Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- En Honduras se han gastado miles de millones en estudios y comisiones que al llegar el cambio de gobierno son desechadas por puro sectarismo político.
La misma suerte corrió la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) creada por Porfirio Lobo Sosa, para crear una serie de reformas en todo el sistema operador de justicia y que al llegar Juan Hernández fue simplemente tirada al cesto de la basura.
La CRSP fue creada 31 de enero de 2012, mediante decreto legislativo 04-2012 con el fin de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que incluía la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, escogió a Jorge Omar Casco, Matías Funes (QDDG) y Víctor Meza, el ex miembro de la policía de Carabineros de Chile, Aquiles Blu y también por al representante del gobierno de Canadá y secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell.
La integración, sostenimiento y trabajos de esta comisión le costó al Estado de Honduras la cantidad de 30 millones de lempiras, todo para que al cambio de gobierno, el actual mandatario las desechara sin siquiera leerlas.
En los dos años que operó, la CRSP formuló un paquete de reformas jurídicas para mejorar las acciones del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional; sin embargo, ninguna fue considerada por el Congreso Nacional ni por el Poder Ejecutivo.
Criterio.hn recientemente consultó a Víctor Meza sobre el por qué Juan Hernández, ha desestimado estas propuestas y respondió que por razones políticas y por una falsa concepción de lo que es el sistema de seguridad pública.
A juicio de Meza, el actual mandatario considera que el sistema de seguridad pública debe tener una impronta de carácter castrense, militar, fuertemente acentuada y «nosotros consideramos que no. Que la tarea de Honduras es desmilitarizar la policía y no militarizarla como ocurre actualmente».
“Se está actuando exactamente al revés, de tal manera que las concepciones expresadas por nosotros en los documentos que presentamos junto a Matías Fúnez (QDDG) y Jorge Omar Casco con quienes integraron la comisión de reformas a los entes administradores de justicia, no han sido tomadas en cuenta”, Apuntó Meza.
Esas actuaciones del mandatario y su gobierno reflejan una posición, una concepción, una idea absolutamente diferente que sostiene y mantiene a regañadientes el presidente de la República Juan Hernández, militarizando la policía y la sociedad hondureña, analizó.
Meza apuntó que el presidente le apuesta a la policía militar y nosotros le apostamos a una policía comunitaria como doctrina y como entidad institucional, nació en la Comisión de Reforma de la Seguridad Publica y fue retomada por algunos partidos de oposición.
Entre las propuestas presentadas por la CRSP estaban el pacto nacional para la seguridad; readecuación de la normativa legal relacionada con la seguridad, la evaluación y la depuración del sistema nacional de seguridad pública; regulación jurídica y control de las empresas de seguridad; nuevo sistema de inteligencia nacional; reforma penitenciaria; reglamento del régimen de la Policía comunitaria; nuevo modelo de educación policial y política anticorrupción para operadores de justicia.
En total eran 12 propuestas que fueron elevadas a consideración del Congreso Nacional y al entonces presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, por conducto de la Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.
Los diputados del Congreso Nacional derogaron el 20 de enero de 2014 el decreto que daba vida a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), dándole el tiro de gracia a esta comisión sin siquiera estudiar las propuestas que se habían formulado.
Fuentes del Poder Ejecutivo, manifestaron que el cierre de la comisión obedeció a la “incompatibilidad de criterios y la visión incongruente” de sus comisionados con la política de seguridad pública del nuevo presidente de la República, Juan Hernández quien propugna y por la militarización de la sociedad y los miembros de la CRSP se oponían por considerar que es una mala práctica dentro de los países civilizados.
En su momento, Ebal Díaz, hombre de confianza de Juan Hernández manifestó que la visión los comisionados de la CRSP, es muy diferente a la del mandatario y cito como ejemplo que ellos, en pleno proceso electoral, firmaron un pacto en el que dejaban fuera la esencia de la propuesta de seguridad del entonces candidato presidencial del Partido Nacional, que incluía la Policía Militar del Orden Público y la participación de los militares en la seguridad.
Las propuestas presentadas por la CRSP
PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD
Con esta iniciativa se buscaba que los representantes de los partidos políticos legalmente inscritos e involucrados ya en la actividad electoral firmaran un pacto nacional por la seguridad, en el que expresaran claramente sus coincidencias básicas en torno al tema, la firma de este pacto molestó a Juan Hernández, según lo señaló Ebal Díaz.
REGULACIÓN JURÍDICA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
Esta iniciativa proponía la conformación de un grupo de profesionales que recabara y organizara información y formulara recomendaciones para una propuesta de marco normativo y de funcionamiento operativo de las compañías de seguridad privada en Honduras.
SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL
Con este proyecto e buscaba la organización de un sistema de inteligencia nacional que asegurará la coherencia y complementariedad en el trabajo de las distintas unidades y servicios que recogen y procesan información para asegurar la defensa y seguridad del país.
REFORMA PENITENCIARIA
Ante la precaria realidad imperante en las cárceles se proponía la reforma del sistema penitenciario en Honduras mediante un proyecto de generación de herramientas clave para apoyar la transformación y el mejoramiento de las condiciones y servicios que se ofrecen en los centros penitenciarios del país.
READECUACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PÚBLICA (MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL Y POLICÍA NACIONAL)
Con esta propuesta se pretendía fortalecer el sistema de justicia mediante un proceso de revisión y propuesta de herramientas legales que ofreciera el apoyo necesario para la eficaz y eficiente impartición de justicia y generar un modelo de seguridad pública moderno.
EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Aquí los comisionados Meza, Funez, Blu, Casco y Blackwell pretendían fortalecer a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante el diseño e implantación de un mecanismo que brindase los espacios adecuados para la evaluación del cumplimiento de las funciones y procedimientos en materia de seguridad.
MODELO DE RELACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CON LOS ÓRGANOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL
Este modelo estaba orientado a apoyar los esfuerzos de relación entre la Policía y los municipios, armonizando los requerimientos de la seguridad comunitaria y la función policial para generar modelos de seguridad local participativos y apegados a su realidad específica.
LEY Y REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE LA POLICÍA COMUNITARIA
Esta iniciativa iba orientada a fortalecer los vínculos entre la Policía Nacional y las Municipalidades, orientada a la desconcentración policial y a que las Corporaciones Municipales ejerzan funciones de orientación, supervisión y evaluación sobre las actividades de la Policía Nacional dentro de su jurisdicción territorial.
Esta fue otra manzana de la discordia con Juan Hernández ya que la candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Zelaya propugnaba en su campaña por la Policía Comunitaria, contraria a la militarización ofrecida y practicada ya por el presidente Hernández.
NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN POLICIAL
Aquí se buscaba profesionalizar la policía con la implementación de herramientas educativas que condujeran al país a tener una policía más profesional y capacitada.
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN PARA OPERADORES DE JUSTICIA
De todos los hondureños es conocido la enorme corrupción imperante en un buen número de los miembros de la Policía Nacional por eso se proponía una Política Nacional Anticorrupción que estableciera las normas de conducta y ética en los operadores de justicia y para ello se proponía la creación de mecanismos de transparencia, prevención de la corrupción, denuncia y sanción de los actos de corrupción en las instituciones vinculadas con el sistema de operación de justicia.
