Por. Glenn Flores
Existen momentos en la vida de las naciones donde los formalismos jurídicos se transforman en cortinas de humo para ocultar luchas de poder descarnadas. Honduras atraviesa uno de esos episodios, después que la Asociación de Jueces por la Democracia lanzara un comunicado que desnuda una realidad incómoda. El país se encuentra ante la disyuntiva de profundizar la democracia o consolidar el autoritarismo mediante procedimientos que guardan una apariencia de legalidad.
El decreto 282-2010 no representa una simple normativa administrativa. Como bien señalan los jueces, se trata de un problema estructural e institucional que arrastra las marcas de la ruptura del orden democrático. Intentar resolverlo mediante un parche administrativo resulta jurídicamente irresponsable y políticamente oportunista.
La estrategia muestra un cinismo evidente porque el Poder Legislativo busca modificar, por decreto, lo que debería discutirse en la arena pública con la participación de la sociedad civil, los diputados y los expertos. Es la vieja táctica del hecho consumado que intenta presentar como técnico lo que es eminentemente político, buscando desactivar el debate antes de que comience y neutralizar las resistencias mediante una urgencia fabricada.
Esta insistencia en evadir el camino institucional correcto se debe a que una verdadera Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial implicaría abrir la estructura de un Poder Judicial que aún opera bajo lógicas antidemocráticas. Una reforma real significaría establecer sistemas efectivos de carrera profesional, desconcentrar las funciones administrativas de las jurisdiccionales y crear contrapesos donde hoy predomina la discrecionalidad.
El artículo 4 de la Constitución hondureña es tajante al establecer que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. El texto dicta que el gobierno se ejerce por tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales son complementarios e independientes y no mantienen relaciones de subordinación. No es un enunciado vacío, sino el fundamento del pacto nacional que nos constituye.
Cuando el Legislativo pretende reformar unilateralmente las estructuras del Judicial, no ejerce sus atribuciones constitucionales, sino que ejecuta un avance sobre la separación de poderes que erosiona la arquitectura institucional de Honduras. Es un autoritarismo que utiliza la ley como herramienta de control.
La propuesta de los jueces democráticos es sensata y consiste en suspender inmediatamente la reforma del decreto para instalar una mesa técnica interinstitucional entre el Legislativo y el Judicial. El objetivo debe ser elaborar y aprobar una ley que modernice la administración de justicia respetando su independencia. Aparentemente, esto resulta difícil de alcanzar cuando los intereses corporativos y las urgencias políticas prevalecen sobre el bienestar de la nación.
La justicia hondureña se encuentra en un punto que no admite soluciones superficiales. O se opta por el camino legítimo de la reforma participativa o se consolida la vía del atajo autoritario que terminará por destruir cualquier pretensión de estado de derecho. Los jueces han dado la señal de alerta y ahora corresponde a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales impedir este retroceso. Cuando la justicia se debilita, la estabilidad del país entra en una fase crítica donde la omisión es tan perjudicial como la acción arbitraria.
