 3) ampliación de la acusación contra dicho sargento por delito de encubrimiento.

Asimismo, recomendó la práctica, entre otras, de las siguientes diligencias investigativas: 1) conformar un equipo especial de investigación a fin de evacuar y a la vez recopilar toda la prueba que permita esclarecer este crimen, y 2) diseñar una estrategia de protección a testigos.

Pese a lo anterior, y a la aceptación tácita de un mal manejo del proceso de investigación, el Estado hondureño hizo poco o nada para acatar estas sugerencias y disposiciones, fiel a su tradición de promover y sostener la impunidad.

¿POR QUÉ EN HONDURAS SE DESPRECIA LA VIDA DE LOS LÍDERES SOCIALES?

El líder social comprometido con su causa puede llegar a ser una piedra en el zapato del sistema, sobre todo si su acción se dirige contra el poder establecido que, en Honduras, está sustentado por “poderes fácticos” y elites oligárquicas. Son estos poderes los que desprecian la vida de los líderes sociales y promueven su irrespeto. Primero se proponen desprestigiar el liderazgo popular, para luego destruirlo o manipular las fuerzas sociales que han sido acompañadas o dirigidas por estos líderes. Si con lo anterior no logran sus objetivos, entonces pasan a la eliminación física. Este fue el procedimiento seguido, al pie de la letra, para eliminar a Jeannette Kawas y a otros ecologistas en Honduras. La violencia ha sido el instrumento más utilizado por los grupos oligárquicos para erradicar las amenazas que provienen de los líderes sociales contra su dominación, como fue también el caso de las masacres campesinas de La Talanquera (1972), Los Horcones (1975), El Astillero (1991), entre otras que conmovieron a la opinión pública.

Más allá del crimen contra los líderes sociales como sostiene el historiador Marvin Barahona en Honduras la violencia ha conducido también a la obtención de riquezas y ha desencadenado procesos ilegítimos de acumulación de capital, que a su vez han contribuido a fortalecer la corrupción institucional y se han fundido con el poder político.

La violencia generada por el modelo oligárquico llevó al crimen contra Jeannette Kawas, como se constata en el hecho de que dos de los cuatro principales sospechosos de su asesinato pertenecen a la oligarquía, y los restantes al poder militar, utilizado sistemáticamente para mantener el poder oligárquico en Honduras.

CONSIDERACIONES FINALES

Hasta el momento, el asesinato de Jeannette Kawas se encuentra en total impunidad. El proceso penal se mantiene en su etapa preliminar. No han sido identificados los autores materiales e intelectuales y, por lo tanto, no se ha formalizado ninguna denuncia penal contra personas naturales o jurídicas vinculadas a tal hecho. Asombrosamente, tampoco se ha emitido ninguna medida para proteger a los testigos.

De la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras solo ha cumplido con el deber de indemnizar a las víctimas en materia económica. Lo más preocupante es que, actualmente, el entorno y las circunstancias en que se produjo el crimen contra Jeannette Kawas siguen vigentes, como se constata en las luchas emprendidas por muchas comunidades del departamento de Atlántida, para proteger su territorio y el medioambiente ante la voracidad de los empresarios presentes en la zona.

En un contexto con tales características, es difícil asumir que los derechos humanos serán respetados y protegidos, efectivamente, para toda la población, y para los líderes sociales en particular. En Honduras, los ciudadanos nos encontramos en un estado de completa indefensión. La única manera de transformar positivamente este contexto es erradicando la impunidad y la corrupción, lo que también obliga a pensar en transformar el modelo oligárquico de dominación, sustituyéndolo por una democracia participativa comprometida con la defensa de la vida.