La nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas y el bloque de los partidos aliados, destituyó con 64 votos a los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la noche de este 1 de mayo, en la primera sesión plenaria ordinaria. Por si eso fuera poco, en la madrugada del 2 de mayo, la Asamblea destituyó al fiscal general Raúl Melara y en su lugar impuso otro. Tras ambas elecciones, la Policía Nacional Civil (PNC) fue la encargada de escoltar e instalar en sus nuevos puestos de trabajo a los funcionarios electos.

Esas destituciones fueron consideradas, por organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, como ilegales y un “golpe de Estado” fraguado por el presidente Nayib Bukele y ejecutado por los diputados de la nueva Asamblea Legislativa. Los magistrados propietarios destituidos son: José Armando Pineda, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina de Jesús Marenco y Aldo Enrique Cader. Este último, informó el 2 de mayo que debido a la situación tomó la decisión de renunciar irrevocablemente a su magistratura. Los magistrados suplentes destituidos son: José Cristóbal Reyes, Jorge Quinteros, José Luis Lovo y Sonia Cortés.

Abogados, consultados por GatoEncerrado, explicaron que la destitución de los magistrados de la Sala es inconstitucional, debido a que los motivos para hacerlo no están sustentados en la ley. Los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron, de oficio, una resolución en la que declararon que la destitución fue inconstitucional. 

Manuel Escalante, constitucionalista del Idhuca, dijo a esta revista que la posibilidad de destituir magistrados está constitucionalmente establecida, pero que «lo ocurrido (en la primera sesión de la nueva Asamblea) no encaja con lo que permite nuestro ordenamiento jurídico».

La Constitución de la República, en el artículo 186, establece que los magistrados y magistradas «podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley». Es decir, pueden ser destituidos cuando hayan cometido algún delito o alguna falta y se les haya sometido a un debido proceso, pero eso no es lo que ocurrió. Los diputados de Nuevas Ideas que presentaron la pieza de correspondencia se limitaron a justificar la destitución bajo el supuesto de que los magistrados han interpretado la Constitución de la República de forma contraria a la que hace el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Tras la destitución, los diputados de Nuevas Ideas también promovieron la elección para sustituir a los magistrados. Así que, de forma exprés y sin ningún tipo de proceso y debate, los 55 diputados de la bancada oficialista y nueve de los partidos aliados nombraron a los nuevos magistrados y al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esos nombramientos, según diferentes organizaciones de sociedad civil, son ilegítimos y hasta caen en conductas delictivas.

El mismo artículo 186 de la Constitución establece que debe seguirse un proceso para la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese proceso inicia con la recepción y discusión de un listado de candidatos que envía el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Ese proceso, sin embargo, fue irrespetado.

Tras saltarse el proceso, el diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara recomendó a los nuevos magistrados: Luis Javier Suárez Magaña, quien había sido nombrado de forma irregular por el presidente Nayib Bukele como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); Nahum Martínez, exfiscal y defensor del director de la Policía Mauricio Arriaza Chicas en el antejuicio que enfrentó en 2020; Elsy Dueñas, magistrada de la Corte que buscaba reeleción; y Óscar López Jerez, magistrado de la Sala lo Civil vinculado con el exfiscal Luis Martínez, quien está en la cárcel por corrupción en su gestión. 

René Portillo Cuadra, diputado de Arena, señaló en la sesión plenaria que la destitución y elección de nuevos magistrados adolece de vicios de forma que la invalidan. Argumentó que el artículo 236 de la Constitución contempla que antes de ser destituidos, los funcionarios públicos deben responder ante la Asamblea Legislativa por los delitos comunes y oficiales que cometan, debe tener derecho a defensa y se debe designar a un fiscal. 

Estos vicios de forma ya han ocurrido antes y la Sala de lo Constitucional ha tenido que corregir. El 21 de febrero de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a El Salvador por destituir arbitrariamente a Eduardo Colindres Schonenberg, de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 2 de julio de 1998. Schonenberg fue destituido el 4 de noviembre de 1997, pero fue restituido por la Sala de lo Constitucional porque no se consideró su derecho a audiencia. 

Javier Castro, director de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) dijo a GatoEncerrado que lo que sucedió el 1 de mayo «es un atentado contra el Estado de derecho y la democracia, y una grave ruptura del orden constitucional». 

Eduardo Escobar, abogado de Acción Ciudadana, dijo a esta revista que se trata de un «golpe de Estado técnico» el que ejecutó la nueva Asamblea al destituir de sus cargos a los magistrados sin haberse configurado las causales legales.

«El procedimiento de formación de ley no se ha seguido adecuadamente, porque se usó la dispensa de trámite de forma indebida. Estamos ante un procedimiento ilegal que han seguido, tratando de revestirlo de constitucionalidad y de legalidad», indicó Escobar. 

El politólogo Rubén Zamora dijo en conferencia de prensa, junto a distintas organizaciones civiles, que en su larga carrera política nunca vio tantas violaciones a la Constitución en tan sólo seis horas. También señaló que el hecho de que la Asamblea Legislativa haya realizado una plenaria sin una agenda previamente acordada, como lo establece el reglamento interno, anula las decisiones tomadas en la sesión. 

Esta decisión de destituir a los magistrados de la Sala se ha dado en un contexto en el que ha sido el único contrapeso en el sistema estatal para evitar violaciones a la Constitución cometidas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta revista ha verificado que el presidente Nayib Bukele ha desafiado la Sala con argumentos falsos, al declarar que no obedecería las resoluciones de los magistrados porque le ha ordenaron «dejar morir» a los salvadoreños en medio de la pandemia por COVID-19. 

Inconstitucionalidad

Minutos después de la destitución de los magistrados, la Sala de lo Constitucional emitió resolución en la que declaró inconstitucionalidad la destitución, «en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista (artículo 85 de la Constitución)». Los magistrados manifestaron que existe una marcada intención de suprimir el control del ejercicio del poder, que resulta necesario para una república. 

Esta resolución, de obligatorio cumplimiento, no impidió que la Policía obligara a los vigilantes del recinto de la Corte Suprema de Justicia para abrir las puertas y dejar que entrarán los nuevos magistrados electos. Los agentes policiales, e incluso agentes de inspecciones oculares, allanaron las instalaciones y se negaron a explicar quien dio la orden ni por qué estaban en el lugar, en clara desobediencia a la resolución de la Sala. Minutos después de dejar instalados a los nuevos magistrados, el director de la Policía regresó al Salón Azul de la Asamblea y fue aplaudido por los diputados de Nuevas Ideas.