Tegucigalpa, Honduras. En los últimos meses, y frente al polarizado panorama que atraviesa Honduras de cara al proceso electoral general, los debates sobre el actuar del Ministerio Público se han convertido en la comidilla por excelencia de diversos sectores del poder.
Dicha situación que se traduce en incertidumbre para el ciudadano de a pie, ha venido a incrementarse ante la postura que ha adoptado el Ministerio Público con relación a las denuncias que involucran a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), y a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Primero, con lo sucedido el pasado 29 de octubre, luego que el Fiscal General del Ministerio Público, Johel Zelaya, revelará durante una conferencia de prensa, un supuesto boicot desde las entrañas del Partido Nacional, dirigido por la Consejera del CNE, Cossette López y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, exponiendo públicamente las presuntas pruebas que darían fe a la acusación, antes de iniciar con el proceso de investigación.
Y posteriormente, con la posición asumida respecto a la denuncia presentada por el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, en contra de Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, pues la fiscalía solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el antejuicio para ambas figuras.
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NEGATIVA DE LA SALA AD HOC
El viernes 7 de noviembre, la Sala Ad Hoc nombrada por la Corte Suprema de Justicia para conocer la solicitud de antejuicio presentada el 2 de noviembre por el Ministerio Público, resolvió por unanimidad declarar inadmisible la petición. La decisión se basó en que, según lo establecido en el artículo 421 del Código Procesal Penal, los funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no gozan del derecho al antejuicio.
Tras conocerse la decisión, el Ministerio Público convocó a una conferencia de prensa en la que anunció que, ante la negativa de la CSJ, realizaría la presentación de requerimientos fiscales en contra de los dos magistrados del TJE.
Tres días después del anuncio, el Ministerio Público emitió el requerimiento fiscal en el que acusa a Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona por el delito de prevaricato judicial, por presuntamente emitir resoluciones contrarias a la ley.
Según la acusación, el actuar de ambas figuras, además de contrariar la normativa que regula el TJE, carece de validez jurídica, ya que el magistrado presidente posee una recusación en su contra.
Durante la mañana de ayer, 10 de noviembre, el Ministerio Público realizó el requerimiento fiscal contra dos de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.
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MINISTERIO PÚBLICO NECESITA POLÍTICA DE PRIORIDAD
El exfiscal general del Ministerio Público, Edmundo Orellana, explicó a Criterio.hn que la fiscalía tiene la obligación de investigar todo lo que resulte una infracción penal, pero que al igual que todas las instituciones, debe establecer una política de prioridades en función al daño que sufre el ordenamiento jurídico o las personas por el hecho provocado.
Orellana señaló que el Ministerio Público mantiene una gran cantidad de casos de alta relevancia aún sin resolver, entre ellos los relacionados con el golpe de Estado, cuando se ejecutó un presupuesto de 20,000 millones de lempiras sin que existiera una rendición de cuentas. También mencionó las acusaciones presentadas por narcotraficantes en Nueva York, quienes aseguran que varios diputados habrían recibido dinero para influir en la elección de la junta directiva del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de avalar la reelección presidencial, entre otros.
El abogado advirtió que toda acción tiene consecuencias, y una de ellas es la alteración que actualmente se refleja en el proceso electoral. En ese sentido, consideró que este es un momento crucial para reflexionar si realmente es prioritario actuar ahora, ya que, en otras circunstancias, las medidas pudieron haberse postergado hasta después de las elecciones del 30 de noviembre.
El exfiscal aseguró que la imagen del Ministerio Público comienza a deteriorarse, especialmente en lo que respecta a la credibilidad institucional, y que en el futuro será difícil para la entidad reivindicarse.
MP ACTÚA CONFORME A SU ORDENAMIENTO
Victor Fernández, abogado y exfiscal del Ministerio Público, dijo durante una entrevista con este medio digital, que el ente investigador está legitimado para intervenir cuando existe comisión de delitos por lo cual, su actuar va de acuerdo a su mandato legal.
Fernández explicó que la distinción que existe en los casos, particularmente con el del Tribunal de Justicia Electoral es que es de impacto político y mediático, y que si se tuviese clara la política criminal a la que está orientada, le daría más legitimidad al asunto.
El exfiscal detalló que cuando se desconocen el por qué de la prioridad que tienen los casos, quedan espacios para que la ciudadanía pueda tener posiciones críticas en principio por afinidades o por su actitud crítica con la administración pública o con la administración de la fiscalía.
El jurista manifestó que la intervención penal frente a las dinámicas irregulares en el funcionamiento del sistema electoral debió verse con contundencia desde que se produjo la crisis en las elecciones internas, sin embargo, ahora se aprecia un cálculo, que aunque hasta cierto punto es válido, en lugar de contribuir a contrarrestar el problema social lo está agravando aún más.
ACUSACIÓN ESTÁ FUNDAMENTADA
El abogado y vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjivar, señaló que la actuación del Ministerio Público con relación a la actuación contra los magistrados del TJE, corresponde con el mandato que la ley ya les da, pues es el garante del acceso a la justicia en materia penal para toda la ciudadanía.
Menjivar apuntó a que lo que sucede con relación a dicho caso se da en medio de una crisis y un debate político caracterizado por descalificaciones que han propiciado el incrementó en las dudas de la ciudadanía.
Sin embargo, recalcó que es necesario analizar con objetividad el actuar del TJE, ya que este resolvió un caso en el que la aplicación de la ley trasciende cualquier interpretación posible. En ese sentido, afirmó que la resolución emitida contraviene la Constitución y podría tipificarse como delito según lo establecido en el Código Penal.
Menjívar explicó que la Ley Orgánica y Procesal que regula el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral establece que las sesiones deben celebrarse con la presencia del pleno, integrado por tres magistrados. Por tanto, al haberse tomado la decisión al margen de lo dispuesto en la normativa, es válido que el Ministerio Público inicie la persecución del delito.
