Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Juzgado resolvió ordenando a la municipalidad de la Unión, Copán, CESAR Y HACER CESAR DE INMEDIATO las exhumaciones de difuntos inhumados en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.
El histórico conflicto entre las comunidades del municipio de la Unión Copán y particularmente la lucha de Azacualpa en defensa de su cementerio ha tenido finalmente un chispazo de luz en medio de la cooptada justicia hondureña.
Por más de 200 años, los habitantes de Azacualpa en La Unión, Copán han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos en el cementerio de la comunidad, ubicado en la parte alta de la montaña, donde jamás pensaron que llegaría la maquinaria de la empresa Minerales de Occidente S. A. (Minosa). Desde hace más de dos siglos, los pobladores de Azacualpa entierran a sus familiares en el mismo sitio. Se desconoce los restos de cuántas personas yacen en el cementerio, pero sí que descansan sobre una montaña de oro, como lo señalan algunas notas de prensa.
El cementerio ha sido definido por historiadoras y antropólogas como Sempé, Rizzo y Dubarbier, 2002, como un lugar de memoria social, y como tal, un testimonio permanente de las creencias, costumbres e historias de la comunidad a la que pertenece y representa. Adquiere un valor como patrimonio cultural de una comunidad.
Como continuación del conflicto y de la búsqueda de justicia por parte de la comunidad, el lunes 7 de mayo, presentaron una acción de amparo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula solicitando parar las exhumaciones de cadáveres desarrolladas por la empresa mercantil Minerales de Occidente S. A. de C. V., conocida por sus siglas MINOSA, culpable del desplazamiento de varias comunidades y del permanente conflicto en la zona.
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, en escrito de fecha 9 de mayo de 2018, resolvió admitiendo la acción de amparo promovida por habitantes de la comunidad de Azacualpa, representados por el abogado Víctor Fernández y el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, dentro del término de 24 horas que establece la ley y ordenó a la municipalidad de la Unión, Copán, CESAR Y HACER CESAR DE INMEDIATO las exhumaciones de difuntos inhumados en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.
Estos hechos, tal y como lo expresa la acción de amparo, violentan su derecho a la soberanía comunitaria, a la cultura, a la integridad personal, física, psíquica y moral y el derecho a la familia, y del resto de los y las habitantes de la comunidad de Azacualpa. La Municipalidad de la Unión, y de forma específica la oficina encargada de la Administración y Control de Cementerios, son las encargadas de la protección del cementerio comunal de Azacualpa, pero, contrario a ello, por omisión ha permitido el cierre del mismo y la realización de exhumaciones de los cadáveres depositados en él.
El conflicto de la comunidad de Azacualpa provocado por la empresa MINOSA, data desde el 2012 cuando la sociedad mercantil manifestó su pretensión de explotar el cerro del cementerio, sin embargo, la concesión otorgada data de 1983 y desde el 2009, MINOSA adquirió los derechos que antes pertenecían a la empresa Yamana Gold Inc. La historia de esta empresa es un largo compilado de graves violaciones a derechos humanos, sin embargo, en los últimos dos años se ha agravado debido a las exhumaciones y efectuadas violentando la decisión de la comunidad de no cerrar el cementerio, expresada en cabildo abierto de fecha 11 de enero de 2015.
El equipo legal del MADJ, representante de la comunidad, notificó el día de ayer, 10 de mayo a la Municipalidad de la Unión Copán de la resolución, la cual se ha dado por enterada mediante firma y sello de recibido sobre una copia de la misma. De igual forma, presentó este día 11 de mayo escrito formal al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en la cual notificaron de la resolución a fin de que ambos entes ejerzan su papel como garantes de los derechos de la población de la comunidad de Azacualpa ante los reiterados atropellos de MINOSA.
En cuanto a la empresa respecta, esta tiene la obligación de parar las exhumaciones y por ende la serie de violaciones a derechos humanos de la población de la zona provocadas por sus actividades. En aras de evitar confrontaciones innecesarias con la comunidad, deben acatar lo dictado por el órgano judicial. MINOSA debe entender que más allá de su finalidad económica, tiene responsabilidades con los derechos de la población de la comunidad de Azacualpa y de la población hondureña en general, en el marco del ordenamiento jurídico nacional y de los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.
A pesar de los reveses, el rompimiento del tejido social y familiar y todo el dolor provocado por MINOSA, la comunidad de Azacualpa ha obtenido un pequeño, pero significativo triunfo. Está determinada a luchar no solo por parar las exhumaciones en el cementerio, sino también porque la empresa se detenga en su pretensión de despojo y destierro de comunidades enteras, por su ambición minera. Pero, sobre todo, ha comprendido más claro que nunca, que el único camino en su lucha, no es únicamente el cementerio, sino, el de la dignidad y la justicia.
