La suspensión y el juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya Álvarez, han encendido alertas entre juristas, quienes advierten que el proceso podría responder a intereses políticos y derivar en “una peligrosa concentración de poder en las instituciones clave del Estado”.
El Congreso Nacional también citó a Zelaya para comparecer este jueves 26 de marzo a las 8:00 de la mañana, donde podrá presentar nuevamente sus argumentos en el ejercicio de su derecho de defensa.
Tegucigalpa, Honduras. –La suspensión y el proceso de juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya Álvarez, han abierto un nuevo capítulo de tensión institucional en el país, en medio de advertencias sobre una posible concentración de poder en manos del Partido Nacional dentro de las estructuras electorales y judiciales del Estado.
El debate se intensificó tras las declaraciones de la diputada nacionalista Johanna Bermúdez, integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional, quien aseguró que el juicio político “se va a practicar sí o sí” y reveló la existencia de al menos cuatro denuncias dirigidas contra altos funcionarios judiciales y electorales –electos entre 2023 y 2024—.
Según Bermúdez, además del fiscal general, las acciones podrían alcanzar al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán; y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, lo que amplía el alcance de una ofensiva política para que el Partido Nacional retome el control en esas instituciones tal y como sucedió entre 2010 y 2021.
Hasta ahora, el Congreso Nacional únicamente ha admitido la denuncia contra Johel Zelaya Álvarez, que contó con el respaldo de 93 votos, superando ampliamente la mayoría calificada requerida para este tipo de procesos.
La aprobación del juicio político evidenció una alianza legislativa entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que, junto a los dos diputados del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD) y uno de la Democracia Cristiana, consolidaron los votos necesarios para avanzar con la medida.
La decisión generó una reacción inmediata de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados protagonizaron protestas dentro del hemiciclo, denunciando un intento de control institucional por parte del bipartidismo.
Dicha comisión, integrada por nueve diputados –liberales y nacionalistas—, citó al fiscal general el martes 24 de marzo para ejercer su defensa, en una audiencia que se prolongó por casi tres horas.
Durante su comparecencia, Zelaya sostuvo que el procedimiento en su contra respondía a motivaciones políticas y advirtió que el proceso derivará en su destitución definitiva como titular del Ministerio Público.
Tras la audiencia, la comisión continuó con la recepción de testimonios y, posteriormente, elaboró un informe final en el que recomienda la destitución del fiscal general, el cual será sometido a discusión y votación en el pleno legislativo.
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JOHEL ZELAYA DEBERÁ COMPARECER ANTE EL PLENO
El Congreso Nacional también citó a Zelaya para comparecer este jueves 26 de marzo a las 8:00 de la mañana, donde podrá presentar nuevamente sus argumentos en el ejercicio de su derecho de defensa.
La citación fue emitida por la Secretaría del Congreso Nacional, en aplicación de los artículos 10 (numeral 6) y 14 de la Ley Especial de Juicio Político. Según el comunicado Zelaya Álvarez deberá presentarse este jueves 26 de marzo, a las 8:00 de la mañana en el hemiciclo legislativo, donde tendrá la oportunidad de exponer lo que considere pertinente en el ejercicio de su derecho de defensa.
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ADVIERTEN INTENTO DE CONCENTRACIÓN DE PODER TRAS AVANCE DE JUICIO POLÍTICO EN EL CONGRESO NACIONAL
En paralelo, abogados y defensores de derechos humanos han advertido sobre los riesgos que este proceso podría implicar para la institucionalidad democrática del país.
La abogada y defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya, cuestionó la amplitud de las denuncias y su contexto político, señalando que resulta preocupante que, si el juicio político se aplicó por el accionar del suspendido fiscal general Johel Zelaya, se intente incluir a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebecca Ráquel Obando.
Durante su participación en un foro de debates Rivera Joya también puso en duda los criterios de selección de posibles sustitutos en el Ministerio Público, al mencionar versiones que apuntan al posible nombramiento del abogado Pablo Emilio Reyes Theodore –el quinto mejor evaluado por la Junta Proponente— en lugar de perfiles con mayor calificación técnica.
La defensora recordó que la duración de los cargos en instituciones clave está diseñada para trascender los periodos de gobierno, precisamente para garantizar independencia y continuidad institucional.
“Si cada cambio de gobierno implica remover a todos los funcionarios, entonces habría que reformar la ley y establecer periodos de cuatro años para todos”, advirtió la jurista.
Por su parte, el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía sostuvo que las denuncias contra el fiscal general deben investigarse a fondo, pero advirtió que el Ministerio Público ha sido históricamente utilizado para garantizar la impunidad de las élites políticas y económicas.
Mejía señaló que, durante décadas, los partidos políticos han asegurado el control de instituciones como la CSJ, el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el propio Ministerio Público mediante el nombramiento de personas afines a sus intereses.
En sus redes sociales el jurisconsulto escribió y enumeró una serie de casos emblemáticos —como el golpe de Estado, fraudes electorales, violaciones a derechos humanos y asesinatos de alto perfil— en los que, según indicó, ha prevalecido la impunidad.
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En la misma línea, el abogado penalista y exfiscal Omar Menjívar advirtió que la eventual destitución de Zelaya Álvarez podría “permitir al Partido Nacional consolidar el control del Ministerio Público a largo plazo”.
Menjívar explicó a través de una publicación en X –antes Twitter— que, al nombrar un sustituto afín, el partido no solo influiría en el presente, sino también en la elección del próximo fiscal general prevista para 2029.
Esto, sumado a un Congreso Nacional con mayoría del oficialismo y con apoyo de la segunda fuerza con mayor representación (Partido Liberal con 41 diputados), podría traducirse en al menos ocho años de control continuo sobre una de las instituciones clave del sistema de justicia.
El exfiscal consideró que este escenario podría cambiar únicamente si el Partido Liberal rompe la alianza legislativa que mantiene con el Partido Nacional o si surgen fracturas internas que alteren el equilibrio político.
Mientras tanto, el proceso contra Zelaya continúa avanzando en el Congreso Nacional, en medio de un clima de polarización política y crecientes cuestionamientos sobre el futuro de la independencia institucional en Honduras.
La posible extensión de juicios políticos a otros funcionarios electorales y judiciales, mantiene en alerta a diversos sectores, que temen un reacomodo de poder en vísperas de un nuevo ciclo electoral.
En este contexto, la decisión final del pleno legislativo sobre la destitución del fiscal general se perfila como un punto de inflexión para el equilibrio de poderes en el país.
