Dos semanas después de la aplicación –por primera vez en Honduras— de un juicio político, que derivó en la destitución del fiscal general Johel Zelaya, el Congreso Nacional busca interpelar a cinco funcionarios electorales.
La Comisión Especial citó a los funcionarios señalados para que comparezcan el lunes 13 de abril de 2026 en el Salón de Retratos del Congreso Nacional. El cronograma inicia con Marlon Ochoa que deberá presentarse a las 9:00 de la mañana, para presentar su defensa.
Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional aprobó la admisión de cinco denuncias de juicio político contra funcionarios electorales, en una sesión marcada por decisiones de alto impacto institucional, entre ellas la derogación del Fondo Departamental y reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Las acciones del Legislativo alcanzan a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon David Ochoa, propietario, y Karen Patricia Rodríguez, suplente; así como a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, propietario, y los suplentes Lourdes Mejía Estape y Gabriel Gutiérrez.
Durante la sesión del jueves 9 de abril de 2026, el pleno respaldó las denuncias de juicio político contra los funcionarios, quienes fueron suspendidos de sus cargos mientras se desarrolla el proceso de investigación correspondiente, como lo señala la Ley de Juicio Político.
En el caso de la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez Álvarez, su renuncia fue presentada mientras el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, daba lectura a los cargos en su contra. La dimisión ocurrió en medio de un contexto de presiones políticas.
De forma paralela, la comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), Suyen Muñoz, también presentó su renuncia tras la lectura de los juicios políticos contra funcionarios electorales.
El Congreso Nacional resolvió suspender de sus cargos al consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, y a los magistrados del TJE, Mario Morazán y suplentes Lourdes Estape y Gabriel Gutiérrez, tras admitir la denuncia en su contra. La decisión fue adoptada con 91 votos a favor, con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana.
Según lo informado por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, dos diputados liberales no participaron en la votación: Iroska Elvir y Alejandro Canelas.
La suspensión de los funcionarios electorales se mantendrá vigente mientras se desarrolla la investigación, conforme a lo establecido en la normativa. Como parte del proceso, se creó una comisión especial –integrada por nueve diputados liberales y nacionalistas— encargada de analizar las pruebas y emitir un informe al pleno legislativo.
La comisión quedó integrada por nueve diputados: Tania Pinto, quien fungirá como presidenta; Lissi Matute Cano, como vicepresidenta; Alberto Cruz, como secretario, y Kilverth Beltrán, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.
Pie de foto: Tras
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OCHOA NO SE PRESENTARÁ ANTE COMISIÓN DE JUICIO POLÍTICO
Tras la aprobación del juicio político, Marlon Ochoa emitió un comunicado en el que calificó el proceso como una persecución política en su contra, asegurando que no se presentará ante la Comisión de Juicio Político,
En un documento de tres páginas que difundió en sus redes sociales, Ochoa expone que toda esta narrativa se debe a que es el único “testigo presencial del fraude electoral” y sostuvo que las acciones del Congreso y del Ejecutivo buscan silenciarlo por haber denunciado supuestas anomalías, incluyendo la manipulación del sistema electoral y la alteración de resultados.
“Esto no tiene absolutamente nada que ver con la justicia; por el contrario, responde a que hablé con la verdad desde el primer momento. Denuncié el fraude, la violación al código fuente del Sistema 3 y que se declararon como electas personas que no resultaron ganadoras, respaldando mis señalamientos con audios que exponen la conspiración de quienes atentaron contra las elecciones”, detalló.
En su mensaje, el consejero suspendido aseguró que no comparecerá ante la Comisión de Juicio Político, argumentando que el proceso carece de imparcialidad y que la decisión en su contra ya estaría definida.
Asimismo, advirtió que las acciones emprendidas en su contra forman parte de una estrategia más amplia para retomar el control de las instituciones del Estado y debilitar el sistema democrático.
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COMISIÓN CITA A FUNCIONARIOS ELECTORALES SUSPENDIDOS
El Congreso Nacional, por su parte, envió citatorias formales a los funcionarios señalados para que comparezcan ante la comisión especial el lunes 13 de abril de 2026.
De acuerdo con el cronograma establecido, Marlon Ochoa deberá presentarse a las 9:00 de la mañana, seguido por el magistrado Mario Morazán a las 11:00 a.m.; Lourdes Mejía Estape a la 1:00 p.m.; y Gabriel Gutiérrez a las 3:00 p.m.
La mañana del viernes 10 de abril, la comisión especial sostuvo su primera reunión para conocer los detalles de las denuncias e iniciar la etapa investigativa.
En una breve conferencia de prensa la presidenta de la Comisión Especial, Tania Pinto, aseguró que “esta comisión actuará con objetividad, imparcialidad y respeto al debido proceso”.
Pinto subrayó que se garantizará el derecho a la defensa de los denunciados, quienes podrán presentar sus argumentos y pruebas ante la comisión en las audiencias programadas pata el lunes 13 de abril.
Explicó además que las citaciones se realizaron dentro del plazo de 48 horas establecido por la ley, considerando que el fin de semana es inhábil para efectos administrativos.
El proceso de juicio político se desarrolla en un contexto de alta tensión política, tras las denuncias de fraude electoral y señalamientos cruzados entre actores políticos sobre el control de las instituciones.
Mientras tanto, las decisiones del Congreso Nacional abren un nuevo capítulo en la crisis institucional vinculada al sistema electoral hondureño, con implicaciones señalamientos, desde la oposición política, de concentración de poder.
