Por: Alex Navas Álvarez
El Golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales y su gobierno, orquestado por sectores políticos y empresariales y ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), dirigidas en ese momento por el General de División, Romeo Vásquez Velásquez, significó las horas más oscuras que ha vivido el país en los últimos tiempos. Este acto contra la democracia, fue el resultado de una continuada crisis no resuelta, provocada por los amplios márgenes de desigualdad y corrupción, que marcó un antes y un después en la historia del país, y que, a la fecha, ha pasado factura a las instituciones garantes del Estado de derecho, dejando abierta la puerta a paradigmas distorsionados dentro del aparato público, deformando el sistema político y en la gobernanza democrática del país.
No cabe la menor duda, que las heridas de ese golpe siguen abiertas y mientas los culpables de tal fatídico hecho no sean investigados y responsabilizados por sus hechos, la espiral de impunidad seguirá acrecentándose en el país, debilitando aún más la insipiente institucionalidad, que no es capaz de responder a sus obligaciones de proteger la sociedad de flagelos como el narcotráfico, la corrupción a alta escala y la violación sistemática de los derechos humanos.
Uno de los hechos más oscuros en el marco de la agresión militar en medio del Golpe de Estado, fue el asesinato de Isy (Isis) Obed Murillo, ocurrido el 5 de julio de 2009, alcanzado por un proyectil que le quito la vida instantáneamente, todo esto, en medio de una manifestación pacífica multitudinaria, quizás la más grande vista en los últimos tiempos en el país, la cual pretendía acuerpar la llegada vía aérea de Zelaya y restituirlo en su cargo como presidente constitucional en funciones.
El alto mando militar ordenó el bloqueo de la pista del aeropuerto “Toncontin” y militarizó la zona, incluyendo francotiradores en posiciones estratégicas, que ponían en un riesgo inminente a los manifestantes. Al puro estilo “hollywoodense”, aviones de combate de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) amenazaron con derribar el avión que traía al presidente y declararon el “Toque de queda” inmediato y así tratar de disolver la protesta e impedir a toda costa la entrada al país del presidente, que venía acompañado de otros mandatarios, incluyendo Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la República de Argentina.
Quince años después de esos sucesos, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por homicidio y lesiones graves contra Vásquez Velásquez y dos generales más, señalándolos como autores intelectuales de la muerte del joven Murillo. Es importante señalar en este caso que, según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2012, Vásquez Velásquez, tenía el control efectivo y operativo de las Fuerzas Armadas y como jefe de Estado Mayor Conjunto, participo directamente en toda la estrategia represiva que estaba desarrollando en ese momento el Gobierno de Facto, liderado por Roberto Michelleti Bain.
No cabe duda, que el Golpe fue un crimen de Estado, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sustentado por la entronización de un sistema de élites caduco y anacrónico, responsables materiales e intelectuales de una crisis que, hasta el día de hoy, el país no ha podido superar. La captura y enjuiciamiento de altos jerarcas militares y miembros de la junta de comandantes de aquel tiempo, debe ser considerada como un paso positivo en la lucha por adecentar el sistema de justicia, pero también, para producir un efecto de no repetición y reparación a las victimas del golpe de Estado.
El Ministerio Público, también deberá valorar la ampliación de estos requerimientos fiscales, incrementando el radio de acción, mediante la inclusión de la figura de delitos de “Lesa Humanidad”, ya contenidos en el Código Penal y en los tratados internacionales, específicamente en estatuto de Roma (Corte Penal Internacional), aprobado y ratificado por el Estado hondureño y que puede servir como referencia para generar una investigación a mayor profundidad, incluyendo otros actores que también deben ser investigados y acusados por perpetrar estos crímenes.
Al General Vásquez se le deben prestar todas las garantías del caso, para que en la continuación del proceso penal pueda presentar los descargos que su equipo legal considere oportunos (Los mismos abogados de algunos acusados de corrupción de alto impacto y del propio expresidente Juan Orlando Hernández) y el Ministerio Público, por su parte, deberá presentar todas las pruebas científicas, investigaciones rigurosas y evidencias contundentes que acrediten la participación de los tres Generales en la cadena de mando, que tuvo como consecuencia el homicidio del Isy Obed Murillo.
Es importante destacar, que los casos de Ríos Montt en Guatemala, Videla y la Junta Militar en Argentina y algunos jerarcas Militares en Chile (Ej. Manuel “Mamo” Contreras) fueron encontrados culpables por su participación directa para cometer asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra opositores políticos y lideres sociales, entendiendo esto, como la dirección y control desde una posición de poder de las instituciones y especialmente de las fuerzas militares para cometer atrocidades y que como autoridades, nunca detuvieron, investigaron o sancionaron algún subalterno por un hecho reñido con la Ley, sino mas bien, lo acuerparon y apoyaron sus acciones, muy parecido al caso hondureño en el Golpe de Estado y la crisis post electoral de 2017.
A pocas horas de la audiencia Inicial, donde se podrán explorar algunas pruebas y evidencias, la sociedad hondureña exige justicia, pero una justicia objetiva, reparadora y efectiva, donde las victimas también tengan un espacio democrático para resarcir sus derechos, esquilmados por el mismo Estado, que, en un momento de ignominia, se libero de las cadenas y el Leviatán de Hobbes se desbocó contra su mismo pueblo.
