La clase política en la encrucijada: ¿Reivindicación o suicidio?

Por: Rafael del Cid

Por diversos medios se expresa la creciente decepción popular con el liderazgo político del país. Sobresale el chasco con los que actualmente controlan la maquinaria de gobierno, por su incapacidad para mejorar el bienestar de la mayoría de la población. Le sigue el desencanto con aquellos llamados a hacer oposición, por mostrarse tan por debajo de las expectativas ciudadanas. Algo común en ambos liderazgos es su enorme incapacidad para sobreponer los intereses de país a los suyos particulares, muy particulares, en algunos casos por encima de las conveniencias de sus propias agrupaciones políticas. Como parte de esta incapacidad está la inconsecuencia, la falta de auténtica pasión, para identificarse de cerca con las demandas de la mayoría de la ciudadanía. Como lo sostiene Víctor Meza, es incapacidad para saber leer el significado de las actuales circunstancias.

 El país vive una crisis de legitimidad de la actual administración de gobierno (un poder es legítimo cuando tiene la potestad de mandar y ser obedecido sin acudir al recurso de los órganos represivos). Esto se deduce de las varias recientes encuestas de opinión, del omnipresente “fuera JOH” y de las muchas manifestaciones de insubordinación ciudadana. Cierto es que las fuentes de gobierno achacan el origen de la crisis a un dizque “manual o complot chavista”. Pero tal análisis peca de cinismo o ceguera. La crisis tiene su inmediato antecedente en la defenestración violenta de la Administración Zelaya y, aún más recientemente, en la flagrante violación constitucional que ha significado la reelección presidencial.

Para bien de la República existen lo que rotundamente se disgustan ante el abuso y ante el pavoneo descarado de los tramposos. En este caso, se trata del abuso contra la Constitución y, de paso, contra los derechos básicos de la población hondureña, más dócil que noble, pero merecedora igualmente de mejor suerte. Al irrespeto a la Constitución sume la cantidad de hechos que alimentan la sospecha en unos, la convicción en otros, de un fraude electoral. Incluso aceptando los cuestionados resultados oficiales, la ventaja del Partido Nacional no llegó a superar en más del 2% a su más cercano rival. En los sistemas multipartidistas se conoce que ventajas tan pequeñas expone al ganador a serios cuestionamientos de legitimidad. Es por esto que se acude al recurso de la segunda ronda electoral. ¿Por qué este mecanismo no prevaleció finalmente en el caso de Honduras? Por cálculos inmediatistas, miopes, de la clase política. El partido de gobierno planeó varias opciones para garantizar, por la buena o la mala, una nueva victoria, mientras las fuerzas políticas de oposición más importantes abrigaban la esperanza de un triunfo en el que una segunda vuelta sería más bien un obstáculo. El problema de todos estos políticos es que menospreciaron el asunto de la legitimidad, o sea, del reconocimiento por parte de la ciudadanía de que una persona está investida de autoridad pública para ejercer un cargo. En los sistemas multipartidistas la segunda vuelta busca que el ganador lo sea al obtener la mitad más uno de los votos válidos del electorado para darle, precisamente, legitimidad a su mandato. A Pitágoras, filósofo griego y primer matemático puro de la historia, se le atribuye haber dicho que cada número posee un valor cuantitativo y cualitativo, que le confiere un significado físico, psíquico y espiritual. En los sistemas democráticos el número que simboliza mayoría deviene fundamental para legitimar un mandato.

Dado que el bajo nivel de legitimidad gubernamental es la principal (aunque no la única) causa de la crisis actual ¿Cuál es la solución apropiada? En este caso, y por enmarcarse dentro de una violación clara a la Constitución, la salida inmediata del actual inquilino de la Casa Presidencial es la solución al problema. Cierto es que algunos se niegan a ver el deterioro de legitimidad y, por tanto, lo desestiman como factor de la crisis. A estas personas las podemos retar a dirimir la verdad de esta cuestión mediante la utilización del mecanismo mencionado en el Articulo 5 de la Constitución, el plebiscito. ¿Por qué no acudimos, lo más pronto posible, a dicho mecanismo? De ganar el “debe renunciar o irse” se estaría demostrando la ilegitimidad. Si el resultado fuera lo contrario, “que no renuncie o que se quede”, la oposición se quedaría sin su principal argumento. Todo bajo el supuesto que la reglamentación del plebiscito y el desempeño de las autoridades electorales garantizarán transparencia convincente al proceso. Pero con o sin plebiscito, el ocupante del cargo presidencial -que es abogado- debería estar a estas alturas, bastante consciente de la osadía de su acto reeleccionista. ¿Acaso no fue este el motivo principal por el que se descabezó a la administración Zelaya? ¿Qué diferencia hace que uno acudiera al recurso de una cuarta urna y, el otro, al de una consulta a un equipo judicial de dudosa independencia? Ambos recursos difieren, por cierto, pero ninguno llena el requisito de ser el que la Constitución dispone como legítimo. Recuerde el Artículo 375 que textualmente se lee: “esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella dispone”. Solo el pueblo, el soberano, está facultado a cambiar los artículos pétreos, y en ese aspecto nadie, sin demostrar contundentemente que tiene la autorización directa del pueblo puede sustituirlo y cambiar la Constitución, así por así. Entonces, por dignidad, por patriotismo (sobreponer el interés de la nación a intereses personales o tribales) y por ejecución del Artículo Constitucional 239, el ocupante de la silla presidencial debe dejar el cargo. Y tan pronto, mejor.

Un liderazgo político responsable, incluyendo al propio Partido Nacional (¿por qué no?), debería estar exigiendo la renuncia apuntada (con plebiscito o sin este) y también debía estar avanzando en la conformación de un gobierno provisional. Dicho gobierno deberá preparar las bases de un próximo proceso electoral, que igualmente deberá ser, por decencia y retribución de sufrimientos, el más limpio de la historia del país. Esto implicará trabajar en reformas electorales profundas, que provean garantía de limpieza a todos los partidos políticos legalmente inscritos. Si dicho liderazgo trabaja de buena fe en este proceso pueden tener la seguridad de que estará restaurando su propia legitimidad, además, de estar contribuyendo a reparar la resquebrajada cohesión social. He aquí su oportunidad para demostrar que merecen ser considerados como conductores responsables de la nación.

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¿Y qué de parte de la ciudadanía? Nos tocará de ahora en adelante ser más exigentes con la clase política. Tenemos que esforzarnos por escudriñar en el pasado de cada candidato hasta asegurarnos que se trata de una persona honesta y preparada para el cargo. Tenemos que analizar su programa de gobierno y preguntarnos sí contiene promesas específicas y viables relacionadas con las oportunidades que cada uno busca para mejorar sus vidas. Debemos aprender a monitorear y exigir el cumplimiento de sus programas de gobierno, de ser estos de beneficio común, o su rectificación en caso de ser disfuncionales al bienestar colectivo. En breve, evolucionar a ser una ciudadanía más crítica.

Si el actual liderazgo político continúa con su conducta cómplice con el régimen y se limita a pantomimas de oposición, recomiendo como acto de sinceramiento público, que los próximos tirajes de la Constitución de la República se impriman en papel higiénico; así esta cumplirá mejor la utilidad que la mayor parte de la clase política parece estarle atribuyendo.