Tegucigalpa.- Al no lograr alcanzar el voto de 86 congresistas para someter a juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, propuso una consulta popular, sin embargo, esto empantana más su aplicación.
En declaraciones recientes, Ayala manifestó la opción de desarrollar una consulta popular para que sea la ciudadanía quien determine si aprueba o no someter a juicio político a Rolando Argueta, presidenta del Poder Judicial, y Óscar Fernando Chinchilla, fiscal del Ministerio Público, debido a los señalamientos de ser parte de la estructura criminal que instauró el exmandatario Juan Orlando Hernández, que enfrenta un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Las únicas figuras que contempla la normativa hondureña como consultas válidas son el plebiscito y referendo que, al igual que la Ley de Juicio Político, requieren para su aprobación el voto de 2/3 partes de los diputados del Congreso Nacional, es decir 86 votos.
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El Partido Libre suma 50 votos más 10 del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el voto de la Democracia Cristiana (DC), apenas 61 más unos cuantos liberales que aprueban la exigencia, pero se requiera de los 22 diputados más el voto del Partido Anticorrupción (PAC) y al menos dos del conservador Partido Nacional, estructura política que utilizó Hernández para su actividad criminal.
Lo anterior representan un obstáculo para la alianza conformada entre Libre y PSH que apuestan por el juicio político, pero no cuentan con los votos necesarios y al proponer una consulta popular se empantana más las posibilidades.
La Ley Especial que regula el Plebiscito y Referéndum, amparados en el artículo 3 de la Constitución de la República, establece que para celebrar un plebiscito y el referendo podrá ser solicitado por lo menos diez diputados, el presidente en resolución de consejo de secretarios de Estado o al menos el 2% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo Nacional Electoral.
El Congreso Nacional deberá conocer y discutir las peticiones en un término no mayor a 20 días a parte de su presentación en el pleno, la problemática radica en que se requieren para su puesta en marcha el voto de 86 de los 128 diputados factor por el cual no se logra someter directamente a juicio político a Argueta ni Chinchilla.
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En caso de ser aprobado por el Legislativo, la Sala de lo Constitucional de la Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas que se planteen en las figuras jurídicas de consulta, en un máximo de diez días, y los resultados serán de obligatorio cumplimiento siempre y cuando participe el 51% de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el censo y si el voto afirmativo logra mayoría.
No obstante, en entrevista a Criyterio.hn, la congresista Ayala aclaró que no se recurrirá a dichos mecanismos sino mediante consultas populares en diversas regiones del país para “que sea el soberano si está de acuerdo o no en que se apruebe el juicio político”.
Ayala plantea la recolección de una muestra significativa de firmas de ciudadanos que puedan servir para acompañar la propuesta de juicio político que se presentará ante el pleno, además contendría si están de acuerdo con la labor que realizan los operadores de justicia o si es necesario la puesta en marcha del juicio.
Ante la interrogante de cuánto tardarían para llevar a cabo la referida consulta, la congresista detalló que podría aplicarse durante el receso legislativo del mes de junio, aunque aún no se define mediante cuál mecanismo y quién o quiénes serían los encargados de aplicarla.
“Lo que queremos es que la cámara tenga un indicio de cuál es la reacción, cuál es el posicionamiento de la población respecto a este tema porque muchas veces se habla en nombre del pueblo dentro del hemiciclo legislativo sin haberle consultado, por eso es importante mantener el contacto con la población para que sea quien determine cuál debe ser el posicionamiento de los diputados en el Congreso Nacional”, manifestó.
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La vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, aseguró que varios diputados afines al Partido Nacional estarían a favor de someter a juicio político a los titulares de los organismos operadores de justicia, aunque resaltó que hasta el momento cuentan con apenas 70 votos favorables.
“Vemos que hay un ambiente favorable para la aplicación del juicio político, hay un par de nacionalistas que públicamente han dicho que también darán su apoyo al juicio político”, manifestó.
Cabe indicar que la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional recomendó someter el juicio político contra Argueta y Chinchilla al denunciar acciones que comprueban sus actuaciones a favor de actividades ilícitas y si se somete a discusión la petición y no se logra los votos requeridos, no se podrá volver a presentar hasta la próxima legislatura que inicia a finales de enero de 2023, mismo año que concluyen su mandato.
