Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- En 2019, el gobierno de los Estados Unidos firmó los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo (ACAs) de manera bilateral con los países del norte de Centroamérica. Estos acuerdos, conocidos también como acuerdos de tercer país seguro, establecen la base para el traslado de personas que solicitan protección en los Estados Unidos a uno de los tres países de la región en que exista un ACA: Guatemala, El Salvador u Honduras, bajo la premisa de que las personas pueden acceder a la protección internacional en alguno de esos países. En la práctica; sin embargo, estos acuerdos han implicado un paso más en el desmantelamiento de la protección internacional de las personas refugiadas y han expuesto a las personas centroamericanas a violaciones de derechos humanos y graves riesgos para su vida e integridad.
Durante los meses en que el Acuerdo fue implementado en Guatemala, único país donde los acuerdos se han ejecutado hasta la fecha, Estados Unidos transfirió a más de 900 solicitantes de asilo. Ante la imposibilidad del Estado guatemalteco de proveer protección y garantizar sus derechos, así como ante los riesgos que las personas migrantes enfrentan en ese país, la gran mayoría de estas personas, más del 95%, se vio obligada a regresar a su país de origen, el mismo de donde habían huido para salvar su vida.
Frente a la amenaza que los acuerdos representan para los derechos humanos y la vida de las personas refugiadas y con necesidad de protección internacional, organismos de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil de la región hemos denunciado reiteradamente que en ninguno de los países de Centroamérica existen las condiciones para constituirse como tercer país seguro. Al contrario, estos países son incapaces de ofrecer garantías para proteger la vida, libertad e integridad de las personas solicitantes de asilo.
Si bien la figura de “tercer país seguro” puede utilizarse de conformidad con el derecho internacional, ello implica al menos disponibilidad de protección internacional y garantía de derechos en el tercer país, la existencia de un procedimiento justo y eficiente para acceder a la protección y una evaluación individualizada. Guatemala, Honduras y El Salvador no cumplen con ninguna de estas condiciones mínimas y por lo tanto estos acuerdos son incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados involucrados; y deben ser anulados de inmediato.
El presidente Joseph Biden, quien asumió su cargo el pasado miércoles 20 de enero, ha prometido “restaurar la humanidad y los valores americanos” a su sistema de migración, así como “garantizar que Estados Unidos siga siendo un refugio para quienes huyen de la persecución”.
Así, ante la nueva administración hacemos una vez más un llamado urgente a poner fin a los acuerdos de tercer país seguro asumidos con los países del norte de Centroamérica, para así honrar los compromisos asumidos por el presidente Biden y cumplir con las obligaciones internacionales que demandan de Estados Unidos garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana y, en particular, su derecho a solicitar y recibir protección.
Adicionalmente, ante las crisis sanitarias y socioeconómicas que enfrenta la región a raíz de la pandemia por COVID-19 y los impactos del cambio climático, requerimos que las autoridades estadounidenses y los Estados centroamericanos tomen todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sin discriminación alguna.
Tras cuatro años de políticas y acuerdos que han buscado cerrar el espacio de protección internacional en Estados Unidos y la región, poner fin a los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo es imperativo para avanzar en la reconstrucción de un sistema de migración estadounidense que trabaje por ser un verdadero refugio para quienes huyen para salvar su vida.
