Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ), se ha convertido en la instancia salvadora de políticos acusados de corrupción, tal es el caso de Nasry Asfura quien ha sido vinculado con actos irregulares en el manejo de las finanzas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
A Asfura, actual alcalde del Distrito Central, se le acusa de haber malversado más de 28 millones de lempiras. Ante tal escenario, él junto a su representación legal acudieron a la CSJ, específicamente a la Corte de Apelaciones, para solicitar un amparo con suspensión del acto reclamado.
La Corte aceptó el recurso, y ordenó al Ministerio Público que deje de conocer la causa hasta que la Corte emita una decisión en torno al recurso expuesto por Asfura. Ese mecanismo de acudir a la Corte cuando un funcionario o político están en aprietos se ha convertido en una estrategia muy utilizada.
En su momento, el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, también la usó, pidiendo a la Corte que se suspenda una investigación en su contra, por el caso de Red de Diputados, que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), comenzó y en el cual lo vinculó directamente.
Gracias a la ayuda de la Corte, se pone un alto a las investigaciones y les da un respiro a los imputados. Este accionar a criterio de analistas, es parte de la estructura de impunidad a favor de corruptos.
El analista en derechos humanos y abogado, Joaquín Mejía, dijo que esto evidencia la forma de aplicación de justicia selectiva y del control que los políticos tienen sobre la institucionalidad.
Mejía lamentó que la Corte se preste a este juego, que solo evidencia que la aplicación de la justicia no es independiente y se usa exclusivamente para fines políticos.
Por su parte el abogado Tony García, vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras, valoró la situación como un insulto a la dignidad de la ciudadanía y al deseo popular de justicia en contra de quienes cometen delitos en la administración pública.
“Es inconcebible que la Fiscalía General que fue hecha para defender a la sociedad, para investigar el delito y ahondar en las conductas delictivas de un funcionario, sea paralizada por un mandato de la Corte”, cuestionó García.
García siguió valorando: “es inadmisible que la CSJ le admita el recurso a los corruptos y que acepte suspender el acto reclamado y por ende ordenar que se paralice una investigación contra el señor Asfura en un acto de corrupción por encima de más de 20 millones de lempiras”.
Para el abogado quienes están en el poder han hecho las leyes para beneficiarse de ella y para utilizarla como una alternativa cuando el panorama se torna difícil.
Tanto Nasry Asfura como Mauricio Oliva, ambos precandidatos a la Presidencia por el Partido Nacional, tienen recursos pendientes por resolver en la CSJ, los que por ahora son el principal obstáculo de avance de las investigaciones por actos de corrupción cometidos durante su ejercicio como funcionarios públicos.
