Por: Filiberto Guevara Juárez.
En este momento histórico que atraviesa nuestra patria, Honduras, se está demostrando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) son instituciones que están al servicio de la partidocracia y no de la democracia. Estas dos instituciones del Estado de Honduras, con el aval de la comunidad internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), mediante el uso de la fuerza institucional y con la complicidad del poder mediático al servicio de intereses oscuros, están cometiendo injusticias y avasallando la soberanía del pueblo hondureño.
Se pretende imponer al pueblo hondureño un nuevo presidente mediante un escandaloso fraude electoral, tan solo porque el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en pleno silencio electoral y en menos de setenta y dos horas, envió tres mensajes al pueblo hondureño pidiéndole que votara por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, y exhortando expresamente a no votar por la candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, ni por el candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla. Anunció, además, la promesa de un indulto al expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández, condenado por el sistema de justicia estadounidense a cuarenta y cinco años de prisión por delitos de narcotráfico a gran escala. ¡Vaya paradoja!
No obstante, el pueblo hondureño decidió mayoritariamente votar por el popular candidato presidencial liberal Salvador Nasralla. Sin embargo, el CNE y el TJE, amparados en la fuerza de la institucionalidad, decidieron no tomar en cuenta todos los votos del pueblo hondureño y emitir una declaratoria parcial a favor del candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura, con el único propósito de imponer la fuerza institucional sobre la soberanía política del pueblo hondureño. Con ello se comete una flagrante injusticia electoral contra la mayoría del noble pueblo hondureño, que actualmente exige de manera mayoritaria que se cuente voto por voto, a fin de corregir el entuerto cometido por el CNE y hacer verdadera justicia electoral.
Así, la institucionalidad representada por el CNE y el TJE —que exigió cuatro mil setecientos millones de lempiras (L. 4,700,000,000) para, supuestamente, transparentar las elecciones primarias y generales mediante el uso de tecnología como la biometría facial y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)— únicamente sirvió para implementar un fraude electoral tecnológicamente sofisticado, puesto al servicio del CNE, con el fin de consumar un horroroso fraude electoral.
Ante tan descarado fraude electoral, impuesto por fuerzas oscuras internas y externas, quizá solo le quede al pueblo hondureño recurrir a la desobediencia civil, amparado en los artículos 2 y 3 de nuestra Constitución, con el respaldo del Poder Ejecutivo, de parte del Poder Legislativo a través de la Comisión Permanente y del presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, y quizá también del sector consciente de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Todo ello con el propósito de hacer realidad el deseo del pueblo hondureño de transparentar las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 mediante el recuento voto por voto, y de otorgar certeza al pueblo hondureño sobre cuáles candidatos resultaron ganadores en los tres niveles electivos: presidente, alcaldes y diputados al Congreso Nacional de la República.
Cabe señalar que, precisamente, en este último nivel electivo es donde históricamente más se oculta el fraude electoral. Quizá por ello algunos candidatos supuestamente electos se oponen al recuento voto por voto, ante el riesgo de que se descubra que no fueron realmente elegidos por el pueblo hondureño, sino impuestos por decisiones de grupos oscuros de poder político dentro de los partidos políticos mayoritarios.
Esto ocurre principalmente porque en Honduras existe partidocracia y no democracia, con la complicidad y la fuerza de la institucionalidad representada por el CNE y el TJE, promotores de la injusticia electoral y de la violación a la soberanía popular consagrada en nuestra Constitución en su artículo 2 de la Constitución de la República que establece expresamente lo siguiente: “La Soberanía corresponde al Pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación.
La soberanía del Pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a través del Plebiscito y el Referendo. La suplantación de la Soberanía Popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de Traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”.
se está demostrando que el CNE y el TJE son instituciones que están al servicio de la partidocracia
