Tegucigalpa, Honduras. -La Junta Proponente tiene la ardua tarea de seleccionar una nómina con los nombres de los cinco mejores candidatos, que posteriormente serán remitidos al Congreso Nacional, para que de esa lista escojan a las personas que cumplan con los requisitos y el perfil para ser el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
Esta elección de segundo grado debe realizarse antes del 1 de septiembre de 2023, día en el que finaliza el trabajo del actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián.
Para ello, se realizará un proceso de selección de candidatos que cumplan con el perfil ideal para llevar las riendas del Ministerio Público, que a criterio de actores sociales ha dejado mucho que desear en sus actuaciones.
Para el integrante de la Junta Proponente, Julio Raudales, el perfil ya lo establece claramente la Constitución de la República en el artículo 233 y el articulo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El texto constitucional señala que los requisitos son: ser hondureño de nacimiento, tener más de 40 años, ser abogado colegiado, ser de reconocida solvencia moral y 10 años de experiencia en materia penal o haberse desempeñado como juez en el área penal por lo menos durante 10 años.
Raudales cuestionó que, en las últimas elecciones de fiscal general y fiscal general no se haya electo un profesional del derecho con amplia experiencia penal “¿por qué? Porque siempre son elegidos por criterios políticos”.
En ese sentido, explicó que por años el partido de gobierno, el partido que tiene la mayoría en el Congreso Nacional o es producto de un arreglo partidario, es entonces que se el proceso se hace difícil y se dejan por fuera el cumplimiento de ciertos requisitos que son cruciales en esto.
“No es posible, y lo digo con todo respeto para los que han estado, pero no es posible que se desobedezca tan descaradamente la Constitución de la República. Ahí dice claramente 10 años de experiencia en temas penales”, puntualizó.
Seguidamente dijo que, el problema del Ministerio Público han sido sus titulares, porque la fiscalía cuenta con un equipo técnico de primer nivel, pero si las autoridades no responden a los intereses del país entonces de nada sirve tener un equipo técnico de primer nivel.
Entre tanto, el representante de las organizaciones de sociedad civil ante la Junta Proponente, José Ramón Ávila, precisó que el perfil de las autoridades del ente acusador del Estado es en principio lo que reza la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Ambas, leyes exponen cuales son esos requisitos y también dice que debe ser de reconocida solvencia moral y con un amplio ejercicio de la profesión. “. En ese sentido creo que lo que para la sociedad civil es importante es que el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto sean personas con capacidades tanto profesionales, como éticas que el país requiere”, exteriorizó.
Ávila es del criterio que la Junta Proponente no se puede dar el lujo de hacer lo contrario a lo que manda la norma suprema, y desde la sociedad civil el principal interés es que el proceso se lleve a cabo de manera transparente.
“Y yo, si quiero levantar algunas alertas porque por una parte son las cualidades o características que debe tener el nuevo fiscal general y el fiscal general adjunto, pero también es necesario que la población sepa por esas situaciones que muchas veces se cuajan en estas negociaciones otro aspecto es determinar quienes no pueden ser las máximas autoridades del Ministerio Público”, declaró el integrante de la Junta Proponente.
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NO PUEDEN SER FISCALES
El artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que no puede ser fiscal general o fiscal general adjunto un cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente de la República y Designado Presidencial, del titular del Congreso Nacional o de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor Conjunto y Comandantes de Ramas Militares, procurador y subprocurador General de la República y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Para José Ramón Ávila, es importante recalcarlo porque no le extrañaría que aparezcan funcionarios que tienen algún vínculo de afinidad o parentesco con las titulares de los tres poderes del Estado proponiéndose para este cargo.
Asimismo, indicó que tampoco pueden ser fiscal general o fiscal general adjunto los diputados del Congreso Nacional de la República.
“Llenaría también de sorpresa el hecho que venga un diputado a tratar de incorporarse o meterse en el proceso”, afirmó.
Añadió que, los funcionarios que han representado empresas que están depredando nuestros recursos naturales, me parece que por ética no deberían estar. Y quienes hayan sido miembros de algún órgano de dirección de algún partido político, en los tres años anteriores a su elección.
Ávila enfatizó que, definitivamente los criterios están claros y el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto, debe ser profesionales de reconocida honorabilidad, de conocimiento legal sobresaliente, de independencia e imparcialidad, compromiso con los derechos humanos y la democracia, de transparencia en la actuación y con conocimiento de los principales desafíos institucionales que tiene el país.
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NUEVAS AUTORIDADES DE LA FISCALÍA DEBEN ACOMPAÑAR TRABAJO DE LA CICIH
Por su parte el oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, señaló que el perfil ideal del fiscal general y fiscal general adjunto debe contar con los méritos académicos, trayectoria profesional; y si las personas revisan el expediente de las y los postulantes no es muy difícil comprobar quienes tienen los méritos.
Jerez dijo que, el Cohep tiene el compromiso de apoyar el trabajo de la Junta Proponente, y que esta elección se realice con todos los criterios técnicos que permitan que las nuevas autoridades de la fiscalía sean independientes, porque aquí todas las semanas se cuestiona que no avanza el proceso para que se instale la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pero cuando esa comisión venga con quien va a trabajar es con el fiscal general.
“Y si tenemos un fiscal sea quien sea y si tiene compromisos con partidos políticos o grupos externos, entonces no va a funcionar el Ministerio Público y lo que vamos a tener es una oficina de rango constitucional que se va a abstener de ejercer la acción penal y pública, porque quienes lo pusieron ahí básicamente le ordenan que no haga su trabajo”, aseveró.
Además, explica que este proceso no se trata solamente de elegir a las autoridades que va a estar al frente del Ministerio Público por los próximos cinco años, ahí hay dos elementos que hay que tener en cuenta en el contexto.
El primero es que se trata de una de las instituciones de rango constitucional que los partidos políticos no se han repartido todavía, entonces esa repartición es la que quieren hacer en los próximos meses en la cultura política que ha imperado en el país.
Y el segundo punto es que en la actualidad hay un fiscal general que fue reelegido inconstitucionalmente y eso no solo es tema de visibilizarlo en función del error y la relección al margen de la ley, que ocurrió en 2018 sino las repercusiones que eso le trajo al país.
“Aquí no tenemos que olvidar todos los cuestionamientos que se le ha hecho al actual fiscal general, Óscar Chinchilla por no haber demostrado la independencia en el cargo para poder enfrentarse a los políticos que han cometido actos al margen de la ley y poder hacer que se enfrenten a la justicia”, finalizó diciendo Jerez.
