El proceso por el crimen del defensor ambiental sigue marcado por retrasos y falta de resultados contra los autores intelectuales, mientras familiares, defensores y organismos internacionales exigen verdad y protección para quienes luchan en defensa del ambiente en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – A casi un año del asesinato de Juan López, defensor ambiental y coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el reclamo por justicia permanece vigente entre quienes compartieron con él la defensa del territorio, el río y los bienes comunes frente al avance extractivo y la complicidad institucional.
El proceso judicial que busca esclarecer su muerte enfrenta retrasos, obstáculos y fuerte presión social. De acuerdo con el abogado Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, –quien participó en un foro sobre el legado de Juan López— el Ministerio Público inició la investigación con fiscales que habían previamente criminalizado a López y a otros defensores, lo que generó dudas sobre su imparcialidad.
El 14 de septiembre de 2024, López fue asesinado tras una campaña sostenida de amenazas por su persistente denuncia de la corrupción, la extracción ilegal y la defensa de bienes naturales como el Parque Nacional Carlos Escaleras.
“Las víctimas y la sociedad hondureña tenemos derecho a saber quiénes ordenaron, planificaron y pagaron el asesinato de Juan. El Estado debe garantizar la investigación exhaustiva y la protección de quienes siguen luchando por los bienes comunes”, enfatizó.
De acuerdo con Tábora, la Fiscalía conformó un equipo independiente para investigar el caso, logrando capturar a tres presuntos autores materiales, entre ellos Óscar Guardado, identificado como quien disparó a Juan. Sin embargo, la causa ha estado marcada por la lentitud judicial, cancelaciones repetidas de audiencias y la ausencia de avances contra los autores intelectuales, pese al compromiso inicial del Ministerio Público y el fiscal general por diligencia y resultados.
“La investigación se ha enfocado más en los ejecutores, pero el avance sobre los responsables de planificar, pagar y ordenar el asesinato ha sido insuficiente. Ya hay demasiadas demoras y poca transparencia para las víctimas y la sociedad”, advirtió Tábora, subrayando que la impunidad gana terreno cuando las investigaciones se alargan, permitiendo la pérdida de pruebas y el desgaste de quienes exigen justicia.
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ASESINATO SISTÉMICO DE DEFENSORES Y RESPONSABILIDADES DEL ESTADO
Para Claudia Paz y Paz, directora para México y Centroamérica de CEJIL, la muerte de Juan es parte de una escalada sistemática de violencia contra quienes defienden el ambiente en Honduras. “Defendió los bienes comunes incluso con su vida. El sistema judicial inoperante y la falta de protección estatal dejan a los defensores librados a su suerte”, señaló, recordando que, como López, otros activistas asesinados en años recientes contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado no cumplió.
Paz y Paz enfatizó la obligación estatal de investigar de manera independiente, eficiente y con la participación de las víctimas, evitando la dilación y yendo más allá de los autores materiales: “Es imprescindible llegar hasta quienes planificaron y financiaron el crimen, porque de lo contrario el riesgo para los movimientos y líderes persiste”.
El llamado internacional es claro: la Fiscalía debe abrirse a recibir asistencia técnica y demostrar con hechos su compromiso contra la impunidad.
De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 30 defensores del ambiente, la tierra y de pueblos originarios murieron violentamente en Honduras entre 2022 y 2024.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó en su informe anual que al menos cinco personas defensoras y tres periodistas fueron asesinados en el país durante 2024. Además, la OACNUDH subraya que la conflictividad agraria y ambiental sigue cobrando vidas y que los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro concentran la mayoría de los casos.
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LA EXIGENCIA DESDE LOS TERRITORIOS: JUSTICIA PARA JUAN, JUSTICIA PARA EL PARQUE
A pesar del clima de miedo, la criminalización y los intentos de desgaste, Juana Zúniga, coordinadora actual del Comité, asegura que la fortaleza del comité y la semilla de resistencia sembrada por Juan siguen presentes. “No podemos retroceder, aunque haya incertidumbre. Lo que nos sostiene es el amor por el territorio y las futuras generaciones. Seguimos exigiendo justicia plena, no sólo para Juan, sino para todos los defensores y defensoras de la vida”.
“Defender el río, el parque y la vida es resistir, como nos enseñó Juan”, asegura Juana Zúniga, quien exige investigar y sancionar a los verdaderos responsables del crimen. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Juana Zúniga, recuerda a Juan como mentor, compañero y ejemplo de entrega total. “Él pensaba en todos antes que en sí mismo, por eso nos duele tanto su ausencia y nos indigna que este crimen siga sin castigo”. Para ella, la justicia para Juan es inseparable de la justicia para el Parque Nacional Carlos Escaleras y los demás bienes amenazados.
La cancelación del megaproyecto Pinares Ecotec –parte del Grupo Emco Holding— y liberar las áreas concesionadas son demandas centrales. “Luchamos por un futuro donde las comunidades no estén sometidas a la explotación y el miedo. Juan decía: ‘Justicia para mí es la liberación del parque’”.
Para Juana y el comité es fundamental que se investigue y sancione a quienes planificaron y ordenaron el crimen: “Juan tocó intereses muy grandes, y para que ya no sigan asesinando compañeros debemos llegar a la verdad y evitar la impunidad”, enfatizó
