Figuras del Partido Nacional entre los principales promotores del juicio político en contra del fiscal general.
Tegucigalpa, Honduras. En medio del complejo clima político generado por las inconsistencias del proceso electoral del pasado 30 de noviembre, las exigencias de un juicio político contra el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, comienzan a ganar fuerza dentro de la matriz mediática hondureña.
La petición, aunque venía siendo pronunciada por las disonantes voces del bipartidismo durante los últimos meses de 2025, se ha fortalecido tras la emisión de la declaratoria acéfala del Consejo Nacional Electoral (CNE), del 30 de diciembre, luego que Zelaya anunciara acciones judiciales para esclarecer los hechos ocurridos durante el proceso electoral.
El origen de este debate se encuentra, en buena medida, en la actuación del fiscal general frente a los presuntos delitos electorales, a partir de la acusación presentada contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, así como en la divulgación de audios que apuntaban a un supuesto boicot, en el que se vinculó a la consejera del CNE, Cossette López-Osorio.
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Ante las insistentes polémicas y los titulares reiterados sobre un posible juicio político en los medios de comunicación, Johel Zelaya aseguró el pasado martes 13 de enero que está preparado para esa eventualidad y que, por el momento, no le genera ninguna preocupación.
Zelaya señaló que sabe que a muchos les incomoda la manera en la que está actuando el Ministerio Público, no obstante, remarcó que es una situación normal.
“No vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción, tenemos el acompañamiento de los justos y acompáñennos ustedes también en esta lucha”, declaró Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público.
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¿QUIÉN ES JOHEL ZELAYA?
Johel Antonio Zelaya Álvarez, de 45 años de edad, es un abogado y notario con más de 20 años de ejercicio en su área de expertise. Fue en su momento el aspirante a fiscal más controvertido por situaciones anómalas alrededor de su postulación, siendo la principal de ellas su cargo como regidor del municipio de Reitoca, el que lo inhabilitaba para el cargo.
De acuerdo con documentos obtenidos por Criterio.hn, al momento de su aspiración, Zelaya era asesor del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y de Corporación Flores, lo que llegó a generar preocupación por posibles choques con sus responsabilidades.
El 1 de noviembre de 2023, en medio de la crisis que atravesaba el Congreso Nacional, la Comisión Permanente nombró de manera interina a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente.
No obstante, el interinato se mantuvo hasta el 28 de febrero de 2024, cuando el Congreso Nacional, bajo sesión del pleno, nombró a Zelaya y Marcio Cabañas Cadillo como las nuevas autoridades del ente investigador.
Los vínculos laborales de Zelaya no se limitan a los dos antes mencionados, pues este medio digital logró revelar que este incluyó en su cartera de clientes a las empresas Cosemsa y Decosa, pertenecientes al candidato presidencial declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry Asfura, lo que evidencia una cercanía profesional entre ambos.
El 27 de julio de 2024, este medio digital, a través de una fuente del Ministerio Público, logró conocer que Johel Zelaya solicitó informes sobre casos en los que estaba trabajando la Uferco, manifestando interés en dos casos particulares: el de la Tasa de Seguridad y el proceso en contra del ahora presidente declarado por el CNE, Nasry Asfura Zablah, en el que se le acusaba de malversación de más de 28 millones de lempiras.
Pese a haber sido acusado por la Uferco de tejer una red de corrupción durante su administración en la alcaldía del Distrito Central, Nasry Asfura logró, curiosamente, defenderse en libertad, lo que le permitió continuar con su pretensión de llegar a la presidencia, que logró materializarse bajo cuestionables señalamientos el pasado 24 de diciembre.
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LA NORMATIVA SOBRE EL JUICIO POLÍTICO
De acuerdo con el decreto 51-2013 de la Ley Especial Para Juicio Político, el Congreso Nacional es el órgano responsable para realizar esta figura según lo establecido en la Constitución de la República y este puede proceder en contra de presidentes, designados presidenciales, diputados del Poder Legislativo, del Parlamento Centroamericano, alcaldes, magistrados y funcionarios electos por ese poder del Estado.
Entre los causales señalados en esa normativa se encuentran: la denuncia grave por el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución y a los intereses nacionales y por negligencia, incapacidad o incompetencia del desempeño de su cargo.
Según la normativa para la destitución de los funcionarios nombrados por el Congreso Nacional, se requiere la votación de ⅔ de la totalidad de los miembros de dicho poder del Estado, es decir, de 86 votos, y, de votarse a favor, este tendrá que cesar inmediatamente de su cargo.
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DISTRACCIÓN
En un análisis reciente brindado a Criterio.hn sobre el papel de los medios y su intento por limpiar la imagen del narcopresidente Juan Orlando Hernández, el analista político y sociólogo Engels López hizo la comparación de la situación de Hernández con la narrativa mediática que se está registrando alrededor de los rumores de juicio político en contra de Johel Zelaya.
López señaló que en América Latina, cuando la derecha ofrece juicios políticos en contra de figuras como esta, los casos que pueden haber relacionado con corrupción o narcotráfico quedan limpios al no existir una autoridad penal que los persiga.
López explicó que así como existe la posibilidad de que se lleve a cabo un juicio en contra del fiscal, también existe la posibilidad de que los cachurecos incidan en la corte para volver a poner a personas afines a sus intereses.
En ese sentido, el analista subrayó que, partiendo de ese marco y del seguimiento de los medios al tema, muy probablemente el regreso de Juan Orlando Hernández podría llegar a pasar desapercibido.
“Existe toda esta idea que si los nacionalistas vuelven al poder, pues la figura que va a estar atrás de Tito va a ser la de Juan Orlando Hernández”, dijo el sociólogo.
EVALUACIÓN JURÍDICA
Sobre las posibilidades de que Johel Zelaya sea sometido a un juicio político, el abogado y exfiscal del Ministerio Público, Víctor Fernández, explicó que la normativa ya establece las posibilidades para que un funcionario como el fiscal general pueda ser sometido a un juicio de ese tipo, sin embargo, señaló que lo importante de este caso es la decisión política, la correlación de fuerzas y el ambiente de las fuerzas que tienen la posibilidad de tomar esta iniciativa.
Fernández detalló que los supuestos para someter a juicio político se basan en principios de apariencia de ilegalidad, en los que, según él, recaen muchos de los funcionarios siempre.
De acuerdo con el exfiscal, un juicio político es un cisma en el ambiente político institucional general y de una institución, no obstante, afirmó desconocer si se trata de una distracción, de una venganza o si es de verdad un juicio de responsabilidad que corresponde hacerse.
Fernández remarcó que hasta el momento aún no se cierran las causas por las que el fiscal general ha sido señalado y que, en ese sentido, lo que corresponde es conocer hacia qué lado va el direccionamiento político de los funcionarios que asumirán particularmente en el Congreso Nacional, ya que de eso depende la definición de si será una provocación, distracción o una decisión real de estos actores.
El jurista expuso que para que eso sea posible se necesita una iniciativa ciudadana de un diputado o diputada del Congreso Nacional, que presente la denuncia que le impute al fiscal general responsabilidad por un grave desempeño en su cargo o que le impute actuaciones contrarias a la Constitución, al interés nacional, y que luego de eso se debe nombrar una comisión especial, y posteriormente se llevará a cabo una votación para determinar su destitución.
