Un hecho violento que enlutó a cinco familias capitalinas ha vuelto a poner en debate la funcionalidad y efectividad de la investigación policial y, además, desencadenó que la subsecretaria de Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, admitiera que existen severas falencias, pese a que este 2024 fueron beneficiados con uno de los presupuestos más elevados
Secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, atribuye las declaraciones de Julissa Villanueva a problemas personales
Tegucigalpa, Honduras. – Aunque la Policía Nacional cuenta con la Dirección Policial de Investigación (DPI), esta enfrenta severas deficiencias en sus métodos de sondeo debido a varios factores, siendo el principal la falta de voluntad para repotenciar este recurso, admitió la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
“La investigación policial en Honduras es un fracaso total. Con las actuales autoridades de la Secretaría, ha quedado en evidencia que no hacen ni siquiera intentos por repotenciar y recuperar la ciencia e investigación. Lo único que saben hacer son shows mediáticos diciendo: ‘Vamos bien. Ya tenemos a los posibles sospechosos’, denunció la funcionaria en un foro televisivo.
La reacción de Julissa Villanueva, quien fue directora de Medicina Forense del Ministerio Público desde 2013 hasta 2018, recae sobre el proceso de investigación que está llevando la Policía respecto al asesinato de cinco jóvenes que fueron secuestrados el 23 de junio y posteriormente encontrados sin vida el 28 y 29 de junio, en una zona montañosa de Tatumbla, Francisco Morazán, a pocos kilómetros de la capital.
Estos jóvenes, con edades de entre 20 y 32 años, identificados como Roger Coleman Dempster, Annie Rachel Villatoro, Alejandro Enrique Aceituno, Kenneth Gabriel Cruz y Elvin Josías Izaguirre, se dispusieron el 23 de junio a llevar a cabo una mudanza desde la residencial Honduras hasta la colonia Mirador de Oriente, situada en el eje carretero que conduce de la urbe capitalina hacia Danlí, en la zona oriental de Honduras.
Aunque en el proceso de mudanza todo parecía marchar de manera correcta, familiares de estas personas denunciaron que, a eso de las 7:00 p.m. del 23 de junio, no volvieron a intercambiar mensajes ni llamadas. Por lo tanto, procedieron a buscarlos y, desafortunadamente, solo encontraron las pertenencias de la vivienda, pero no a los jóvenes.
Dos días después, el director de la Policía, Juan Manuel Aguilar Godoy, informó que el vehículo tipo pick-up, blanco, marca Mitsubishi, con número de placa HD6080, que estaban utilizando para trasladar las cosas de una vivienda a otra, fue encontrado en una polvorienta calle de la colonia Villanueva, ubicada al oriente de la capital.
Desde ese momento, la institución que dirige el general Gustavo Sánchez anunció que desplegaría operativos en las colonias ubicadas al oriente de la capital para dar con el paradero de estas personas. En primera instancia, se conoció que fueron secuestrados porque la casa a la que se iban a mudar en la colonia Mirador de Oriente era asediada por criminales integrantes de la pandilla Barrio 18.
Tras varios días de búsqueda, precisamente el sábado 29 de junio, en la que también participaron elementos de la Policía Militar de Orden Público, encontraron cuatro de los cinco cuerpos sin vida en una zona montañosa de Tatumbla. Un día después, el 29 de junio, pobladores dieron con el quinto cuerpo, también en Tatumbla, pero en otro sector.
“Es aquí donde uno se pregunta, ¿para qué hacer un show mediático en un caso en el que no van a dar resultados? No podemos decir los hondureños que vamos bien simplemente porque subimos a un helicóptero, llegamos y encontramos a cinco jóvenes. Las investigaciones delictivas se resuelven en las primeras 72 horas con grupos diversos, capacitados”, cuestionó la funcionaria.
La reacción de Villanueva se centra en algunas de las acciones emprendidas por el general Gustavo Sánchez, quien días atrás, a través de medios de comunicación y su cuenta en redes sociales, anunció que, incluso, estaban utilizando helicópteros en la búsqueda del último cadáver. Asimismo, atribuyó el múltiple asesinato a pandilleros de la pandilla 18.
De hecho, este lunes 1 de julio, el Ministerio Público presentó una acusación por asociación para delinquir y asesinato contra seis personas, presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18, quienes habrían perpetrado el crimen que acabó con la vida de los cinco jóvenes en la capital hondureña.
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INVESTIGACIÓN: DEBILIDAD POLICIAL
El criminólogo Denis Castro Bobadilla respaldó la postura de la subsecretaria Julissa Villanueva y además cuestionó en qué se está gastando el presupuesto asignado a la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la Policía Nacional.
“Históricamente, la investigación policial no ha sido efectiva. Me llama la atención saber cuánto asignaron exclusivamente a la dependencia de investigación policial para este año, ya que el presupuesto total de la institución ha sido uno de los más elevados históricamente, pero no vemos resultados positivos. Solo vemos la adquisición de helicópteros, armas y Black Mamba, como si Honduras estuviera en guerra”, mencionó en conversaciones con este medio de comunicación.
Según los datos proporcionados en el Portal de Transparencia, de los 11,651,738,277.00 de lempiras del presupuesto general de la Secretaría de Seguridad para el ejercicio fiscal de 2024, se asignó L 2,175,099,711.00 a los servicios de investigación delictiva. Esto representa aproximadamente el 18.66% del total del presupuesto general, que se destina a reforzar la investigación.
Y de los L 2,175,099,711.00 asignados para asuntos de investigación policial, en los cuales no precisaron si ese dinero pasa directamente a la Dirección Policial de Investigación, se ejecutó hasta mayo de 2024 la cantidad de 190,059,649.64 Lempiras, lo cual equivale al 9%.
Además, Bobadilla explicó que históricamente las investigaciones presentadas por la Policía en casos criminales, no están adecuadamente sustentadas, lo que resulta en que los criminales a menudo queden en libertad dentro de las primeras 24 horas o más después de ser aprehendidos.
“La Policía Nacional tiene capacidad operativa, pero carece de capacidad investigativa; no hay resultados sólidos en sus investigaciones. Más de 10 mil personas han sido asesinadas y nunca se encontró al culpable. Además, hay personas en la cárcel debido a pruebas fabricadas por los propios policías”, opinó el expresidente del Congreso Nacional en conversaciones con este medio de comunicación.
Lo expuesto por Bobadilla tiene sentido. Según información a la que Criterio.hn ha tenido acceso, solo en 2024 más de 40 policías, en su mayoría pertenecientes a la Dirección Policial de Investigación, han sido separados y procesados judicialmente por cometer diversos delitos como la implantación de pruebas y el uso de documentos falsos.
Criterio.hn intentó comunicarse con el departamento de prensa de la Policía Nacional, dirigido por el comisionado Miguel Martínez Madrid, para conocer en qué se gasta específicamente el presupuesto destinado a mejorar la investigación, así como para consultar sobre la postura de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no hubo respuesta.
