Tegucigalpa, Honduras. El 30 de julio, tras la presentación de varias denuncias en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y luego que autoridades del Poder Legislativo presentaran la renuncia de Ana Paola Hall para ser sometida a investigaciones, el Ministerio Público dio inicio a un proceso investigativo por órdenes del fiscal general, Johel Zelaya.
En una rueda de prensa, Zelaya dio a conocer que existían indicios que se estaba orquestado un complot para boicotear las elecciones del 30 de noviembre, y en ese sentido, ordenó la intervención del órgano electoral y anunció la citación de los tres representantes del CNE quienes debían presentarse a rendir declaraciones en calidad de testigos.
Aunque si bien, el actuar de la fiscalía va en línea con sus facultades, un analista consultado por Criterio.hn, señaló que las investigaciones debieron realizarse desde los disturbios generados en las elecciones primarias del 9 de marzo y los eventos irregulares documentados posteriormente, y no hasta la presentación de una denuncia como quedó evidenciado.
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DE TESTIGOS A INVESTIGADOS
La mañana del 30 de julio, después de la rueda de prensa brindada por Johel Zelaya, trascendió en redes sociales y medios corporativos, la citación dirigida a los consejeros propietarios del CNE, Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, era para que se presentaran al ente investigativo para rendir declaraciones en calidad de testigos.
Dos horas después de la viralización del documento, las autoridades de la fiscalía emitieron una nueva citación en la que aclararon que los representantes del CNE debían presentarse en calidad de investigados, al ser denunciados por la presunta comisión de cuatro delitos.
ACCIONES IGNORADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
Además de los desacuerdos y la paralización en el CNE, el Ministerio Público ignoró durante cuatro meses eventos irregulares claves en los que debió interferir para contribuir a la garantía de las elecciones transparentes y al pie de la Ley.
La ausencia del Ministerio Público en el actual proceso electoral inició después de las irregularidades registradas el pasado 9 de marzo, pues a pesar que en su momento se comprometieron a investigar y esclarecer lo ocurrido, a casi cinco meses del hecho, la ciudadanía hondureña continúa sin conocer la identidad de los responsables.
Otros puntos ignorados por el ente investigador son las amenazas a muerte en contra de las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall, el seguimiento a las presuntas decisiones ilegales tomadas, y las ausencias a las sesiones del pleno tanto del consejero propietario Marlon Ochoa, y las negativas de los consejeros suplentes Carlos Cardona y Ana Patricia Rodríguez.
Sobre dichas acciones, el exfiscal del Ministerio Público y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, explicó a este medio digital que las acciones investigativas de la fiscalía debieron iniciar después de las elecciones primarias, cuando se generó la controversia por el traslado y el retraso en la entrega del material electoral.
Orellana señaló que durante los últimos meses hubo una acumulación de hechos irregulares, que debieron ser investigados de oficio por parte de las autoridades del Ministerio Público.
El exfiscal general cuestionó el actuar del ente investigador, pues afirmó que se inició una investigación hasta después de la presentación de una denuncia, un hecho que calificó como irregular, ya que se registraron diversos acontecimientos que obligan a la fiscalía a actuar constitucionalmente.
Pie de foto: “El Ministerio Público tenía desde el 9 de marzo hechos acumulados de irregularidades en el CNE que le obligaban constitucionalmente a intervenir para determinar la comisión de delitos, pero actuó hasta que presentaron una denuncia, eso se ve altamente sospechoso”, afirmó el exministro de Estado, Edmundo Orellana.
¿QUÉ PASARÍA SI EL MP ENJUICIA A UNO DE LOS CONSEJEROS?
Para dar respuesta a esta interrogante, Criterio.hn , consultó al abogado y analista político Luis León, quien señaló que, según lo establecido por la ley, los consejeros podrían seguir operando hasta el momento que haya una sentencia firme.
León explicó que de ser declarado o declarada culpable y se apliquen todos los recursos y un juez se determine que la sentencia continúa firme, quedaría inhabilitada para ejercer el cargo, un hecho que conlleva que el Congreso Nacional tendría que realizar la votación para nombrar a un sustituto, ya que la ley no permite que se sesione con dos consejeros.
El jurista remarcó que, de llevarse a cabo lo antes mencionado, se paralizaría nuevamente el Consejo Nacional Electoral, por lo que no es recomendable, de haber causas, realizarlas antes de la celebración de las elecciones generales.
VALORACIÓN DEL PROCESO
A criterio del exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dennis Gómez, la investigación contra los consejeros del CNE debe ir orientada al debido proceso para que se evite caer en las apreciaciones de generalidad que se registran en el país.
Gómez señaló que en este caso los tres consejeros han sido convocados por el Ministerio Público, por lo que no se podría interpretar la expresión de la persecución política, sin embargo, recalcó la necesidad de esclarecer los delitos electorales registrados el 9 de marzo, ya que de ellos hay muy poca respuesta.
El jurista remarcó la importancia de dar respuesta a ese punto antes que actuar en contra de los tres consejeros, ya que eso daría mayor certeza al proceso ante la incertidumbre que permea en la mente de la ciudadanía.
El exmagistrado afirmó que la judicialización del proceso es complicada no solo por las acusaciones existentes para quienes tienen que administrar el proceso, sino también porque hay decisiones que deben tomarse desde el Congreso Nacional y al judicializar los eventos se quebranta la costumbre legal.
Sobre las repercusiones en el proceso si se llegase a comprobar la culpabilidad de uno de los delitos que enfrentan los consejeros, apuntó a que lo primero es la inhabilitación que se debe establecer dentro de los términos de la Constitución de la República y posteriormente las sanciones, no obstante, reiteró la importancia del debido proceso y la legalidad.
“Todo ese procedimiento que se está siguiendo debe tener el debido juicio, debe constar en legalidad y esperemos que que cada una de esas denuncias se quede en eso, a menos que haya indicios de delitos electorales”, expresó el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dennis Gómez.
