Foto de portada: archivo 2018
Tegucigalpa.- El Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas, dijo el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en un nuevo informe que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas, informó la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ohchr.org) en un comunicado.
Agrega que los presuntos abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático, dice el informe.
“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo el especialista independiente en derechos humanos, Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”, dice el comunicado.
“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, agregó Simon. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
El informe también señaló que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
Además, el informe encontró que el Gobierno ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a los críticos. Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales; muchas personas fueron detenidas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación.
“Todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población”, dijo la experta Ángela María Buitrago.
“Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, dijo Buitrago. “Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”.
Desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
La situación sigue empeorando. En febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser “traidores a la patria”. El mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
El Grupo concluyó que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte.
“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”, señala el experto Jan Simon. “Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción”.
El informe instó al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
El informe también instó a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional.
