Con el sobreseimiento definitivo el exalcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri, quedó absuelto de responsabilidad penal en su contra, por lo que se le otorgará cartas de libertad
Padilla Sunseri se suma a la lista de exfuncionarios que han sido beneficiados con la Ley de Amnistía, calificada por diversos sectores de sociedad civil como un nuevo Pacto de Impunidad
Tegucigalpa, Honduras. – La Ley de Amnistía –conocido como pacto de impunidad— ha beneficiado a otro exfuncionario del gobierno de Manuel Zelaya, en esta ocasión al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien ha recibido un sobreseimiento definitivo en los casos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula confirmó la decisión, luego de declarar Sin Lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada a favor del exedil por parte del Juzgado de Letras de lo Penal, donde se le aplicó del decreto 04-2022 (Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan).
Padilla Sunseri, quien fue alcalde de San Pedro Sula durante el periodo 2006-2010 bajo la administración de Zelaya, había sido acusado de utilizar indebidamente recursos municipales y tomar decisiones que favorecieron intereses particulares. Estos señalamientos fueron parte de una serie de investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades durante su mandato.
El pasado 8 de abril de 2022, el Juzgado de Letras de lo Penal declaró con lugar la solicitud de aplicación de decreto 04-2022 a favor del exedil de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, en tres de los siete procesos judiciales en su contra.
En septiembre de 2017, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) obtuvo un Fallo Condenatorio contra el exalcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri, quien era acusado por el delito de abuso de atoridad.
En ese momento, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en una causa instruida en contra el exedil por el otorgamiento de un préstamo de 400 mil lempiras a la exjefa de Control de Ingresos de esa Municipalidad, Ada Esperanza Muñoz.
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JUSTICIA HONDUREÑA A FAVOR DE EXFUNCIONARIOS, PERO PERSIGUE A DEFENSORES
Mientras la justicia hondureña favorece a exfuncionarios y políticos a fines al expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya, se ensaña contra defensores de los bienes comunes.
En horas de la mañana, del jueves 19 de septiembre de 2024, se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de La Ceiba revocó el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores de los ríos Guapinol y sector San Pedro, incluido el recientemente asesinado, Juan Antonio López.
El exfiscal y coordinador del Bufete de Estudios para la Dignidad (BED), Víctor Fernández, es desalentador que la justicia hondureña haya reabierto el caso contra los defensores de Guapinol, y haya exonerado al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.
Fernández señaló que la aplicación de la Ley de Amnistía en el caso del exedil sampedrano no esta dentro del contexto de persecución política, ya que los delitos de los que Padilla Sunseri eran contra la administración pública.
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FUNCIONARIOS DEL PODER CIUDADANO SON BENEFICIADOS POR AMNISTÍA POLÍTICA
Hasta el momento varios exfuncionarios del gobierno del depuesto presidente de Honduras (2006-2009) Manuel Zelaya Rosales, han sido beneficiados con el polémico decreto 04-2022, que fue aprobado en febrero de 2022 por el Congreso Nacional.
El 6 de marzo de 2024, el director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, fue beneficiado con la Ley de Amnistía Política quien era acusado por malversación de fondos públicos.
“En aplicación de la Ley de Amnistía Política, la sala II del Tribunal de sentencia de Tegucigalpa ha dictado sobreseimiento definitivo a favor del ciudadano Rafael Barahona, quien estaba siendo investigado por el delito de Malversación de Caudales Públicos”, fue lo publicado por el Poder Judicial en su cuenta de X –antes Twitter—.
Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia, fue de los primeros exfuncionarios del Poder Ciudadano beneficiado con la Ley de Amnistía.
Flores Lanza fue acusado de delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el Ministerio Público al acusarlo de extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto de consulta popular -impulsado por el entonces presidente, José Manuel Zelaya- conocido como Cuarta Urna.
El 3 de marzo de 2022, Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), fue el segundo beneficiado con la Ley de Amnistía.
Chimirri logró quedar en libertad tras siete años de prisión condenado, en 2018, por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel. El juez de ejecución declaró extinta toda acción penal en su contra pese a haber sido condenado a ocho años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, y ocho años por abuso de autoridad y fraude.
Otro exfuncionario que se suma a la lista son: el exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), José Rosario Bonano, acusado por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, solicitó ampararse al decreto 04-2022.
