La muerte de Juan López se ha convertido en un símbolo de resistencia internacional contra la violencia sistemática que enfrentan los defensores ambientales en América Latina, movilizando a una coalición de organizaciones de derechos humanos que demandan justicia y el cese de la impunidad en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. – La lucha por la justicia por el asesinato Juan López ha trascendido las fronteras de Honduras, movilizando a una coalición internacional de organizaciones de derechos humanos que exigen esclarecer su asesinato y detener la violencia sistemática contra defensores ambientales.
En ese sentido, diversas organizaciones internacionales realizaron la gira Gira de Incidencia y Solidaridad en la Zona del Aguán: “Justicia para Juan y cese a la conflictividad agraria y socio ambiental”.
La delegación reveló varios puntos críticos de preocupación sobre la situación de derechos humanos en Honduras y la creciente violencia en el Bajo Aguán. Entre estos se destacan: la falta de investigaciones integrales sobre los crímenes contra defensores ambientales, la persistente impunidad en casos como el asesinato de Juan López.
Otras de las preocupaciones es el incumplimiento del Estado en la instalación de la Comisión de la Verdad comprometida desde 2022, la ausencia de implementación del Decreto 18/24 que protege áreas naturales, la criminalización sistemática de líderes comunitarios, y la vulnerabilidad continua de las comunidades del Bajo Aguán frente a proyectos extractivos.
Además, manifestaron especial alarma por la ineficacia del Mecanismo Nacional de Protección, que no ha logrado garantizar la seguridad de personas defensoras de derechos humanos, a pesar de existir medidas cautelares vigentes.
INVESTIGACIÓN INTEGRAL
Tras las reuniones sostenidas con las fiscalías de Delitos contra la Vida, Transparencia y Medio Ambiente, la delegación internacional reveló graves preocupaciones sobre la metodología investigativa en casos de violencia contra defensores ambientales.
Destacaron la fragmentación de las investigaciones, que impide un análisis integral del contexto de los delitos, y exigieron un abordaje con perspectiva diferenciada que considere el perfil de las víctimas y cómo su labor de defensa de bienes comunes ha sido el detonante de la violencia sistemática.
Liliana Caballero, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Mesoamérica, expresó su preocupación por el estado de las investigaciones relacionadas con el caso de Juan López. “Es fundamental que las investigaciones sean integrales y no sectorizadas, ya que esto dificulta entender la violencia sistemática que enfrentan estas comunidades”, afirmó.
La abogada enfatizó que el caso de López es sólo una manifestación de un conflicto más amplio relacionado con el acceso al agua y los recursos naturales.
IMPUNIDAD COMO UN OBSTÁCULO
La impunidad se ha convertido en el principal combustible de la violencia sistemática contra defensores ambientales en América Latina, generando un círculo perverso donde la falta de investigación y sanción de los crímenes alienta la continuidad de los asesinatos.
Dora Lucía Arias Giraldo, abogada colombiana y miembro de la Asociación Colombiana de Abogados y Abogadas Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, señaló que la impunidad es uno de los puntos más críticos que rodea a los crímenes contra defensores de derechos humanos. “Superar la impunidad es vital para evitar que estos hechos se repitan”, enfatizó.
Además, Arias, enfatizó que la situación que enfrentan las comunidades defensoras de derechos humanos en el país es preocupante. Arias destacó que tanto Honduras como Colombia son escenarios donde el ejercicio de la defensa de los derechos humanos se ha vuelto “extremadamente riesgoso”.
De acuerdo con el informe de Global Witness, Honduras se ha consolidado como el país con la mayor tasa per cápita de asesinatos de defensores de derechos humanos en 2023, 18 defensores asesinados, un dato alarmante que evidencia la crítica situación de violencia sistemática contra activistas ambientales y defensores de territorios.
Colombia se encuentra en el primer lugar del ranking mundial de asesinatos de defensores ambientales. En 2023, el país registró 79 asesinatos, la cifra más alta desde que la organización comenzó a documentar estos casos en 2012.
La abogada hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que se comprometan a investigar a fondo y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes, incluyendo a los autores intelectuales detrás de las violaciones a derechos humanos.
Esta coalición, compuesta por al menos 15 organizaciones civiles y eclesiales, se reunió con el objetivo de exigir justicia por el asesinato de Juan López y visibilizar la conflictividad agraria y socioambiental en Honduras.
