Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –Con la voz entrecortada y con muchos segundos de silencio, la profesora Maricruz Portillo, madre del preso político Ronmel Valdemar Herrera Portillo, habla sobre lo complejo que ha significado su lucha por la liberación de su hijo mayor, acusado de haber incendiado la sede diplomática de los Estados Unidos en Honduras, el 31 de mayo de 2019.
“Fue un día viernes, toda mi familia había participado en la movilización por la defensa de la salud y la educación pública, ese día por la mañana hablé con Ronmel y quedamos en vernos por la tarde”, narró Portillo.
Según la docente, ese 31 de mayo de 2019, marcó su vida drásticamente al tener que sufrir en carne propia los dolores y sinsabores de un sistema de justicia, injusto que se ha empecinado en contra de su hijo, que hoy se encuentra confinado en un hospital siquiátrico ante un cuadro severo de depresión.
También lea: Envían a hospital siquiátrico a joven acusado de incendiar embajada de EE.UU.
El 31 de mayo de 2019 la sede diplomática estadounidense, ubicada en la avenida La Paz de Tegucigalpa, recibió un ataque, provocado por la quema de neumáticos en la puerta de la entrada principal. Los daños fueron mínimos en las estructuras de la puerta y el techo de la entrada principal.
Por el incidente, que provocó diversas reacciones, la policía capturó el mismo 31 de mayo al joven profesor de 23 años, a quien durante la audiencia inicial se le ratificó la medida de prisión preventiva, por los supuestos delitos de incendio agravado y daños a la propiedad.
A raíz de las presiones de un grupo de abogados, el Ministerio Público evaluó física y psíquicamente al acusado y certificó que enfrenta un cuadro severo de depresión.
ES UN PRESO POLÍTICO
“Ese viernes por la tarde, mi hijo fue capturado en avenida la Paz a escasos metros de la embajada gringa, acusado por el Ministerio Publicó, de manera exagerada y oportunamente diligente, por el delito de incendio agravado. Rommel fue torturado en la estación policial del Core 7 y luego trasladado a los Juzgados Penales de la Granja”, aseguró Portillo.
Según la madre de Ronmel, fue la presión popular la que permitió saber sobre la ubicación de su hijo y, por ende, la que desde su opinión permitió salvaguardar la integridad física de su vástago, ya que Medicina Forense procedió a evaluarlo.
“El mensaje ha sido desde el inicio muy claro, Ronmel es un preso político, ha sido el ejemplo más claro de aberración contra la protesta ciudadana”, aseguró mientras acusó al sistema de justicia hondureño de parcializarse “con el imperio” para torturar permanentemente a su hijo.
Lea además: Madre de Rommel Herrera pide a embajada de EE.UU que entregue los videos del incendio (+vídeo)
“El sistema judicial fue súper oportuno y en tiempo récord, capturó y envío a prisión a Ronmel, en un contexto de agudización de la protesta social en defensa de la salud y la educación, se tenía que poner un freno a la ebullición de la lucha social, el freno lamentablemente fue mi hijo”, comentó Portillo, una docente que heredó la venia de la docencia de su padre el reconocido profesor Valdemar Portillo. De su padre también heredó el nombre a su hijo.
La aprobación de varios decretos ejecutivos encaminados a la privatización de la salud y la educación hizo que a partir de marzo de 2019, miles de hondureños salieron a las calles a protestar contra la determinación del gobierno hondureño, uno de los primeros en América Latina en someterse a la profundización del modelo neoliberal impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las protestas fueron convocadas por la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, integrada por los trabajadores de la salud y la educación. Entre marzo y junio de 2019 se registraron al menos 80 protestas en toda Honduras las que, en su mayoría, fueron disuadidas por la fuerza policial y militar que dieron muerte a al menos ocho ciudadanos.
Las multitudinarias manifestaciones evitaron que el Congreso Nacional ratificara la Ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Salud y la Ley de reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Educación.
DE DEFENSOR A ENEMIGO PÚBLICO
La profesora Portillo asevera que Ronmel es un luchador social que lo único que hizo fue defender en el tiempo indicado, los dos grandes eslabones que dan patria a una nación: la educación y la salud, y que bajo el actual contexto de la pandemia por el Covid-19, el tiempo le da la razón.
Para Maricruz su hijo ha sacrificado su libertad ante un pueblo vilipendiado por un régimen que juega a su antojo con la justicia y que es un gran enemigo de los derechos humanos vitales como es la salud y la educación.
“Hace 365 días, en Honduras era inimaginable que portar una tapa bocas sería una obligación, por el contrario, el cubrirse el rostro era sinónimo de estigma y criminalización. Hace un año la defensa a la salud pública, era tan necearía, para que hoy no estuviéramos tan con fluctuados en medio de una epidemia”, dijo la mentora.
Estas son las ironías de la vida, enfatizó la madre de Ronmel. “Por defender ideales patrióticos en beneficio de la salud y educación, mi hijo no ha sido tratado con objetividad y así será mientras no tengamos democracia, se van a incrementar los presos políticos por culpa de un sistema cooptado por la injusticia social”, vaticinó.
“Ronmel, desde su inicio fue activo en las movilizaciones convocadas por la plataforma ciudadana en defensa de la salud y la educación pública, hoy está preso, confinado y aislado al igual que todos nosotros, Ronmel como gran ironía de la vida está preso por defender lo que tanto hoy llora un pueblo hambriento y enfermo”, manifestó la profesora.
CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD
Como si se tratase de una persona altamente peligrosa y violentado el debido proceso, el entonces subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNeil, ordenó el traslado inmediato de Ronmel Herrera Portillo a una de las cárceles de máxima seguridad.
McNiel, contravino una orden de una jueza y sin tener requisito por los perfiles de peligrosidad, sin contar con la edad mínima requerida para estar preso en una cárcel de máxima seguridad y quebrantando todos los tratados y normativas nacionales e internacionales, mi hijo fue expuesto a condiciones extremas, aseveró Portillo.
Ronmel, solamente durmió un día en la Penitenciaria Nacional, ubicada en la comunidad de Támara Francisco Morazán y por órdenes de McNiel fue enviado a la cárcel de máxima seguridad, “La Tolva”, ubicada en el oriente del país.
“En la Tolva mi hijo fue víctima durante cuatro meses de un hostigamiento sistemático, el que ha sido documentado y sistematizado por organizaciones defensoras de los derechos humanos y por esa razón fue a parar al hospital psiquiátrico Mario Mendoza ordenado vía medida cautelar otorgado por el Tribunal de Sentencia”, remembró Portillo.
Lea además: Defensores de EE.UU y Canadá sospechan que ataque a embajada fue “preparado”
TRES MESES SIN VERLO
La madre del joven profesor, aseguró que desde que inició el confinamiento por la pandemia, el 15 de marzo, no ha podido ver a su hijo, ya que el hospital ha implementado sus propias medias de bioseguridad y entre ellas se prohibió las visitas.
Ante las condiciones de hacinamiento y eminente peligro de contagio, en abril pasado varias organizaciones interpusieron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus correctivo, el objetivo era lograr medidas alternativas a la prisión preventiva para 11 presos políticos, incluido Ronmel Herrera, pero el recurso fue rechazado por el Tribunal de Sentencia.
La madre de Ronmel, denunció que, en el marco del aislamiento social, se está orquestando un nuevo escenario para seguir reprimiendo a su hijo y que desde ya conoce que con ese propósito los militares encargados de brindarle protección y seguridad han remitido un informe “donde señalan que mi hijo está planeando su fuga”.
Bajo este nuevo contexto, hace unos días ocurrió un nuevo incidente: “una noche un doctor le puso una inyección que provocó un shock anafiláctico severo, esto porque los militares le aseguraron al médico de turno que Ronmel se quería fugar y bajo el argumento de fuga se utilizó este mecanismo en su contra”, declaró.
La emergencia sanitaria por el Covid-19, provocó la suspensión del juicio oral y público, programado para el 16 y 17 de abril. A partir del 15 de marzo el sistema de justicia ordenó la suspensión de labores en apego al Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, mediante el cual se decretó un estado de excepción.
Sin fecha tentativa para conocer el veredicto de culpabilidad o inocencia, Ronmel permanecerá privado de libertad, esperando justicia en un hospital psiquiátrico en consecuencia de su lucha en defensa de la salud y la educación pública en Honduras.
