En Honduras estamos a merced del derecho del más fuerte y nos encontramos, como ciudadanos, desprotegidos por un Estado corrupto que no respeta la legitimidad de las leyes, sino que más bien es cómplice de su constante infracción y de la impunidad que surge en consecuencia.
Ni la derecha ni la izquierda políticas han sabido hasta el momento hacer avanzar el Estado de Derecho Social y tenemos un Estado y unos gobiernos que continuamente violentan las leyes y la Constitución, sitiando a la sociedad en una permanente sumisión respecto al narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de influencias, el nepotismo y el clientelismo, así como el abuso de poder en todas las instancias e instituciones políticas y administrativas. Reina el salvajismo de un estado de naturaleza sin que el Contrato o Pacto Social de protección de los ciudadanos esté garantizado por un Estado fuerte, firme y sólido que enfrente la vulnerabilidad de los habitantes de esta nación con decisión y voluntad.
Inmersos en un entorno de constante agresión y violencia, los ciudadanos sufren masacres, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones, extorsión, sicariato, migración forzada y una serie de hechos de violencia estructural ante los cuales intentan defenderse como mejor pueden y por medios mayormente individuales en una sociedad en la que la vida casi no vale nada, y en donde la muerte cerca y acecha continuamente la vida cotidiana y el diario vivir. Ante ello, rige la indiferencia, la negligencia, la desidia y el valeverguismo de las autoridades encargadas de resolver dichos problemas cruciales y urgentes de la actualidad opaca de Honduras.
El Estado hondureño y todos los gobiernos precedentes y actuales en nuestra historia política y social han convertido a la sociedad hondureña en una comunidad altamente vulnerable, deteriorada, maltrecha y atemorizada que sobrevive las continuas agresiones solo gracias a la capacidad de resiliencia individual de sus integrantes.
Sin embargo, esa vulnerabilidad antisocial que se nos ha impuesto desde arriba no ha impedido que los hondureños y las hondureñas nos organicemos cada vez más en una labor de valiente denuncia de la injusticia y lo arbitrario de las estructuras sociales, económicas y políticas que nos rodean. Esos hechos no han impedido que el pueblo hondureño, pese a todo, luche por un mejor país y una mejor sociedad, donde sea realmente posible la realización positiva de la libertad humana.
Pero aún falta mucho por hacer, debemos saber castigar con el voto la ausencia de responsabilidad política de los funcionarios públicos que atentan contra el propio Estado y no castigan con el juicio y la prisión a los que no cumplen con el imperio de la ley. Debemos saber elegir autoridades desde una sociedad resiliente que supere toda forma de opacidad, y para ello, no estamos ni somos miopes.
