Por: Joaquín Mejía Rivera
El 3 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras por el asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, a quien le quitaron violentamente la vida el 6 de febrero de 1995 por su valerosa defensa de los bienes naturales, particularmente del ahora llamado “Parque Nacional Jeannette Kawas”.
En dicha sentencia, el tribunal interamericano ordenó dos cuestiones importantes. Por un lado, concluir o iniciar los procedimientos penales para investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Jeannette Kawas.
Por otro lado, levantar un monumento en su memoria, realizar la rotulación del parque nacional e implementar una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan las personas defensoras del medio ambiente.
Después de 21 años, la impunidad sigue rodeando el asesinato de Jeannette y se agrava con el terrible incendio provocado que destruyó 420 hectáreas del parque, lo que en otras palabras significa la afectación de un área equivalente a 700 campos de fútbol.
Sin duda alguna, para Jeannette este hecho constituye su segunda muerte pues el Estado hondureño nuevamente demostró su incapacidad y su falta de voluntad política para honrar su memoria que debería traducirse en la protección efectiva del parque nacional.
Sin embargo, las autoridades hondureñas por acción y omisión han condenado al parque Jeannette Kawas a ser cercado por la construcción de proyectos turísticos, la tala y la siembra de palma africana.
Por ello, resulta hipócrita y descarado que el presidente Hernández se rasgue las vestiduras condenando a quienes provocaron el incendio pero olvida que su política entreguista de los bienes naturales no solo genera las condiciones para el asesinato de la madre tierra, sino también de quienes la defienden, como Jeannette, Berta, Escaleras, Luna y tantos héroes y heroínas anónimas que mueren sembrando vida.
