Tras una reunión del pleno de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, en la que uno de sus integrantes se retiró, se emitió una orden al Consejo Nacional Electoral (CNE), la suspensión de la impresión de papeletas en Olancho y Valle, mientras se resuelve el recurso de apelación presentado a favor de Cálix
El caso de Jorge Cálix refleja un patrón recurrente de crisis en los organismos electorales hondureños, donde lo político se impone sobre lo técnico y lo jurídico, señalan analistas
La controversia dentro del TJE se suma a la larga lista de conflictos que han minado la credibilidad de las instituciones encargadas de organizar y realizar los comicios electorales de 2025
Tegucigalpa, Honduras. – La pretensión del diputado Jorge Cálix de ser inscrito como candidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Olancho, sin cumplir con los requisitos que establece la Ley Electoral, podría abrir un nuevo capítulo de crisis y crispación política en el país, a menos de dos meses para las elecciones generales de noviembre.
La tensión comenzó en el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que el pasado sábado, 27 de septiembre, se publicara una papeleta electoral para el departamento de Olancho en la que figuraba el nombre de Cálix como candidato a diputado
Minutos después de que la papeleta se hiciera pública, el CNE ordenó retirarla y anunció la apertura de una investigación interna para determinar lo sucedido. Además, el organismo separó de sus funciones a dos empleados que habrían estado involucrados en la divulgación del documento cuestionado.
Jorge Cálix, quien de momento está inhabilitado para ser candidato a diputado por el departamento de Olancho, participó en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo, como aspirante a la Presidencia de la República en las filas del Partido Liberal. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Hasta el momento, el CNE no ha resuelto de manera definitiva la situación de Cálix. Sin embargo, las autoridades del Partido Liberal informaron que el pasado 6 de octubre interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para solicitar la inscripción del diputado como candidato por Olancho.
El magistrado presidente del TJE, Mario Flores, confirmó la recepción del recurso y aseguró que el pleno del tribunal analizará el caso a profundidad antes de emitir una resolución.
Vea: CNE aún no decide sustitución de Jorge Cálix en diputación de Olancho
SITUACIÓN DE CÁLIX, ENFRENTA A MAGISTRADOS DEL TJE
Los magistrados del TJE, se reunieron el jueves 9 de octubre, para conocer y emitir resolución en dos recursos interpuestos por los apoderados legales de Jorge Cálix Espinal, quien busca ser inscrito por las filas del liberalismo, y Christian Villalobos Fermán, por el Partido Nacional, ambos vinculados al proceso electoral en curso.
Entre las resoluciones adoptadas, el TJE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) abstenerse de imprimir las papeletas electorales correspondientes al nivel electivo de diputados en los departamentos de Olancho y Valle, hasta resolver los recursos de apelación pendientes.
Asimismo, el tribunal instruyó al CNE a no realizar sustituciones ni modificaciones en las fórmulas de candidatos a diputados del Partido Liberal en la casilla 22 (Olancho) ni en la casilla 16 (Valle) del Partido Nacional, hasta que exista una sentencia definitiva.
La controversia se agudizó cuando el TJE informó que las decisiones se adoptaron por mayoría de votos, señalando “la ausencia injustificada” del magistrado Mario Morazán, quien se retiró durante la discusión del caso.
En el comunicado, el tribunal calificó esta acción como una “evidente y deliberada obstrucción de la justicia electoral”, en contravención del artículo 29, numeral 11, de la Ley Orgánica y Procesal Electoral.
Poco después, el magistrado Mario Morazán denunció una presunta colusión entre funcionarios del TJE en el manejo de los recursos relacionados con la posible inscripción de los candidatos Jorge Cálix y Adalid Villalobos, lo que ha incrementado la tensión política.
Según Morazán, la resolución que ordena al CNE detener la impresión de papeletas “no tiene validez”, pues “no existió quórum legal” durante la sesión en la que se aprobó el documento.
No obstante, el TJE difundió en sus redes sociales el listado oficial de asistencia al pleno, donde figura la firma del magistrado Morazán, evidenciando que sí participó en la reunión que ahora cuestiona.
El analista en temas electorales y economista, Héctor Soto, explicó que este conflicto refleja un problema estructural: la partidización de los órganos electorales.
“Hay un equilibrio tripartito en el que el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación (Libre) están representados en todas las instituciones. Basta el alineamiento de dos de ellos para que una postura se vuelva mayoría”, dijo en entrevista con este medio digital.
Soto señaló que el TJE parece estar mediando sus decisiones con base en simpatías partidarias más que en criterios jurídicos.
A juicio del analista, este tipo de situaciones socavan la confianza ciudadana en los órganos electorales, recordando todo lo sucedido en la celebración de las elecciones primarias del 9 de marzo y la crisis a lo interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y ahora el TJE se suma a esa crisis de credibilidad.
De interés: Elecciones Honduras 2025: manipulación de papeletas expone vulnerabilidades del CNE
¿INSCRIPCIÓN DE CÁLIX PODRÍA GENERAR UNA NUEVA CRISIS POLÍTICA?
Consultado sobre si el caso podría generar una nueva confrontación política, Soto consideró que sí. “Estamos ante un nuevo foco de conflicto partidario. Lo que antes ocurría en el CNE ahora se replica en el TJE”, sostuvo el entrevistado.
Soto no cree que el caso de Cálix ponga en riesgo el proceso electoral, pero sí considera que erosiona la confianza en la institucionalidad. “No estamos ante una candidatura presidencial, pero deja sembrada la duda sobre la imparcialidad de los árbitros”, indicó.
Agregó que el TJE ha quedado “empantanado en su propio conflicto” y que probablemente sea necesario que otros actores intervengan. “Podrían hacerlo el Ministerio Público o incluso la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque eso toma tiempo y desgasta más el proceso”, señaló.
Por su parte el analista político, Luis León, la exposición pública de las disputas internas entre magistrados y funcionarios solo profundiza la percepción de caos.
Durante una entrevista brindada a un medio digital dijo hay posiciones políticas detrás, y eso contamina el proceso electoral. Sobre la candidatura de Cálix, el analista dijo que el derecho a elegir y ser electo debe respetarse, pero lamentó que en Honduras “las leyes se interpretan según los intereses políticos”.
Finalmente, León consideró que la resolución del caso será política y no jurídica. “La unidad responsable ya había decidido inscribirlo; lo que vemos es una disputa entre lo técnico y lo político. Y, como siempre, serán los acuerdos políticos los que terminen definiendo”, concluyó.
