Por: Redacción CRITERIO
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TEGUCIGALPA.- Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) adoptaron decisiones internas y promovieron en el Congreso Nacional legislación para eludir la auditoría externa de las operaciones administrativas del ente, que enfrenta un incierto panorama financiero.
La última de las decisiones fue renunciar sin la autorización de los afiliados del sistema, a las millonarias aportaciones del gobierno, huyendo de la aplicación de nueva legislación en materia de previsión social que obligaría a los entes que reciben fondos del erario público a someterse a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La administración del IPP excluyó a partir del 2014 de las fuentes de ingresos corrientes al Estado, aunque la Ley del Instituto de Previsión de Previsión del Periodista de diciembre de 1985, establece que entre los recursos de que dispone el Instituto está una contribución del Estado del 5 por ciento de lo recaudado por los servicios de publicidad y propaganda comercial escrita, radial y televisada.
En aplicación de esa ley el gobierno de 1987 hasta el 2013 aportó 53.2 millones de lempiras al IPP y presupuestó también fondos para el año 2014 para transferir al organismo de previsión de los periodistas, pero no fueron reclamados por los interesados, dijo una fuente gubernamental.
Esta decisión de los miembros de la junta directiva del IPP generará pérdidas al organismo y a sus afiliados anualmente de unos 2.3 millones de lempiras, que fue el promedio de los fondos transferidos por el gobierno en los últimos 14 años.
Los directivos del IPP actúan con su inaudita decisión exactamente en contra del interés de los afiliados del sistema, que aspiran a un organismo financieramente sólido que garantice el pago de su jubilación o pensión cuando les corresponda.
El incierto escenario de las finanzas del IPP y la evasión constante de los directivos ha sido planteada por el Comisionado de la CNBS, Roberto Salinas.
¨Lo que debe haber ahí (en el IPP) es total transparencia porque de lo contrario, lo que les va a pasar (a los periodistas afiliados) es lo mismo que les está pasando a todos los demás Colegios y Fondos de Pensiones, que ustedes tiene una expectativa muy por encima de la realidad”, advirtió recientemente Salinas.
“A saber que hay ahí (en el IPP), la única manera de saberlo es que soliciten a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que les hagan un estudio en el marco de un acuerdo interinstitucional y que ese estudio se los presenten a la asamblea de los periodistas” afiliados, agregó el funcionario en una comparecencia en el Foro del Canal 10 de televisión.
Descubrimiento en finanzas
A no ser que la gerencia del IPP haya descubierto una nueva teoría que ciertamente compruebe que negándose a recibir aportaciones se fortalecen las finanzas de los entes o empresas, esta decisión conspira en contra el sistema y los afiliados, opinan economistas.
La evasión por parte de los directivos del IPP de la auditoría estatal de las finanzas del ente no es nueva.
En mayo del año 2000, lograron que se aprobara en el Congreso Nacional, a través del decreto 59-2000, una interpretación en la que se eximió al organismo de la aplicación de “las leyes de la República en cuanto al control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”.
“Fueron al Congreso Nacional a pedir que el Instituto de Previsión del Periodista no fuera supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente supervisor de este tipo de fondos”, dijo Salinas, recordando la petición de los directivos del IPP en el año 2000 ante los congresistas.
La cúpula del IPP, que le parecían hostiles otros ojos que no fueran los de ellos observando la operación y participando en la toma de decisiones de la junta directiva, en mayo del 2004 pidió una nueva reforma al decreto 190-85 que creó el instituto de previsión de los periodistas.
En esta oportunidad a través del decreto 75-2004 lograron quedarse sólo los periodistas, copando siete asientos de la junta directiva, más un representante de las empresas de medios de comunicación, lo que les garantiza desde entonces manos libres para tomar decisiones administrativas y financieras.
Lograron excluir de la junta directiva al ministro de Trabajo y Previsión Social y al ministro de Finanzas, evitando que personas extrañas a su logia pudieran criticar sus decisiones, aunque ya tenían mayoría en la junta directiva del IPP, encabezada por el presidente, el fiscal y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras.
La cúpula del IPP, que es la misma del CPH, creó así una coraza oscura alrededor de la operación y administración del organismo que operó de 1987 a 2013 más de 261.1 millones de lempiras.
Los directivos decidieron, además más recientemente, fragmentar las aportaciones al sistema firmando un contrato con una administradora privada de fondos de pensiones en la que colocarían solamente las contribuciones individuales de los afiliados, para su fondo de jubilación.
La gerencia y los directivos fragmentan de esta manera las contribuciones individuales, de las aportaciones empresariales, las utilidades por inversiones y las contribuciones del gobierno de las que renunció para lograr mantener la opacidad en la administración del IPP.
Las aportaciones del gobierno alcanzaron hasta el 2013, 53.2 millones de lempiras, las utilidades por inversiones 124.3 millones de lempiras, las aportaciones de las empresas 56.6 millones y las contribuciones individuales de los afiliados apenas 26.8 millones de lempiras.
