La acusación privada alerta que la prueba científica clave —las extracciones telefónicas de los imputados y de Juan López— apenas se presentó en dictámenes preliminares, lo que evidencia rezagos del Ministerio Público y refuerza el llamado a transparentar las líneas de investigación sobre actores intermedios e intelectuales.
Tegucigalpa, Honduras. – El Poder Judicial programó del 15 al 26 de junio de 2026 el juicio oral y público por el asesinato del defensor ambiental y regidor de Tocoa, Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, pese a que contaba con medidas cautelares de la CIDH.
El Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada, ambiente y corrupción fijó las fechas luego de la audiencia de proposición de pruebas, en la que se admitieron 28 medios probatorios presentados por las partes.
Los acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir son Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes permanecen con auto de formal procesamiento y prisión preventiva por su presunta participación como autores materiales del crimen contra el ambientalista.
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COMUNIDADES EXIGEN IR TRAS LOS AUTORES INTELECTUALES
Tras la admisión de 28 medios de prueba, la defensora ambiental Juana Esquivel, del Comité Municipal,advirtió que este avance sigue siendo apenas “un pasito” en la búsqueda de justicia. Señaló que el proceso contra los presuntos autores materiales es solo una parte de la verdad, porque “la estructura criminal tiene que caer”: aquella que ha sostenido crímenes vinculados al proyecto minero energético, con la participación de autoridades municipales que se han prestado a actos de corrupción y que, según la denuncia, forman parte del entramado que ordenó el asesinato de Juan López.
Esquivel subrayó que las comunidades y organizaciones del Bajo Aguán seguirán organizadas para exigir que se avance hacia la responsabilidad de los autores intelectuales, no solo de quienes ejecutaron el crimen. Insistió en que el asesinato de Juan no responde a enemistades personales, sino a un ataque planificado contra su labor en defensa de los bienes comunes y del territorio.
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UN AVANCE LIMITADO EN EL ACCESO A LA PRUEBA CIENTÍFICA
La abogada Kenia Oliva, parte de la acusación privada, calificó el proceso contra los tres imputados como “un pequeño paso” para llegar a quienes planificaron el crimen. Explicó que la prueba científica —en particular las extracciones telefónicas— es clave para identificar posibles autores intelectuales, pero hasta ahora no habían tenido acceso a esa información de manera oportuna.
De acuerdo con Oliva, apenas en esta audiencia el Ministerio Público (MP) presentó dictámenes preliminares de extracciones telefónicas de los tres procesados y del propio Juan López, y ni siquiera se trata aún de los dictámenes finales. A partir de hoy, dijo, la acusación privada podrá leer y analizar esas extracciones, en las que el MP reconoció que podrían encontrarse evidencias de amenazas previas contra Juan, lo que permitiría exigir nuevas líneas de investigación contra las personas que lo amenazaban.
Oliva cuestionó que, pese a que el Estado ha admitido la existencia de actores intermedios e intelectuales, la acusación privada sigue sin conocer con claridad cuáles son las líneas de investigación que la fiscalía está desarrollando. Comentó que el ente acusador se ha limitado a ofrecer, de forma general, posibles requerimientos fiscales contra actores intermedios, sin transparentar el rumbo de esas investigaciones ni precisar a quiénes se está investigando.
Por ello, la abogada llamó a las organizaciones y a la sociedad civil a mantener la exigencia de verdad y justicia, recordando que las víctimas tienen derecho a saber quiénes están detrás de la planificación del crimen. Reiteró que Juan López fue asesinado por su trabajo como defensor del agua y del territorio, no por un conflicto personal con los presuntos autores materiales, y que el Estado debe sancionar a quienes diseñaron y ordenaron el asesinato.
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HACIA EL JUICIO ORAL: ORGANIZACIÓN Y CAMPAMENTO POR JUSTICIA
De cara al juicio oral y público programado del 15 al 26 de junio de 2026, las comunidades anunciaron que regresarán al Tribunal para instalar un campamento de exigencia permanente. “Con la fuerza y la convicción de que la justicia la hacemos los pueblos”, señaló Juana Esquivel, al llamar a llegar en junio con más organización y presión social sobre el Tribunal y el Ministerio Público.
Entre consignas de “Justicia para Juan” y “Juan vive”, adelantaron que el campamento buscará no solo vigilar el desarrollo del juicio contra los tres imputados, sino insistir en que el Estado avance en requerimientos fiscales y en investigaciones que permitan identificar y juzgar a la estructura criminal señalada como responsable de la planificación del asesinato.
