Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nominadora trabaja por resolver todas las denuncias y tachas que se presenten contra cualquiera de los postulantes a ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y darles además el derecho a una audiencia de descargo a quienes resulten señalados.
Un día atrás, el 19 de diciembre de 2022, la Junta Nominadora habilitó el período de recepción de denuncias y tachas, que durará siete días y a través de cual cualquier ciudadano o ciudadano tendrá la oportunidad de presentarlas ante las personas postulantes, siempre y cuando argumenten la falta. Se ha habilitado un proceso vía correo electrónico y otro presencial.
Las tachas están destinadas a determinar si las personas postulantes cuentan con incumplimiento de requisitos, existencia de inhabilidades o falta de idoneidad, integridad, ética y honorabilidad.
Mientras tanto, la denuncia servirá como un insumo de información que le permitirá a la Junta Nominadora determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales por parte de alguna de las personas postulantes. Algunos de los ejemplos, que expuso la Junta Nominadora dentro del protocolo, incluye violaciones de derechos humanos, violencia doméstica, incumplimiento familiar, acoso o explotación laboral, violencia contra la mujer y comisión de cualquier delito doloso e imprudente.
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Después de que se efectuaron los exámenes de conocimientos jurídicos, las pruebas toxicológicas y psicométricas, un total de 101 personas postulantes continúan en carrera por llegar al máximo tribunal hondureño. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Junta Nominadora, hasta ayer se habían registrado 27 denuncias y tachas, que, en caso de ser ciertas, alejarían a ese número de postulantes del proceso.
SE EXIGE TRANSPARENCIA
Durante este proceso, una de las mayores exigencias de las organizaciones de sociedad va destinada a que su desarrollo se genere con la mayor transparencia posible, tomando como antecedente que días atrás el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), denunció que la fase de investigación socioeconómica se efectuó, durante algunas de sus fases, con cierto grado de secretividad.
“Esperamos que para esta etapa las puertas cerradas se abran como manda la ley”, tuiteó, por su parte, el director de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra.
Pero, en general, desde la sociedad civil se ha percibido que la Junta Nominadora ha disminuido la calidad de su trabajo. “He visto una Junta Nominadora que ha ido perdiendo calidad en cuanto a información publicada. Esa Junta Nominadora que todo lo publicaba, que todo lo ponía a mano, ha ido perdiendo fuerza. Previo a esta etapa se habló de secretividad, efectivamente, por lo que veo imperativo que se den los nombres de los postulantes denunciados y tachados, y las razones de los señalamientos hacia ellos”, declaró Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, sigla en inglés) a Criterio.hn.
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Otro factor externo que está afectando es la caída del portal de transparencia de la Junta Nominadora, algo que imposibilita a periodistas y sociedad civil acceder a los expedientes de los postulantes que continúan en carrera, a los cronogramas de trabajo de la Junta, y a otras actas y resoluciones que emanan del pleno de la Junta Nominadora.
ETAPA CRUCIAL
La elección de los candidatos a magistrados está por ingresar a una etapa crucial. Después de que termine la etapa de denuncias y tachas, los nominadores procederán a realizar las entrevistas públicas a las personas postulantes que continúen activas en el proceso y a aplicar la matriz de evaluación técnica. A raíz de ello, se elaborará un listado mínimo de 45 candidatas y candidatos, que se remitirá al Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023.
Allí en el Legislativo, con al menos 86 votos, los diputados y las diputadas seleccionarán a las 15 personas que desempeñarán en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia entre 2023 y 2030. A designación de quien resulte presidente de la Corte, la Sala Constitucional estará conformada por cinco magistradas y magistrados, mientras que el resto de los tribunales, Penal, Civil y Contencioso Administrativo, se integrarán por tres togadas y togados, cada uno.
