Tegucigalpa, Honduras. – El 5 de agosto de 2024, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), mediante la Policía Militar del Orden Público (PMOP), realizaron operativos en los barrios Buenos Aires y El Bosque de la capital, en respuesta al incremento de actividades criminales. Estas acciones, sin embargo, fueron ineficaces debido a dos problemas recurrentes: la falta de continuidad en las operaciones de saturación y la carencia de investigaciones previas que respalden dichas intervenciones.
Hoy, un panorama similar se presenta en otra zona densamente poblada al oriente de la capital: la colonia El Hato de Enmedio. El pasado 26 de diciembre, un enfrentamiento armado ocurrió entre agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y supuestos integrantes de estructuras criminales mientras estos últimos intentaban realizar cobros relacionados con extorsiones.
El incidente ocurrió en el sector conocido como “La Placita” y, según reportes de medios de comunicación, dejó como saldo un presunto integrante de una estructura criminal muerto y un agente de la Dipampco herido, cuyo estado de salud permanece en reserva. En respuesta, las autoridades policiales anunciaron la intervención total de la zona, con allanamientos de viviendas y registros a transeúntes, replicando los operativos realizados meses atrás en los barrios Buenos Aires y El Bosque.
Tal como se señaló, la historia parece repetirse en otro sector. Según medios de comunicación, en la llamada «La Placita», durante las primeras horas de la mañana de este viernes 27 de diciembre, no se registraba presencia policial.
Una situación similar fue documentada por Criterio.hn el pasado 26 de agosto, cuando recorrió los barrios Buenos Aires y El Bosque para verificar la supuesta intervención de las fuerzas de seguridad. Al igual que ahora, no se encontró ningún agente en las áreas que, según denuncias, están bajo el control de influyentes estructuras criminales.
Horas después de que los medios de comunicación señalaran la ausencia de presencia policial, las autoridades se desplazaron al sector ubicado en El Hato de Enmedio. Según denuncias, el cobro de extorsión en esta zona había incrementado desde mediados de este año, afectando a diversas unidades de transporte, como taxis, autobuses y mototaxis, que se vieron obligadas a suspender sus operaciones. Estas extorsiones son atribuidas tanto a estructuras criminales históricamente influyentes como a otras que han surgido recientemente.
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Para el analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, estas operaciones carecen de efectividad debido a la ausencia de procesos claros de investigación. Según explicó, las autoridades ejecutan operativos de saturación en los que detienen a presuntos criminales, pero no logran capturar a los líderes de estas estructuras, ya que desconocen su ubicación dentro de las zonas intervenidas.
“Mientras no exista un plan integral, una estrategia que marque un rumbo claro sobre a quiénes dirigirse, la historia seguirá siendo la misma. Siempre anuncian capturas, pero se trata de personas que, en pocos días, quedan en libertad debido a la falta de evidencia en los expedientes presentados y a la ausencia de denuncias que respalden los señalamientos en su contra. Esa realidad no cambiará hasta que las autoridades cuenten, por ejemplo, con informantes en estas zonas de conflicto”, sostuvo Madrid.
Lo expuesto por Madrid parece coincidir con los hechos actuales. El portavoz de la Dipampco, Mario Fu, informó que tres de los sospechosos de haber disparado contra la fuerza policial en la colonia El Hato de Enmedio fueron capturados, incluido el que resultó herido. Sin embargo, hasta el momento no se ha notificado el arresto de los líderes o responsables intelectuales que orquestaron este cobro de extorsión, que culminó en el enfrentamiento.
“Esta es la realidad. Seguiremos viendo anuncios de operativos en diferentes partes del país, intervenciones que solo ocurren después de que se registra un hecho criminal, porque la Policía no tiene control ni permanencia en esos sectores. Mientras no haya informantes en barrios y colonias, y no se implementen estrategias de prevención que eviten que los jóvenes se conviertan en caldo de cultivo para estas agrupaciones criminales, la situación de criminalidad continuará, con o sin un estado de excepción en el país”, precisó Madrid, exdirector de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
El estado de excepción en Honduras, aunque anunciado como una medida para enfrentar la criminalidad, suspende varias garantías constitucionales, lo que limita derechos fundamentales de los ciudadanos.
Entre las garantías suspendidas se incluyen la libertad de movilización, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de asociación, lo que permite a las autoridades realizar intervenciones sin necesidad de orden judicial. Sin embargo, como señaló Madrid, esta medida por sí sola no garantiza una solución efectiva al problema de la criminalidad.
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La falta de control territorial, la ausencia de informantes en zonas de alto conflicto y la carencia de estrategias preventivas siguen siendo factores determinantes en el fracaso de las intervenciones, independientemente de las restricciones impuestas por el estado de excepción, como lo expuso Madrid.
