Justicia popular y facultad rectora

Por: Irma Becerra

El colega filósofo y amigo hondureño, Mario Coto, me ha pedido que explicite más el concepto de “justicia popular” con el que finaliza mi último ensayo, porque dicho concepto no existe en filosofía ya que con ello imperaría el arrebato, la pasión y lo inmediato. En esa oportunidad, yo hacía referencia a que en nuestro país ya no queremos más basura corrupta, sino que perseguimos la justicia popular porque necesitamos una frontal lucha contra la corrupción política y moral que haga justicia a las víctimas del saqueo de los sistemas de salud, educación, cultura, vivienda, etc., en fin, de todos los sistemas sociales cuyos fondos han sido desviados a los bolsillos particulares.

Usábamos la expresión “justicia popular” porque nos referíamos en primer lugar, a una justicia institucional necesaria que provenga desde la Secretaría del Poder Popular del gobierno de Xiomara Castro, ya que actualmente se dedica, a pesar de su nombre, a la simple propaganda gubernamental que define continuamente, por ejemplo, por la radio a la presidenta como “una presidenta en resistencia”, pese a encontrarse ella en el poder. Creemos que esa Secretaría debería funcionar unida a la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, para enjuiciar y llevar a prisión a todos los funcionarios corruptos, independientemente del partido político del que éstos sean.

En segundo lugar, el término de “justicia popular” no lo empleamos como acción voluntarista y subjetiva de elementos del pueblo, sino como acción deliberada y consciente que parte del ejercicio de la facultad rectora de toda Ética Ciudadana que incorpora al hombre y la mujer intradirigidos que saben lo que deben hacer y que lo que hacen está éticamente correcto. La justicia popular se convierte así en un aporte a la justicia institucional que contiene la intradirección objetiva del sujeto humano entendido como ciudadano de una nación y un país, al que le interesa presionar para que ya no exista más impunidad y corrupción antisociales. En este sentido, creemos que dicho término se debe incorporar a la terminología filosófica para definir la acción de la presión y la violencia justa ciudadana que surgen cuando los gobernantes hacen oídos sordos a las necesidades y las carencias de los integrantes de una comunidad o sociedad en general.

La facultad rectora es pues, unida a la justicia popular, la firme constitución de la voluntad general dirigida por una conciencia interior basada en evidencias y hechos, así como denuncias de la persecución a que son sometidos aquellos que se atreven señalar a los corruptos de todos los frentes y lugares del mundo. Ambas, tanto facultad rectora como justicia popular no pueden existir separadas porque no es el accionar carente de reflexión o instintivo lo que las guía, sino la práctica coherente y seria conducida por una teoría y doctrina filosófica fundamentada en conceptos, criterios y juicios de crítica deliberativa cuyos relatos testimoniales nos ayudan a descifrar y a no encubrir más la verdad en la historia.

En este sentido, hacemos hincapié en la ausencia de facultad rectora y justicia popular tanto de los gobiernos de ultraderecha como los de ultraizquierda, cuya violencia común es siempre la misma y se dirige mayormente hacia las personas razonables, juiciosas, que piensan, reflexionan y meditan antes de actuar y decidir algo, y que no son simples borregos seguidores, gritones de consignas, que alardean y alaban la conducta inapropiada de funcionarios caudillos autoritarios.

Especial experiencia hemos tenido con el comportamiento de los camaradas de izquierda que ocultan sus verdaderos compromisos con la conducta irracional y violenta. Baste para ejemplificar lo anterior, con preguntarle a la ex ministra de Noruega, la doctora Gro Harlem Brundtland cómo se portaron con ella sus correligionarios izquierdosos socialistas del Partido del Trabajo, un atajo de ineptos y borrachos que intentaron a toda costa impedirle llegar a presidir el país nórdico, sólo por ser una mujer razonable y seria, que no participaba de sus orgías y con un título de la Universidad de Harvard que les dolía mucho a estos “camaradas de izquierda”.

En la historia tenemos también el ejemplo negativo de Pedro El Grande, el Zar violento, alcohólico y admirador de Occidente que reverencia hoy Vladimir Putin, y que desprovisto de facultad rectora envenenaba el alma rusa de su pueblo. Como leemos en abc.es: “Si bien los siglos harían por glorificar al que en 1721 fue proclamado Padre de la Patria y Emperador de todas las Rusias, el Zar fue denostado en su día por sus enemigos como un personaje degenerado y entregado a las modas extranjeras. No ayudaba a dulcificar su imagen sus ademanes autoritarios y una personalidad muy excesiva. Alcohólico, juerguista y violento con sus ministros, Pedro acostumbraba a reunirse con un “sínodo de borrachos”, disfrazándose y divirtiéndose bajo la principal norma de “venerar a Baco bebiendo a lo grande y de forma honorable”.

En su libro ‘Los Románov. 1613-1918´, Simon Sebag Montefiore explica que la Asamblea de los Locos, Bromistas y Borrachos era “una sociedad de bebedores y comilones que en parte equivalía al gobierno de Rusia en su versión más brutal y estridente”, integrada por entre 80 y 300 invitados, entre los cuales había un circo de enanos, gigantes, bufones extranjeros, calmucos siberianos, nubios de piel negra, monstruos de obesidad y chicas casquivanas, que empezaban la juerga a mediodía y continuaban con ella hasta la mañana siguiente…”.

De más está decir, que Putin ha heredado esta ausencia de facultad rectora y entiende la justicia como ajusticiamiento personal mandando a asesinar y denigrar a todo el que se le oponga.

El gobierno izquierdista radical de Xiomara Castro no promueve valores ni principios éticos, ni mucho menos cultura de emprendimiento consciente que sea una promoción adecuada de la facultad rectora contra los borrachos, los que han fumado y fuman marihuana, los alcohólicos, los vagos, los que se meten cocaína y heroína y quién sabe cuántas cosas más, etc., sino que deja al libre albedrío a sicarios, asesinos, extorsionadores, mareros, etc., para que sigan cometiendo masacres, feminicidios, extorsiones, asesinatos, violaciones, desapariciones, etc., de integrantes de todas las minorías étnicas y de género, de los defensores de derechos humanos y la tierra, los pueblos originales e indígenas, etc. No han resuelto mucho, no han resuelto nada. Así que solo nos queda apelar a la justicia popular ciudadana para presionar por la realización de la facultad rectora en los que actualmente están gobernando Honduras para que asuman las consecuencias de sus actos.

Marco Aurelio, exemperador y militar romano, autor del concepto de “facultad rectora”, escribió en su libro “Meditaciones” acerca de la muerte lo siguiente: “Vivimos por un instante, sólo para caer en el completo olvido y el vacío infinito de tiempo de esta parte de nuestra existencia”, y, “piensa en lo que han hecho, tras pasar una vida de implacable enemistad, sospecha, odio…ahora están muertos y reducidos a cenizas”.

Hay límites. Hay un límite para la conducta irresponsable. Siempre hay un castigo. Los mayas de Copán tenían una preciosa escultura de un perro con la jeta abierta que simboliza el estupor de los que violentaban el orden comunal al recibir el castigo merecido. Pienso aquí, en todos los escándalos de corrupción ocurridos en la historia de Honduras, especialmente en su historia reciente, como el caso de los periodistas Hermes.

¡Veremos sus jetas! ¡Si osáis ir contra el camino del Bien de los hombres y mujeres decentes intradirigidos, os estrellaréis irremediablemente contra los muros imperturbables y firmes de la incorruptibilidad y la inocencia!