Por: Andrés Molina
Tegucigalpa.- Dicen los abogados que en derecho las cosas se deshacen exactamente como se hacen, por tal razón no basta con que un empleado del Estado aparezca leyendo un comunicado público, puesto que el Colegio de Periodistas de Honduras no representa ni los intereses de los periodistas independientes y tampoco es ninguna autoridad de Estado y es visto más bien como un grupo que se presta para defender los más perversos intereses del poder político y económico.
Lo que pareció ser “un bonito” del diputado Oscar Álvarez para tratar de ganar puntos ante el presidente de la República y quien sabe que otros intereses, es un acto cobarde contra los que ejercemos el oficio del periodismo y un duro golpe a la libertad de expresión. El artículo aprobado viola la libertad de expresión y por tanto es una grave violación a los derechos humanos.
La adición impulsada por el diputado nacionalista es una situación embarazosa para Juan Orlando Hernández, ya que pone en riesgo la vigencia de todas las nuevas medidas impulsadas por el Ejecutivo y presentadas ante sus partidarios como de vida o muerte, para un país que se ahoga en la violencia.
Para los periodistas y los ciudadanos que se sienten amenazados por la aprobación del artículo 335-B no es suficiente ni es aceptable que el Colegio de Periodistas aparezca leyendo un comunicado por cuanto el CPH no representa más que una quinta parte de los periodistas del país y ellos no tienen ninguna potestad jurídica para revertir la situación creada.
Quienes defendemos el derecho a la libertad de expresión, la prensa independiente e incluso los que hoy por la razón que sea tienen relaciones de connivencia con el poder, tenemos razones suficientes para estar altamente preocupados, porque nada garantiza inmunidad o elimina la posibilidad de ser condenado por apología del terrorismo.
Si quienes defienden la arbitrariedad tienen alguna duda es mejor que hagan una lectura de lo que dice el Comunicado Conjunto emitido por “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresan su preocupación ante la aprobación de las reformas al Código Penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimo de las garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país”, quienes pocas veces se pronuncian de forma conjunta.
De manera clara los tres organismos internacionales, critican que “las disposiciones penales que tipifican conductas de forma amplia, vaga o ambigua, posibilitando su aplicación arbitraria en diferentes contextos, incluido el de las manifestaciones públicas y la defensa de los derechos humanos resultan contrarias al principio de legalidad” y si violan el principio de legalidad o el derecho a la libertad de expresión la aplicación de la normativa puede ser conocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cualquier momento, aunque Honduras denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos no escapa a la jurisdicción del organismo.
El comunicado firmado por la Comisión como el ente fiscal que revisa los casos que posteriormente son pasados a la Corte Interamericana, hacen que sea una advertencia clara sobre la arbitrariedad cometida por el Poder Legislativo en complacencia del capricho del mandatario del Ejecutivo.
Los organismos internacionales señalan que “en cuanto a la difusión de información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación, los Estados no deben limitar los reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción del terrorismo y otras actividades violentas a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la violencia inminente, sea probable que incite a tal violencia y exista una conexión directa e inmediata entre el reportaje y la probabilidad u ocurrencia de ese tipo de violencia”.
El peligro de la criminalización aprobada por el Congreso radica además de la ambigüedad, en que en Honduras a pesar de que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de la carga probatoria y que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, los jueces y fiscales están coludidos con la corrupción o por desconocimiento invierten los papeles violando el principio de legalidad y el derecho al debido proceso en el que la víctima tiene que demostrar que es inocente y no a la inversa.
Los ejemplos abundan, los más cercanos son las acusaciones múltiples en contra de los estudiantes universitarios instigados por el poder de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes sin haber cometido delito alguno fueron acusados y considerados culpables sin ninguna prueba que demostrara su participación.
Los Fiscales se prestaron a presentar acusaciones a personas que ni siquiera se encontraban en Tegucigalpa y que se encontraban haciendo su práctica profesional como el estudiante Sergio Ulloa, el Periodista Cesario Padilla y Moisés Cáceres a quienes les presentaron requerimiento únicamente por ser fundadores del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) que denunció y cuestionó la legitimidad del poder omnímodo de las autoridades.
Las únicas pruebas presentadas por la fiscalía y aceptadas por jueces corruptos, fue la declaración de un ex militar acusado por organismos de derechos humanos, de ser parte del temido batallón 3-16 Roger Aguilar, quien es el encargado de la seguridad privada de la UNAH.
Los hechos demuestran que nadie está exento de ser víctima de una acusación falsa y de ser enviado a la cárcel como ocurrió con los estudiantes y es por eso que el Congreso nunca debió aprobar una medida que violenta el derecho a la libertad de expresión, que mientras no se derogue en su totalidad cualquiera puede ir a parar a la cárcel.
