Defensa de la Ofraneh llamó a estar alertas ante la posibilidad de que los acusadores intenten impugnar la resolución ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba
Tegucigalpa, Honduras. – Tras seis días de audiencia inicial, en la que incluso hubo cambio de juez y jornadas que se alargaron hasta por 13 horas, se dictó sobreseimiento definitivo en favor de las cinco personas garífunas de la comunidad de Santa Fe en los Juzgados de Trujillo, Colón.
Cesia Noemi Guillén Miguel, César Geovany Bernárdez Herrera, Luis Fernando Calderón, Cindy Margarita Barbareño Fernández y Gilma Hidel Bernárdez Elis, fueron acusados por la supuesta comisión de los delitos de desplazamiento forzado y usurpación agravada.
El proceso desde el principio llamó la atención debido a la celeridad entre la denuncia el 22 de junio y la presentación de un requerimiento fiscal el 8 de julio que fue presentado, pese a que el sistema judicial hondureño se encontraba de vacaciones, explicó a Criterio.hn hace dos semanas el abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Caleb Navarro.
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“Como ya lo dicen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], el juez ha entendido que este tipo de conflictos no se deben de resolver en la materia penal, ordena dirimir el conflicto por la vía administrativa y que debe ser el Instituto Nacional Agrario, o sea el INA, el órgano administrativo a cargo de delimitar la tierra y resolver el conflicto”, explicó la abogada durante una conferencia que fue transmitida desde el perfil en Facebook del Comunicador Garífuna.
El anuncio fue realizado frente al Palacio de la Justicia de Trujillo, en medio de un ambiente de algarabía tras días de angustia, y en el que se dieron cita garífunas de distintas comunidades que residen a lo largo de la costa norte de Honduras.
Oliva apuntó que el juez se respaldó en la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos contra el Estado de Honduras y que corresponden a Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan, por lo que declaró un sobreseimiento definitivo en favor de las cinco personas garífunas criminalizadas.
La profesional del derecho aclaró a las y los presentes, que si bien la decisión del juez es una buena noticia, el caso continúa puesto que los acusadores privados y fiscales pueden apelar el fallo ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba, recordando los antecedentes que tiene este Tribunal.
“Esta sentencia es justa, es correcta, y la Corte de Apelaciones de La Ceiba no tendría fundamentos para darle vuelta [al fallo]. Para que esto quede firme, hay que estar pendientes de esa Corte de Apelaciones”, concluyó Oliva.
Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, sostuvo que es necesario continuar luchando para que se respete el territorio garífuna. “Este sobreseimiento definitivo [mediante el cual] no necesitan andar firmando nuestros compañeros, es lo más importante”, agregó la defensora territorial.
“Esta sentencia que se ha dado hoy, ratifica el derecho que tiene el pueblo garífuna sobre esta tierra en litigio”, afirmó Miranda, quien invitó a continuar luchando por recuperar todo el territorio ancestral del pueblo garífuna.
La semana pasada, la Delegación Internacional de Solidaridad con el Pueblo Garífuna, denunció ante el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, a su subalterno en Trujillo, Juan González, por prácticas corruptas y racistas.
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