Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Honduras, expresó que perciben una brecha entre el Estado en Tegucigalpa y la realidad en el Bajo Aguán
Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, señaló que esta situación de debilidad institucional también afecta a otras regiones de Honduras, como Yoro y La Moskitia
Tegucigalpa. – “Nos vamos con la sensación de que existe un Estado aquí en Tegucigalpa y un Estado allá, diferente, y que hay que acortar esa distancia”, dijo la relatora para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak tras su visita al Bajo Aguan.
Pochak, en entrevista con Criterio.hn, indicó que reconocen la apertura del gobierno al escrutinio internacional que realizó el equipo de la CIDH en su gira de tres días, también planteó la necesidad de robustecer la institucionalidad democrática en esta región.
Señaló que hay disposición por parte del Estado para la implementación de decisiones, pero existen “desafíos enormes todavía” para la ejecución de los decretos publicados y compromisos firmados con las personas campesinas y defensoras.
“Hay actas, hay decretos, hay avances en materia de voluntad y de expresión de compromisos, pero que faltan implementarse en la zona”, apuntó.
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Aunque Pochak no dio detalles, entre los acuerdos y normativas pendientes a dar cumplimiento se encuentran el decreto legislativo 18-2024 y la firma del convenio agrario con la administración de Xiomara Castro. El primero busca la protección del ecosistema y la restauración de las zonas protegidas afectadas producto de la actividad minera. Mientras que el segundo pretende solventar el conflicto originado por el despojo de las tierras destinadas a la reforma agraria, sin embargo, a casi tres años de la firma, organizaciones cuestionan la ausencia de acciones.
DESAFÍOS EN JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
La relatora para Honduras de la CIDH recalcó la necesidad de promover una mayor institucionalidad en la zona, y que el Estado debe estar presente en el territorio, no solamente con elementos del ejército sino también robusteciendo la institucionalidad democrática en materia de justicia en la zona.
“La justicia, la fiscalía, los tribunales siguen siendo absolutamente deficientes en la zona”, comentó. Asimismo, señaló que la CIDH se muestra preocupada ante el “desmantelamiento de la política de desarme” en la zona, cuando es el Estado quien debe robustecer y garantizar la seguridad pública.
El doctor en derechos humanos y abogado, Joaquín Mejía, coincidió con la apreciación vinculada a la debilidad institucional por parte del Estado hondureño en la región. Sin embargo, aclaró que no es nuevo ni ocurre únicamente en el Bajo Aguán.
“[E]n el caso del Aguán, primero hay una debilidad estatal, el Estado que está ahí, las instituciones del Estado que están ahí son tan débiles en todos los sentidos que digamos que sus funciones no las ejecutan en función de lo que dice la legalidad, la Constitución, etcétera, sino en función de lo que dicen aquellos que realmente tienen el poder territorial, el control territorial”, expuso.
Este control territorial es ejercido, explicó, por los empresarios de la agroindustria, militares y altos jerarcas del ejército, así como narcotraficantes. Mejía insistió que es una realidad que ocurre en Yoro, el occidente de Honduras y La Moskitia, entre otros. “[F]orma parte de un escenario nacional donde desafortunadamente la falta de presencia o la debilidad de la presencia del Estado provoca esta situación”, planteó.
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Otra muestra del distanciamiento estatal es la presencia de grupos paramilitares en el Bajo Aguán. Una situación que fue advertida por la relatora para Honduras de la CIDH, Andrea Pochak, quien remarcó que la presencia de grupos paramilitares debe ser combatida con las fuerzas y garantías del Estado de Derecho.
La delegación de la CIDH, liderada por la comisionada Pochak, realizó una gira de tres días a Honduras, durante la cual viajó al Bajo Aguán, se reunió con beneficiarios de medidas cautelares y conoció los avances investigativos tras el asesinato de Juan López. Además, sostuvo reuniones con entidades del Estado y organizaciones de sociedad civil para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana en el informe de país presentado en mayo de este año, y que son el resultado de la visita realizada en 2023.
