Ilustración de portada: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Rodríguez Barahona fue el juez encargado de dictar fallo condenatorio por el delito de usurpación en contra de Jeremías Cruz, integrante de la cooperativa campesina “Gregorio Chávez”, el pasado 5 de mayo de 2023.
La abogada Lisbeth Rodríguez manifestó que el juez “dictó una sentencia manifiestamente injusta en contra de Jeremías Cruz”. Agregó “que se acreditó que no se cumplieron con los tipos penales de usurpación por el cual estaba siendo imputado Jeremías”.
Rodríguez señaló que durante el proceso no se acreditó que la Empresa Exportadora del Atlántico S.A. de C.V., supuesta víctima en el proceso fue usurpada. “[N]i siquiera presentó el título de propiedad que acreditara que ella era la dueña” del territorio en disputa.
La profesional del derecho argumentó que durante el proceso judicial se presentó la caratula y dos páginas del supuesto título de propiedad, pero sin mostrar el documento completo, incluidas sus respectivas colindancias, así como el nombre del propietario del predio.
Tras la condena en mayo del año pasado, el Bufete Estudios para la Dignidad publicó desde redes sociales que los medios de prueba evacuados en el proceso daban convicción de la inocencia de Jeremías Cruz. Señalando que el MP no acreditó la supuesta participación de Jeremías en el delito por el que fue acusado.
“El fallo es totalmente injusto y arbitrario por parte del juez. […] Condenamos la parcialidad del juez por la clara confabulación con las empresas agroindustriales”, publicó el BED el 5 de mayo de 2023.
En esa misma fecha, la organización Witness for Peace publicó que la causa contra Jeremías Cruz, también integrante de la Plataforma Agraria, inició en 2014, cuando él junto a cinco personas más fueron arrestadas durante un violento desalojo, ejecutado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la comunidad de Panamá.
La abogada Rodríguez afirmó que el desalojo fue arbitrario, puesto que la policía y los militares involucrados no contaban con una orden judicial para la ejecución de este en la zona.
La denuncia fue interpuesta como parte de un paquete de 13 acciones jurídicas interpuestas en diferentes instituciones estatales en el marco del 16 aniversario de la creación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), del cual forma parte el Bufete Estudios para la Dignidad (BED).
