Por: Joaquín Mejía Rivera
El Estado de Honduras adoptó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 5 de diciembre de 1996. El órgano encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado es el Comité contra la Tortura, ante quien Honduras se comprometió a presentar informes periódicos sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que haya adoptado para erradicar la tortura.
Hace 7 años Honduras presentó su primer informe ante el Comité y el pasado 27 de julio fue examinado por segunda vez en un contexto nacional marcado por la brutalidad policial, la militarización y la impunidad. Durante este segundo examen, la representación del Estado anunció que en “la medida que la Policía Nacional fortalezca sus capacidades se producirá el repliegue de las Fuerzas Armadas en su apoyo a dicho cuerpo, proceso que dará inicio en el último trimestre del 2016”.
Casi un mes después, el presidente Juan Orlando Hernández anunció la creación de dos batallones más de la Policía Militar, creada en el año 2013, los cuales se sumarán a los 6 batallones ya existentes, 3 en Tegucigalpa y otros 3 en San Pedro Sula, con 500 efectivos cada uno.
Es evidente que ambos discursos son contradictorios en relación con la desmilitarización de la sociedad y el Estado; hacia afuera se dice una cosa pero hacia adentro se dice y se hace otra. Lo que está claro es que pese al anuncio hecho ante el Comité contra la Tortura, todo apunta a que la única voluntad política existente en el gobierno actual es seguir fortaleciendo la militarización.
Como lo señala Víctor Meza, este proceso de remilitarización es más profunda y es un retroceso en la construcción de instituciones democráticas, equivale a la reafirmación de tendencias autoritarias y de concentración de poder, es un reconocimiento de la falta de una política de seguridad integral y genera espacios para la violación de los derechos humanos, el abuso de poder y el irrespeto a la ley.
Y para sustentar esta remilitarización se requieren importantes recursos financieros que en muchas ocasiones se asignan en detrimento de las partidas presupuestarias destinadas a garantizar los derechos a la salud y a la educación que, en sociedades tan desiguales como la hondureña, constituyen herramientas fundamentales para reducir las desigualdades y potenciar las capacidades básicas del ser humano.
En este sentido, cuando se comparan las cifras entre los años 2015 y 2016, se evidencia que la partida conjunta consignada a Defensa y Seguridad, además de ser la única que ha experimentado un incremento en el presupuesto nacional, es equivalente a la partida de la Secretaría de Salud.
Como lo señala el Centro de Estudios para la Democracia, el gobierno “está destinando similar cantidad de recursos para compra de armas, vehículos o patrullas policiales y militares, uniformes militares, salarios para policías y militares, que lo que orienta a la compra de medicamento, equipamiento de hospitales públicos, mejoramiento de la infraestructura sanitaria, etc.”.
Por otra parte, el 5 de julio de 2011, mediante Decreto 105-2011 se aprobó la Ley de Seguridad Poblacional -conocida como “Tasa de Seguridad”- que a enero de 2016 generó al Estado unos 9,147.73 millones de Lempiras producto de gravar las transacciones bancarias con una tasa del 0,3%. De acuerdo con una investigación realizada por el abogado Celso Alvarado para el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mayor parte de los recursos que han sido acumulados en los últimos años han sido para Seguridad, Defensa e Inteligencia con un 87%, para prevención con un 7%, para el Ministerio Público y el Poder Judicial con un 5%, y para las alcaldías con un 1%.
Resulta preocupante la evidente desigualdad en la distribución de los recursos, ya que con los asignados a defensa y seguridad podría contratarse un 200% más del personal que actualmente tiene el Poder Judicial y un 600% más de lo que tiene el Ministerio Público. Según otra investigación realizada por la Alianza por la Paz y la Justicia, al comparar el presupuesto de las instituciones operadores de justicia nos encontramos con el hecho que para la Secretaría de Defensa se destinan 6,710 millones de lempiras, para la Secretaría de Seguridad 5,952 millones, para el Poder Judicial 1,934 millones y para el Ministerio Público 1,415 millones.
Si la falta de una investigación efectiva es una de las razones fundamentales que causan los altos índices de impunidad en el país y si el presupuesto es el mejor indicador para conocer cuáles son las prioridades de un gobierno, la distribución antes detallada muestra que la prioridad del actual gobierno no es fortalecer suficientemente las instituciones investigativas del Estado, sino apostar a la represión y a la consolidación del poder militar.
Sin duda alguna, la brecha existente entre el discurso de desmilitarización progresiva de la sociedad y el Estado ante el Comité contra la Tortura, y la práctica de seguir impulsando la militarización, es un ejemplo del cinismo de este gobierno, lo cual, sumado a la inestabilidad estructural y la ambición personalista del presidente Hernández, nos coloca peligrosamente ante lo que el padre Ismael Moreno llama una combinación explosiva para que se consolide un régimen autoritario basado en la fuerza, la represión y la militarización.
