Intervención militar en zonas peligrosas no tendrá efecto por falta de capacidad investigativa

La Policía Militar no está integrada por agentes de investigación y tampoco acompañada de personal técnico que les apoye con pruebas científicas, entonces, “esas debilidades provocan que sea difícil que puedan sostener una acusación en contra de un capturado», valoró uno de los entrevistados

Tegucigalpa, Honduras. – Que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) esté a la vanguardia de operativos de seguridad en los barrios y colonias más peligrosos de Tegucigalpa, en la zona central, y San Pedro Sula, al norte de Honduras, podría no rendir frutos a futuro porque no cuentan con capacidad de investigar actos delictivos perpetrados por integrantes del crimen organizado, según analistas consultados por Criterio.hn.

El director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, considera que poner a la Policía Militar del Orden Público a dirigir operativos es poco efectivo y podrías ser un fracaso, ya que, al no tener efectivos preparados en investigación, las capturas no tienen sustento ante los tribunales de justicia

Intervención militar
Javier Acevedo, director del  Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), cuestiona que la intervención militar sea una medida que se da paso al estado de excepción, ya que faculta a los policías y militares a realizar arrestos y allanamientos sin previa orden judicial (Fotografía: Horacio Lorca /Criterio.hn).

«Esto posiblemente sea una muestra más del por qué las medidas con militares no funcionan. La Policía Militar no está integrada por agentes de investigación; no está acompañada de personal técnico que les apoye con pruebas científicas. Entonces, esas debilidades provocan que sea difícil que puedan sostener una acusación en contra de un capturado«, valoró Javier Acevedo, en conversaciones con este medio de comunicación digital.

En resumen, el defensor de los derechos humanos, sostiene que la fuerza militar carece, por ejemplo, de un departamento como la Dirección Policial de Investigación (DPI) de la Policía Nacional, que se encarga de apoyar o complementar los procesos de investigación antes o después de llevar a cabo una actividad policial, como un arresto o allanamiento de vivienda.

Aunque tener un departamento de investigación en la Policía Nacional no ha funcionado como lo afirman las autoridades, ya que varios efectivos han sido y están siendo sometidos a procesos judiciales por cometer diversos delitos mientras realizaban tareas de investigación. Como está evidenciado con el actual proceso que están atravesando ocho funcionarios policiales.

Acevedo consideró que «arrestar sólo por arrestar» es una práctica que históricamente ha perjudicado tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora, estas acciones probablemente registren un aumento, pero carecerán de efectividad. Es decir, los capturados serán liberados en menos de 24 horas debido a la falta de pruebas que demuestren su complicidad o autoría en un delito relacionada con el crimen organizado.

«Si esto (investigación previa) no está ocurriendo, lo que estamos haciendo es poner en una situación de indefensión a las personas que son señaladas como autores o como cómplices de un delito, y tener menos efectos sensibles en la reducción del delito o en la captura de los responsables del delito por parte de la fuerza militar”, mencionó Acevedo.

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INTERVENCIÓN MILITAR EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

La reacción de Javier Acevedo es producto de que ahora la Policía Militar de Orden Público tendrá presencia en varios barrios y colonias en Tegucigalpa, zona central, y San Pedro Sula, al norte de Honduras. Esto se debe a que, en los lugares seleccionados, donde habrá destacamentos, las maras y pandillas están amedrentando a la población, según las autoridades.

En resumen, el director de la Policía Militar, coronel Ramiro Muñoz, mencionó que, en colonias como San José de la Vega, Los Pinos, Buenos Aires, El Reparto, El Pedregal, Zapote Norte y Zapote Sur en Tegucigalpa y Satélite en San Pedro Sula, habrá destacamentos en los que estarán asignados entre 10 a 12 militares. Estos se movilizarán en motocicletas, que precisamente fueron entregadas ayer, en el interior de estos lugares para frenar la comisión del delito.

«Es importante resaltar que la presencia de la policía militar en las calles siempre ha estado, así que hoy, con esta entrega de 35 motocicletas, se fortalece la capacidad de la policía militar para poder estar en estas comunidades conflictivas. Ahora habrá nueve destacamentos en los lugares más peligrosos. A partir de hoy, esta gente estará haciendo presencia», mencionó Muñoz en medios de comunicación, la tarde del martes, cuando le hacían entrega de 35 motocicletas nuevas.

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LA INTERVENCIÓN DE LA MANO MILITAR NO ES NOVEDOSA

Aunque durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro esta no sería la primera vez que se encarga a los militares intervenir, ya que en mayo de 2023 se les ordenó y facultó para intervenir en siete departamentos hondureños, lo que también fue cuestionado por ir en contra de lo establecido en la Constitución de la República.

De hecho, de esa intervención se conoció poco o nada. Los jerarcas militares no rindieron cuentas de los hallazgos encontrados en su intervención en los siete departamentos, lo que generó dudas sobre el manejo que les dan a las funciones asignadas, como lo es también tener el control de todos los centros penales de país.

«Diría que estamos enfrentando un proceso ambiguo, nebuloso, confuso, porque al final del caso estamos enfrentando un proceso de remilitarización y no un proceso de desmilitarización, como se esperaba y se escuchó en promesas de campaña», opinó Mirna Flores, investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).

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