Islas del Cisne: Documentos oficiales avalan protección, pero gobierno insiste con cárcel

A pesar de la afirmación de Lucky Medina que las Islas del Cisne no son legalmente un área protegida, documentos estatales y reconocimientos históricos contradicen esta postura

La construcción de una cárcel de máxima seguridad en el archipiélago ha desatado una controversia que pone en riesgo su frágil ecosistema y plantea serias dudas sobre la transparencia y coherencia de las políticas ambientales del país

Tegucigalpa, Honduras. – El proyecto de construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, sigue siendo la presea de la estrategia de seguridad impulsada a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

La construcción del centro de máxima seguridad –a la que se la ha sumado otra que se ha anunciado se construirá entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios— es justificada con una “crisis” en el sistema penitenciario de Honduras producto de los amotinamientos ocurridos en marzo de 2023 y la masacre, de junio de ese mismo año, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde 46 mujeres fueron asesinadas.

LA FRASE

“Islas del Cisne, aunque tiene cierto valor ambiental, que nosotros reconocemos y que fue propuesto como área protegida, nunca se publicó en el Diario Oficial La Gaceta. Legalmente no es área protegida”: Lucky Medina, ministro de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), 5 de julio 2024

El ministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, anunció la aprobación de la licencia ambiental para construir el recinto carcelario en este parque marino catalogado históricamente como un área protegida y que varios sectores de la sociedad se oponen por la destrucción ambiental y violaciones a derechos humanos que traerá consigo.

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¿ES O NO ÁREA PROTEGIDA LAS ISLAS DEL CISNE?

Las Islas del Cisne es un grupo de islas ubicadas en el mar Caribe, a unos 250 kilómetros al noroeste de tierra firme de Honduras, su historia se remonta a 1638 cuando el bucanero inglés Charles Swan, se asentó brevemente en la pequeña isla del Caribe que luego sería bautizada con su nombre con la intención de saquear las costas de México y Centroamérica.

A principios del siglo XX, las islas fueron objeto de disputas entre Honduras y Estados Unidos. En 1912, las fuerzas estadounidenses ocuparon las islas por su interés geopolítico para las comunicaciones telegráficas submarinas, destacando la campaña de radio que lanzó contra el régimen de Fidel Castro en la década de 1960. Finalmente, en 1972, Honduras recuperó la soberanía sobre las Islas del Cisne tras un acuerdo con Estados Unidos. En 1980, el ejército norteamericano abandonó el sitio, y las islas pasaron a ser el apostadero más lejano de la Fuerza Naval de Honduras.

En1991 el archipiélago fue declarado área protegida mediante el Acuerdo No. 3056-91, el que dice Lucky Medina no se publicó en el diario oficial La Gaceta.

Criterio.hn, hizo una búsqueda exhaustiva en el portal web de la Empresa Nacional de Artes Gráficas para verificar la publicación de dicho decreto, pero  no fue posible encontrarlo. Sin embargo, la Coalición Ambiental de Honduras (CAH), que de manera reiterativa ha advertido al gobierno sobre el impacto ambiental, refiere que debido a que no hay una verdadera base de datos de La Gaceta, no se puede constatar dicha publicación. Pero, eso no significa que las Islas del Cisne no sea un área protegida.

 “Existió un mandato y podría ser que no se cumpliera con la publicación en La Gaceta, pero no nos consta”, enfatizó un integrante de la CAH, quien prefirió el anonimato ante el temor a represalias por parte del gobierno.

Asimismo, la CAH, compartió con Criterio.hn el Decreto Legislativo 128-94 del 17 de octubre de 1994, donde se ratifica a las Islas del Cisne como Parque Nacional Marino, con el nombre “Abogado Agustín Córdova Rodríguez”, como un reconocimiento al profesional referido.  Dicho decreto prohíbe las actividades de caza y pesca, regula el uso de la tierra y garantiza legalmente la protección de los hábitats y especies marinas y terrestres en la reserva.

Además, las Islas del Cisne ha sido reconocida como área protegida por diversas instituciones del Estado durante diferentes gobiernos, incluido el actual de Xiomara Castro.

Para el caso, un informe del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) del ocho de julio de 2023 expresa que  “el Parque Nacional Marino Islas del Cisne tiene un área total de 48,546 hectáreas y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), cuenta con respaldo legal a Acuerdo No. 3056-91 y cambió de nombre por medio del Decreto Legislativo No. 128-94; siendo un área que se encuentra totalmente inhabitada (sólo con presencia de la Fuerza Naval)”.

Lo anterior implica que la administración Castro ha reconocido a las Islas del Cisne como área protegida. Pero, además de ese reconocimiento, la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto 98-2007, en su artículo 11, define que las Áreas Protegidas: son aquellas áreas, cualquiera fuere su categoría de manejo, definidas como tales por esta Ley, para la conservación y protección de los recursos naturales y culturales, tomando en cuenta parámetros geográficos, antropológicos, bióticos, sociales y económicos de las mismas, que justifiquen el interés general”.

Sobre lo anterior, la bióloga Ana Velásquez, amplió a Criterio.hn que la definición de Áreas Marinas Protegidas (AMP), no se encuentran contenidas en las normas nacionales, sin embargo, la Ley Forestal, establece la protección del mar en los artículos 4, 115, 117 y 123 y como Islas del Cisne ha sido catalogada como un parque marino se debe entender que es un área protegida.

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Otro punto controversial, es que el Acuerdo 3056-91 determina que las Islas del Cisne están ubicadas en el departamento de Gracias a Dios, mientras que el Anuario Estadístico Forestal de Honduras de 2022 de ICF determina que están localizadas en Islas de la Bahía, siendo este el reconocimiento que hace el ministro de la Serna a manera de evadir una posible exigencia de la Consulta Previa, Libre e Informada por parte de los pueblos originarios que habitan la zona de La Moskitia.

DESACIERTO DE LUCKY MEDINA

A criterio de la Coalición Ambiental de Honduras, la aseveración de Lucky Medina es “un desacierto”, debido a que él es el ministro de la Serna y su mandato es proteger el ambiente y todas las áreas protegidas del país.

“Consideramos que son unas declaraciones desafortunadas porque al ser el ministro por ley de la Secretaría de Ambiente tiene la responsabilidad de velar proteger, cuidar, conservar y preservar los recursos naturales marinos costeros, así como lo establece la Ley General del Ambiente”, dijo a Criterio.hn el representante de la Coalición Ambiental de Honduras.

Analistas consideran que la oposición al proyecto de la mega cárcel, debería ser una tarea del ministro de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales, en virtud de que por mandato de la presidenta Xiomara Castro, los militares han sido delegados para proteger las reservas forestales y, en su defecto, Lucky Medina, debería oponerse a la destrucción de la reserva marina por ser el responsable de proteger el ambiente.

Para Lucía Vijil, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), sobre el proyecto que promete acabar con el hacinamiento en los centros penitenciarios y aislar a los privados de libertad, considerados de alta peligrosidad, hay “un mar de contradicciones”, sobre qué se va a construir.

Además, enfatizó que el discurso de cualquier gobierno que se hace llamar ambientalista y protector de los bienes comunes y la naturaleza, es evitar actividades que de una u otra manera afecten los ecosistemas.

Sobre la afirmación de Lucky Medina, quien arguyó que es falso que las Islas del Cisne son un lugar “prístino”, para justificar su degradación, Lucía Vijil, afirmó que, pese a que ha habido actividad humana, esta “no se compara” con la presión que va a recibir la isla con las acciones de construcción y luego con la presencia de los privados de libertad, militares y demás personal que producirán toneladas de aguas grises.

“Hay una cantidad de impactos ambientales que han sido señalados por diferentes especialistas y por gente que realmente tiene ética sobre las decisiones ambientales”, expuso la analista socioambiental.

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CONSTRUCCIÓN NO ES VIABLE, SEGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Islas del Cisne alberga especies endémicas de flora y fauna, especies migratorias tanto marinas como terrestres, y especies en peligro de extinción en el Mar Caribe, que están siendo amenazadas por la decisión de la presidenta Xiomara Castro al construir un centro penitenciario de máxima seguridad. 

En marzo de 2024, Criterio.hn conoció que el gobierno contrató mediante una consultoría externa a un equipo interdisciplinario el que se desplazó a las Islas del Cisne para desarrollar una investigación científica y conocer el impacto ambiental en todos los niveles. Estudio crucial para decidir sobre la aprobación de la licencia ambiental.

El pasado cuatro de julio, el gobierno informó que la licencia ambiental fue aprobada y se aseguró que la cárcel conservaría el valioso ecosistema de la isla, porque en el lugar se instalará un Centro de Monitoreo Biológico que cubrirá ciencia, seguridad y soberanía.

Criterio.hn tuvo acceso al estudio de impacto ambiental sobre biología terrestre que, entre otras cosas, establece, a manera de conclusión, que la edificación del recinto penitenciario es inviable por los daños ambientales que esta causaría a las especies endémicas. Asimismo, señala que en “tierra firme continental existe diversidad de espacios con el mismo potencial para cualquier emplazamiento de infraestructura que a la vez presente menor impacto ambiental, menor biodiversidad y a la vez menor costo logístico y financiero para el Estado de Honduras”.

Sin embargo, el ministro de la Serna, Lucky Medina, afirmó que la licencia fue aprobada con la participación de 40 profesionales certificados, siendo esta afirmación una contradicción a lo estipulado en el informe de impacto ambiental

Criterio.hn dialogó, con una fuente especializada en el tema ambiental y que conoce del estudio de impacto ambiental, quien recalcó que “el sitio (Islas del Cisne) es terriblemente frágil, cualquier cosa que se haga en el mediano y largo plazo va a tener un impacto negativo”.

A manera de defender el proyecto de la mega cárcel –cuyo costo para el Estado de Honduras rondaría unos 2,000 millones de lempiras (USD 80 millones)—Lucky Medina, señala que quién se opone es el crimen organizado.

A esa aseveración, nuestra fuente, quien opinó desde el anonimato por temor a represalias por parte del gobierno, respondió: “habemos muchos hondureños que valoramos la naturaleza y somos más pragmáticos en lo que se debe o no hacer, lo único que queremos es proteger un pedacito de paraíso hondureño que puede desaparecer”.  A su criterio, estas aseveraciones se manejan en extremo, y añadió que “la oposición a la construcción en Islas del Cisne es porque es un lugar único en la tierra; son extrañas en el contexto del resto de las islas del Caribe”.

Sin embargo, pese a las recomendaciones y la fragilidad de las islas, está consciente que este gobierno no va a claudicar con el proyecto en materia de seguridad, que representa una clara violación a los derechos humanos y un fuerte impacto ambiental.

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MEGA CÁRCEL ES CONSECUENCIA DEL CNDS

Con la decisión que tomó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad –heredado del gobierno de Juan Orlando Hernández y que la presidenta Xiomara Castro prometió derogarlo durante su periodo de campaña, al considerar que representaba una amenaza a la independencia de los poderes— se confirma que Honduras emula la política de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el agravante de que en Honduras se prevé la construcción de una cárcel de máxima seguridad en una zona de reserva natural.

Para Lucía Vijil, el proyecto de las mega cárceles anunciadas son consecuencia del Consejo de Defensa y Seguridad. A razón de ello advirtió, que al ser este ente quien ordenó dicha medida, se limita la participación ciudadana. “El proyecto avanza, el proyecto no se va a detener a escucharnos, ni siquiera a plantear otro lugar en tierra firme”, indicó la defensora ambiental.

 Además, señaló que, si la construcción de cárceles de máxima seguridad son la solución en materia de seguridad, que se construyan en tierra firme porque “no es necesario invertir tanto dinero para tener a tantos privados de libertad, porque el impacto ambiental va a ser peor”.

Criterio.hn concluye que la afirmación de Lucky Medina, en cuanto a que Islas del Cisne legalmente no son un área protegida, es ENGAÑOSA, ya que, pese a no contar con una base de datos sobre las publicaciones en el diario oficial La Gaceta, existen documentos oficiales a partir de 1991 que identifican al archipiélago como un parque marino, lo que se traduce implícitamente en un área protegida, según la legislación nacional.