La MACCIH reveló que investigará al presidente y al exsecretario y subsecretario del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, Mario Pérez y Tomás Zambrano, respectivamente, así como a los miembros de la Comisión de Presupuesto; al ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato y al gerente de la ENAG, César Cáceres Cano.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Luego de descubrir anomalías en la publicación del denominado “Pacto de Impunidad”, el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, anunció hoy que esa instancia investigará a los involucrados en este acto delictivo, que ha atentado contra la independencia de poderes.
Jiménez Mayor detalló que las autoridades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo, a través de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) mandaron a imprimir un texto diferente al aprobado por el pleno de diputados, el cual se publicó en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero.
“El texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional, no es el texto publicado en el diario oficial La Gaceta, es decir se ha falseado, se ha defraudado la voluntad del soberano Congreso Nacional de Honduras”: Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH.
El Congreso Nacional, que culminó su periodo el 21 de enero, “introdujo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados el pasado 18 de enero. Esto no es un error, esto no es una errata, esto es un delito”, sostuvo el funcionario internacional.
La publicación en la Gaceta, que consiste en una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, le quitó las facultades de investigación penal al Ministerio Público para que indague la ejecutoria de fondos públicos por parte de diputados y funcionarios del Estado.
Para Jiménez Mayor la acción no es un error sino que un acto delictivo que involucra directamente al presidente y exsecretario del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y Mario Pérez, respectivamente, así como a los miembros de la Comisión de Presupuesto; al ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato y al gerente de la ENAG, César Cáceres Cano.
Apuntó que las personas que han estado atacando a la MACCIH deberán salir ahora a responder por este caso.
Aclaró que en la alteración penal no está involucrado todo el Congreso Nacional anterior, sino que quienes tienen que responder son sus autoridades porque a ellas corresponde la función de preservar la voluntad del pleno del Congreso para que las leyes sean promulgadas en La Gaceta.
Enumeró que en este caso, el cual consideró como un hecho delictivo, se ha cometido los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad e incluso que el equipo de la MACCIH está analizando la comisión del delito contra la forma de gobierno, porque se ha atentado contra la independencia del Poder Judicial
Refirió que el artículo 128 del Código Penal establece que, “delinquen contra la forma de gobierno y serán sancionados con reclusión de seis a doce años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales algunos de los fines siguientes: Alterar la constitución de cualquiera de los poderes del Estados, Ejecutivo, Judicial y Legislativo o atacar su independencia, despojar en todo o en parte al Congreso, al Poder Ejecutivo o la Corte Suprema de Justicia de las prerrogativas o facultades que le atribuyen la Constitución”.
Señaló que precisamente el hecho consumado por las autoridades del Congreso fue una grave afectación de las atribuciones del Poder Judicial.
El vocero de la MACCIH dijo que este hecho delictivo tiene que ser investigado penalmente. “Hemos dado curso en el equipo de investigaciones de la Misión para incorporar el caso número diez”, precisó.
Amplió que el equipo será integrado conjuntamente con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y que el caso se llamará “el caso del pacto de impunidad” para determinar responsabilidades de quienes insertaron esta modificación al texto de la Ley de Presupuesto.
Jiménez Mayor detalló que la UFECIC presentará en las próximas horas el acto delictivo de las autoridades del Congreso Nacional, como sustento jurídico ante la jueza Alma Guzmán, para revertir el archivamiento del caso de la red de diputados y que éste continué su curso.
Apuntó que este caso, que calificó como “gravísimo”, no es la primera vez que ocurre en el Congreso Nacional, ya que sucedió lo mismo con la Ley de financiamiento de las campañas y de los partidos políticos.
“Pero esta vez la complejidad es que hay implicado un acto de impunidad, al buscar cortar juicios y afectar la independencia del Poder Judicial”.
El vocero de la MACCIH ha dicho en los últimos días que casos de corrupción como el de la línea de diputados y el de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, podrían pasar al olvido.
5 respuestas
Se ve mansa paloma caceres cano pero estuvo en la. Concesión del. Aeropuerto hace 20 años y 20 años después le tocó ser superintendente que casualidad
Ojalá sea cierto , los corruptos ya no respetan ninguna ley en este pais.
Esas joyitas mencionadas tendrán que hacer otro pacto con Satán para que les ayude con su pacto de impunidad.Tomas Zambrano,Mario Perez,Mauricio Oliva,Toño Rivera,Juan Diego Zelaya,Reinaldo Sanchez,Ricardo Alvares,y otros por ahí se creen ser la corona del sol,olvidando que todo lo que sube,tambien baja y cae.
Ya es hora de actuar y no seguir con el bla, bla. Si no pueden hacer nada en concreto es mejor que vayan antes que los vayan a contaminar.
Ojalá empiece a sacar las garras «doña MACCIH»…